Editorial

El acuerdo de sustitución de cultivos
12 de Junio de 2016


Los acuerdos parciales se han usado como placebos para una ciudadanía hasta ahora limitada a ser espectadora de decisiones incompletas.

Para quienes todavía guardan esperanzas sobre lo que se acuerda en la Mesa de conversaciones, continúan expectantes sobre el “inminente” fin del conflicto armado de las Farc contra la sociedad colombiana, que incluye el desarme y desmovilización de esa organización y que podrá mostrar, con la decisión sobre Tribunal especial para la paz, cuál sería el compromiso de ese grupo con la negociación que el Gobierno impulsa, a todo costo. A falta de esas decisiones, se siguen desplegando estrategias de mercadeo de los acuerdos parciales, defendidos como “medidas de desescalamiento y construcción de confianzas” y cuyo peso propagandístico no es comparable con los resultados que ofrecen.


En los últimos quince meses, la Mesa de conversaciones ha logrado el precario acuerdo sobre Derechos de las víctimas y ha suscrito cuatro acuerdos parciales. En marzo de 2015, se divulgó el acuerdo sobre desminado humanitario, con su iniciativa piloto en la vereda El Orejón, de Briceño; a once meses de iniciado, el proceso deja un militar muerto, 33 minas desactivadas en 14.000 m2   (1,4 hectáreas) y enorme descontento en asociaciones locales. La contribución de las Farc en apoyo técnico, información relevante y confiable sobre la ubicación de las minas, o recursos económicos para el desminado ha sido nula. El resultado es ínfimo frente al, también precario, que tuvo el Batallón 60 del Ejército, que en sólo 2011 despejó 86.323 m2 de minas antipersonal.


En julio del año pasado, los negociadores presentaron el acuerdo de desescalamiento del conflicto armado, que ha tenido cumplimiento parcial según la Misión de apoyo al proceso de paz de la OEA, organismo que denunció a las Farc por persistir en la extorsión, el narcotráfico y la minería ilegal.


El pasado 15 de mayo fue presentado el acuerdo de cese al reclutamiento de menores de edad, tras ello no se conoce cuántos menores de 18 años fueron reclutados y siguen en las Farc y cómo se hará su entrega a entornos protectores. A la fecha sólo han entregado uno de estos menores.


Así y todo, las Farc siguen recibiendo confianza para suscribir acuerdos ajenos a la agenda de conversaciones y posar como pioneras de programas que ya el Estado y la sociedad civil han desarrollado desde hace años, y en muchas ocasiones teniendo que enfrentar ataques de las mismas Farc. 


En esa misma tónica, el viernes fue presentado, como otro gran avance, el Acuerdo para poner en marcha un esfuerzo conjunto de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito en el municipio de Briceño (Antioquia), un corto documento que se empeña en vincular estas medidas con las negociaciones, aún pendientes de ser finiquitadas y refrendadas por la ciudadanía, sobre Reforma rural integral y Solución al problema de las drogas. Afanado por mostrar resultados, el Gobierno se cuidó de defender los logros alcanzados en treinta años de intervenciones en sustitución de cultivos, realizada con cooperación internacional, nacional y el apoyo de comunidades afectadas o incursas en el delito. La presentación oficial también omite describir las coincidencias de este Acuerdo con la Estrategia integral de sustitución de cultivos ilícitos que rige desde el 22 de septiembre de 2015, y que había establecido que en materia de sustitución de cultivos ilícitos “el propósito es llegar a acuerdos con las comunidades para que erradiquen voluntariamente”, o sea lo mismo que se adoptó en la Mesa. La publicidad a este acuerdo no alcanzó a resolver interrogantes sobre el cambio en la cooperación de entidades ya comprometidas con la sustitución de cultivos ilícitos, como Undoc o la FAO; la vinculación de los campesinos al proceso, aumentadas por la sorpresa de la Asociación de Campesinos de Briceño, y la asunción de responsabilidades de las partes, toda vez que el acuerdo sólo define que “se crearán los proyectos y programas que sean necesarios”, sin fijar compromisos de las partes. Según la Unidad de Contexto de la Fiscalía General de la Nación, entre 1995 y 2014, las Farc obtuvieron $66.000 millones por su participación vertical, y criminal, en el narcotráfico; con ese antecedente, les correspondería asumir los mayores compromisos en el fin de actividades que crecieron por su impulso. Pero sobre eso sí nada se acuerda.


Convertidos en promesas sin mecanismos de verificación y control, los acuerdos parciales se han usado como placebos para una ciudadanía hasta ahora limitada a ser espectadora de decisiones incompletas, pero utilizados por los negociadores en La Habana para exigir que se les delegue poder para instituir lo instituido, en este caso una política de sustitución de cultivos ilícitos que desde 1985, y a pesar de las Farc, ha madurado sus procesos y resultados.