Editorial

El paro nuestro de cada año
10 de Junio de 2016


Convertida en competencia por la piñata de los recursos estatales, la negociación agraria engendró el paro que hoy sufre el país.

En el duodécimo día del paro agrario y el tercero del de transportadores de carga, la opinión se pregunta por las razones, convocantes, impacto y desenlace de estos movimientos. Las dudas reflejan desinformación en la convocatoria y las noticias sobre estos hechos de gran impacto.


La movilización rural de este año difiere de la Minga de 2009, caracterizada por la coherencia con que los pueblos indígenas negociaron mayor autonomía; al paro del Catatumbo en 2013, en el que autoritarias organizaciones cocaleras prevalecieron sobre los afanes de otras organizaciones campesinas que buscaban otros rumbos para el desarrollo de la subregión, así como al paro agrario de ese año, que movió a pequeños y medianos productores campesinos para exigir mejores condiciones para su trabajo. En el actual proceso convergieron indígenas, afrodescendientes y pequeños productores que comparten problemas como los costos de insumos, el difícil acceso a los créditos o la equívoca política de asistencia técnica. Pero los motivos de unidad no ocultan necesidades, visiones e intereses divergentes, notorios en detalles como la dificultad para llamar a este movimiento Paro agrario o Minga, o como la distancia entre grupos históricamente enfrentados a las organizaciones armadas, como los indígenas del Cauca, y otros tan radicalizados a la izquierda que han reclamado invitación a la Mesa de conversaciones de La Habana, para concederle el inmerecido estatus de decisora en materia de política agraria y rural.


Anoche avanzaba la negociación del paro de transportadores de carga al que se unieron los mayores gremios del sector, unidos por las diferencias entre sus costos y el precio de los fletes; las visiones contradictorias sobre la política de chatarrización, cuyo incumplimiento aumenta la oferta de vehículos y abarata los viajes; los atrasos en construcción de infraestructura, y el precio de los insumos. Como hace un año y medio, los camioneros han llegado a esta negociación con intereses y vocería común y actúan frente al único vocero del Gobierno, el ministro de Transporte, hechos que han marcado distancia del paro rural, a pesar de que algunos analistas intentaron buscar confluencias entre ellos.


Las fisuras internas del movimiento agrario no excusan, sin embargo, la desidia del centralismo para reconocer su existencia y buscar soluciones de largo aliento que reconozcan la legitimidad de sus demandas. Angustiados porque están perdiendo acceso a alimentos, medicinas, combustibles y bienes de primera necesidad, voceros de los departamentos afectados, especialmente Nariño y Cauca, y de subregiones que empiezan a sufrir desabastecimiento y carestía, como Urabá o el Catatumbo, llegan a hipérboles como la del gobernador Camilo Romero, de Nariño, quien dijo en entrevista radial que “en Bogotá el robo de un celular es noticia nacional” mientras que las regiones sufren verdaderas tragedias humanitarias sin ser escuchadas. Su denuncia toca lo mismo a medios de comunicación que al Congreso y los partidos políticos, que al presentar algún comunicado pidiendo diálogos eficaces sienten salvada su responsabilidad con crisis repetitivas en sus demandas y en el tiempo. Es válido el reclamo por interacciones en las que Gobierno Nacional y entes territoriales asuman corresponsabilidades y sean copartícipes en la formulación y ejecución de políticas integrales.


En 2013, el Gobierno Nacional ofreció convocar el Pacto Agrario Nacional, para establecer un diálogo continuo entre “ los legítimos voceros de los productores agropecuarios y del pueblo colombiano, muchos de ellos con intereses que podrían entrar en contradicción” para definir y asumir corresponsabilidades en “una política agraria integral, incluyente y democrática”. En seis meses, tal sueño fue transformado en disposiciones para repartir un billón de pesos entre proyectos, hoy invisibles, escogidos entre 4.460 iniciativas de asociaciones campesinas. Convertida en competencia por la piñata de los recursos estatales, la negociación agraria engendró el paro que hoy sufre el país, mismo al que podría seguir asistiendo si se persevera en la idea de que negociar es repartir más que asumir la construcción de acuerdos, con sus corresponsabilidades, para impulsar el desarrollo como meta común, no del Estado.