Economía

Antioquia requires extension for butchering plants
Antioquia requiere prórroga para plantas de beneficio
Autor: Monica Andrea Saavedra Crespo
5 de Junio de 2016


Desde el 1 de enero, el plan “Antioquia piensa en grande” viene trabajando en el Plan de Contingencia, con el fin de buscar alternativas de solución para la grave situación que se avecina para los ganaderos, los industriales.



Planta de beneficio animal en Sonsón, Antioquia (frigorífico nacional).

Cortesía Gobernación de Antioquia

Antioquia pidió prórroga de un año para el cierre de las plantas de beneficio de bovinos y porcinos debido a la falta de tiempo y dinero para cumplir con las licitaciones. Debido a que se verían abocadas al cierre definitivo por el no cumplimiento del Decreto 1500 de 2007, lo cual generaría serios problemas de salud pública para las comunidades antioqueñas, dificultades por el sacrificio clandestino, disminución de la renta de degüello y sobrecostos en la carne.


Cabe recordar que de las 61 plantas de beneficio inscritas en el Plan de Racionalización del Invima, sólo 23 fueron racionalizadas. 


De estas 23, la Gobernación de Antioquia, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, estudia la posibilidad de apoyar once plantas públicas las cuales presentaron plan de cofinanciación.  


Estas plantas están ubicadas en los municipios de Peque, Toledo, Cañasgordas, Urrao, Ebéjico, Andes, Anorí, Amalfi, Sonsón, Ciudad Bolívar y Copacabana.


Según Jaime Alberto Garzón Araque, secretario de Agricultura de la Gobernación de Antioquia, desde ahora hasta agosto faltarían dos meses únicamente para lograr con lo requerido, por lo tanto, “todo lo que hay que hacer es a través de licitaciones, porque nosotros no podemos hacer adjudicaciones directas por los montos de los recursos que se tienen que invertir, entonces por Ley 80, tiene que ser por licitaciones públicas y en menos de cuatro meses no sale”.


Por esa razón, le están proponiendo en primera instancia al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y al Invima que permita modificar la Circular 016 del año 2015, en la que establece el 8 de agosto como fecha mínima para el cierre de aquellas plantas regionales y de autoconsumo que no cumplen.


Además, manifestó Garzón Araque que de once plantas que hoy tienen viabilizadas con presupuesto definitivo conjuntamente entre el Gobierno Nacional y las administraciones municipales se necesita una inversión conjunta de $21.672 millones para ponerlas a funcionar, “primero porque no hay dinero y segundo, no hay tiempo para sacar las licitaciones y que el 8 de agosto estén las obras concluidas, imposible”, agregó.


Sin embargo, de acuerdo con los presupuestos presentados por las plantas mencionadas, en total se requerirían de $19.516 millones para efectuar obras civiles, el montaje de sistemas de frío, adecuación de zonas de compostaje y residuos sólidos, adecuación de puntos sanitarios, obras de paisajismo, implementación de protocolos y buenas prácticas de manufactura (BPM), capacitación de operarios, productores y carniceros.  


Los $2.156 millones restantes, que corresponden al 9,95%, se emplearían para pagar la interventoría de las obras a ejecutar.


Por su parte, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, reiteró el llamado al Gobierno Nacional y específicamente al Ministerio de Salud y Protección Social para que se prorrogue un año esta decisión y se garantice el consumo de carne inocua.


El mandatario de los antioqueños manifestó que encuentra “muchas dificultades para hacer realidad los propósitos nacionales en el mes de agosto. Sobre todo en las zonas más alejadas de Medellín y del Valle de Aburrá”.


Además, aparte del aplazamiento de la fecha, Garzón Araque dijo que la otra petición era tener un fondo fiduciario en el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea) con recursos tripartitos de la Gobernación de Antioquia de los cuales aportarían a la ordenanza de degüello $8.000 millones y de igual forma, poder contar con recursos de la Nación a través del  Ministerio de Agricultura y que también se unieran los alcaldes que estarían interesados en sus plantas de sacrificio y de autoconsumo regionales.



Reacciones

Asimismo, Javier Enrique Guzmán Carrascal, director de operaciones sanitarias del Invima, sostuvo que “las plantas que no estén inscritas en el plan de racionalización o que no hayan cumplido con el Decreto 1500, van a tener que cerrar”.


Además, en Antioquia han hecho un estimado y están esperando si el gobernador va a hacer alguna modificación, para determinar si se van a cambiar los municipios, hasta ahora no podrían decir si se van a cerrar las plantas. Lo que sí está claro es que por ejemplo, ya no podrán sacrificar animales en el piso, porque deben estar colgados, tener cadena de frío y que se garantice la inocuidad del alimento.


En adición, José Castaño Castaño, alcalde de San Luis, Antioquia, manifestó que les están atribuyendo una reglamentación, un decreto desde el 2007, y no se ha hecho un estudio profundo de cuál es la situación en los municipios alejados como San Luis: “Nos están imponiendo transportar una carne que en últimas el costo lo va a pagar el usuario final”, concluyó Castaño Castaño.