Editorial

El Congreso entre presiones y prisa
17 de Junio de 2016


Muy discutibles las agendas que las mesas directivas del Congreso fijan para los últimos días de sesiones.

Media hora le bastó a la Comisión Primera del Senado, que preside Manuel Enrique Rosero, del Partido de la U, para dar trámite y aprobación al proyecto de Ley “por medio del cual se endurecen las sanciones para la inasistencia de congresistas y funcionarios” a las sesiones del Congreso. La iniciativa, que el antioqueño Alfredo Ramos Maya presentó en septiembre de 2015, inicia ahora su tránsito a la plenaria del Senado, instancia que tendrá la oportunidad de analizar la consistencia del draconiano y populista articulado, con normas vigentes como el reglamento del Legislativo y aquellas que competen a la función pública. La convocatoria a votación del proyecto y el pupitrazo con el que lo rescataron del archivo que pudo llegarle tras sesión sin quórum, son un triunfo de feroces periodistas y activistas en redes sociales, entre protagonistas públicos y ciudadanos sin aparente representación, que libraron una batalla tan agresiva por la iniciativa que hasta cruzaron los límites del decoro. Su victoria, al menos temporal, ha lesionado a la democracia dada la omisión del análisis y el debate concienzudo al proyecto, así como por el aplazamiento del debate de otras iniciativas pendientes de trámite en el Senado.


Lo sucedido con este proyecto de ley ofrece uno de los más dramáticos ejemplos de las presiones que recaen sobre un Congreso en el que la debilidad de los partidos políticos ha dejado campo abierto para las exigencias, matoneos verbales y presiones de los pocos ciudadanos que participan activamente en las redes sociales; de periodistas más atentos a las tendencias de esas redes que a la vida real del país, y del Gobierno, que ha cerrado su agenda para garantizar decisiones  favorables a las negociaciones de La Habana. Tales presiones se traslucen en las discutibles agendas que las mesas directivas del Congreso fijan para los últimos días de sesiones, y que ponen en peligro importantes proyectos de ley. 


La plenaria de la Cámara de Representantes ha puesto en primer lugar de su interés la votación ¡en bloque! del proyecto de Código de Policía, iniciativa que el ministro del Interior había señalado como prioridad del Gobierno en la presente legislatura. Habiendo conseguido que el Senado aprobara el Acto Legislativo para la Paz, en lo que fue estrecha votación, el Gobierno Nacional impulsa el trámite de esta norma, que consta de 300 artículos a través de los cuales moderniza el instrumento que regula las contravenciones y los delitos menores. La iniciativa ha generado inquietud entre analistas que temen a las facultades de ejercer justicia que se conceden a agentes de policía que conozcan de estos delitos. 


Desde el miércoles 1 de junio los representantes Fabio Amín Saleme, liberal; Óscar Ospina Quintero, de la Alianza Verde, y Esperanza Pinzón de Jiménez, radicaron ante la Presidencia de la Cámara el pliego de modificaciones al proyecto 250 de 2015, Cámara, autoría de la bancada Liberal en el Senado y liderado por la congresista Sofía Gaviria Correa. Aunque hace algunos cambios en la iniciativa que tuvo aprobación en los tres primeros debates de Senado y Cámara, la ponencia es favorable a la creación del Sistema nacional de seguridad alimentaria y nutricional, Sinsan, y la institucionalidad que realiza sus objetivos en defensa de la infancia, principal sujeto, pero de ninguna manera el único, de las acciones previstas. Como lo ha hecho en agendas sucesivas, ayer al cierre de esta edición la directiva conformada por Alfredo de Luque, guajiro del Partido de la U; Pedrito Pereira, bolivarense conservador, y Pierre Eugenio García, tolimense del Centro Democrático, seguían poniendo el debate y votación de este proyecto en los últimos puntos de la agenda del Congreso. Su actuación complementa la que en igual sentido tuvo la mesa directiva del Senado, que toleró, hasta la próxima legislatura, el aplazamiento del debate de control político al Programa de Alimentación Escolar del Ministerio de Educación. La indiferencia del Congreso, ¿y del Gobierno Nacional?, con la tragedia de la desnutrición infantil, epidemia que con voluntad política puede erradicarse, no se compadece con las demandas de tribunales, como el Superior de Riohacha; instituciones, como la Procuraduría General, y organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que el organismo asuma su responsabilidad ante el país.