Economía

Some insist on deadline extension for slaughterhouses
Insisten en prórroga para plantas de beneficio animal
Autor: Monica Andrea Saavedra Crespo
17 de Junio de 2016


Si se cierran las pequeñas plantas se verían afectados los municipios, ya que muchos de ellos tendrían que trasladarse a las regionales que quedan a 50 km de distancia y eso genera un sobrecosto para la distribución de carne.



32 plantas en Antioquia estarían a puertas del cierre y en total se  necesitaría una inversión de $21.000 millones.

Cortesía Gobernación de Antioquia

En la Asamblea Departamental se reunieron ayer los representantes de las plantas de beneficio animal, los alcaldes de los municipios, el secretario de Agricultura de la Gobernación de Antioquia y los diputados de la región, quienes le insistieron al Invima posponer la implementación del Decreto 1.500 de 2007, que causaría el cierre de 32 frigoríficos del departamento.


Según el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de la Gobernación de Antioquia, Jaime Alberto Garzón Araque, “nos veríamos abocados en la región a una situación muy grave, porque se puede disparar el sacrificio clandestino y eso genera varias situaciones”.


En primer lugar, de acuerdo con Garzón Araque, ocasionaría un problema de salud pública porque no se estarían atendiendo los protocolos de salubridad y se estarían sacrificando en los potreros o lugares que no son aptos.


En ese sentido, el exdirector de Desarrollo Rural de la Secretaría de Agricultura, Juan Guillermo Vélez, expresó que -”como médico veterinario y amigo de la salud pública”- si cierran estas plantas se ocasionaría un problema de orden público y por lo tanto es necesario que este Decreto 1.500 se discuta también con el Ministerio de Protección Social y que los alcaldes revisen la Ley 1551 numeral 16.


Segundo se podría presentar un problema de abigeato, porque como no se controla en ningún lugar, ni en mataderos o frigoríficos entonces podría presentarse robo de animales y finalmente ser sacrificados y expendidos al público.


Además, se bajaría ostensiblemente las rentas del Departamento, de la Ordenanza de Degüello, que finalmente son los recursos que van a mejorar toda la cadena cárnica de Antioquia. 


Por su parte, el diputado Rigoberto Arroyave Acevedo manifestó que dos decretos, el 1.500 y el 2270 con sus exigencias cada uno, proponen que realmente no se cierren las plantas de sacrificio animal sino que se vuelva a hacer un estudio y análisis de cómo cada una empieza a hacer sus planes de mejoramiento y brindarles una oportunidad.


Asimismo, propuso el asambleísta, que las plantas que ya cumplen con el Decreto 1.500, lo mantengan para que puedan exportar. Pero las que aún no lo hacen y tienen dificultades, en su mayoría pequeñas, que se puedan acoger  al viejo Decreto 2270 y cumplir gradualmente.


Sin embargo, le están pidiendo al Gobierno Nacional que se unan a la propuesta departamental, ya que tienen los recursos correspondientes para invertir que son $8.000 millones, con el fin de que pueda contribuir la Nación con otra parte de recursos y poder empezar los programas de mejoramiento de las plantas de sacrificio, evitando que se cierren y recurran a la “ilegalidad, rebaja de impuestos, la poca salubridad y le monten un negocio a la Policía Nacional porque empiezan a cobrar en las carreteras para transportar y fuera de eso no se vuelve a sacrificar en los mataderos sino en los solares de las casas. Antioquia tiene una topografía diferente al resto de departamentos”, indicó Arroyave Acevedo. 


Finalmente, Garzón Araque comentó que se reunió con el director del Departamento Nacional de Planeación, Simón Gaviria Muñoz, para buscar una solución rápida y desde el Ministerio de Agricultura le informaron que efectivamente la propuesta de Antioquia generó gran interés en el Gobierno Nacional y que el 21 de junio habrá una mesa de los ministros de Agricultura, Protección Social, Medio Ambiente, Comercio, Industria y Turismo y Hacienda para discutirlo. 



Sin sistema de frío

John Jairo Mejía Aramburo, alcalde de Andes, expresó que “la tarea que queremos adelantar desde la región consiste en que el Decreto 1.500 debe ser visto desde dos ópticas, como la industrial que atiende una población con capacidad de compra y consumo; pero a su vez se debe tener una misión que tiene que ver con que esta población merece la atención directa del Estado”.


Debido a que las pequeñas plantas de los municipios están diseñadas para atender el consumo de carne de la población rural y campesina, en su mayoría los municipios manifestó en la Asamblea que tiene plantas que cumplen con las condiciones higiénicas sanitarias, sin embargo, no tienen la oportunidad de hacer el proceso de refrigeración.


Ya que, según Mejía Aramburo, “la refrigeración por 30 horas en una planta implica una gran inversión que nosotros como entidad territorial no podemos asumir, porque no tenemos rentas que nos permitan acumular recursos suficientes para un proyecto de inversión de este tipo, que oscila los $3.000 millones”.