Editorial

Ox韌eno nacional para Savia Salud
13 de Junio de 2016


A pesar del condicionamiento, la oferta ratifica la confianza que el Gobierno ha tenido en que la EPS mixta se consolide como instituci髇 sostenible y eficiente.

A través de comunicado emitido el pasado jueves, el Ministerio de Salud oficializó su decisión de contribuir a la recuperación de Savia Salud, que con sus 1,7 millones de afiliados es la más grande EPS del régimen subsidiado en Colombia, así como la mayor EPS de Antioquia. El anuncio del Gobierno es bálsamo para la institución llamada a ser modelo en el sector salud y da esperanzas al sistema hospitalario, especialmente a la red 14 más uno, que había reclamado evitar el cierre, que sería catastrófico, de la institución. Con su oferta, la Nación también ha reclamado compromiso de los socios a fin de que garanticen la continuidad de la Alianza.


El comunicado del Minsalud oficializa la oferta, que desde abril pasado se enunciaba como esperanza, de que Savia emita bonos opcionalmente convertibles en acciones, Bocas, a fin de que el Gobierno Nacional, a través del Fosyga, pueda adquirirlos y eventualmente asociarse a la entidad. El Ministerio ha ofrecido $30.000 millones, sin descartar que su inversión llegue a $50.000 millones. Para no olvidar el tufillo paternalista que caracteriza al centralismo, se reclama que “debe existir el compromiso de los propietarios de la EPS de dar continuidad a la entidad y mejorar la gestión de la misma”. A pesar del condicionamiento, la oferta ratifica la confianza que el Gobierno ha tenido en que la EPS mixta se consolide como institución sostenible y eficiente en la atención en salud para quienes tienen mayores dificultades de acceder a ella.


Savia Salud nació en 2013 como un acuerdo de voluntades de la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín y Comfama. Para darle sustento y viabilidad, los entes públicos aportaron, cada uno, $30.000 millones que les dieron la propiedad del 36,65% de la institución. La caja de compensación aportó bases de datos, experticia y habilidades para el manejo del régimen subsidiado, contribuciones en especie avaluadas en $21.000 millones, con los que recibió el 26,7% de la propiedad de la nueva EPS. En sus tres años de historia, Savia atiende afiliados de todas las subregiones de Antioquia, siendo el 47% de sus vinculados, 723.823 personas, los registrados en el Valle de Aburrá, principalmente en Medellín. Aunque han participado en encuentros sobre la refinanciación de la EPS, los voceros del Gobierno del doctor Federico Gutiérrez no han manifestado cómo asumirán su corresponsabilidad con la recuperación de Savia, como tampoco los representantes de la Gobernación de Antioquia han presentado alternativas para que el Departamento honre la deuda por la atención de procedimientos no POS, deuda que el Ministerio de Salud señala en $200.000 millones


En su oferta, el Gobierno Nacional anunció una próxima resolución, para entregar a los departamentos recursos recuperados entre excedentes de aportes patronales a la seguridad social; aspira la Cartera, según su comunicado, a que los entes territoriales atiendan las obligaciones pendientes con EPS del régimen subsidiado por concepto de atenciones en salud no contempladas en el régimen No POS pero que fueron impuestas por el Gobierno Nacional. La exigencia de buscar remanentes en distintas cuentas indica que las dificultades financieras penden como espada de Damocles sobre un sistema de salud estructurado para apalancarse en el régimen contributivo y que se ha visto obligado a operar con la mayoría de sus afiliados en el régimen subsidiado. En este orden de ideas, no debieran los socios ni la Supersalud descuidar la petición de los directivos de la EPS mixta para que se le habilite como operadora del régimen contributivo, y así tenga ingresos no dependientes del fisco y las capitalizaciones.


En una acotación que señala otra de las tragedias del sistema, y está hecha casi al margen, el Ministerio de Salud ha pedido a las autoridades de salud iniciar “estrategias para controlar el gasto y la demanda de servicios que no estén plenamente justificados”. Ante el riesgo cierto de sacrificar la atención en salud para millones de personas vulnerables, el debate sobre los alcances y límites del derecho a la salud queda servido como una urgencia inaplazable de un sistema que merece que sus partes se esfuercen por salvarlo.