Columnistas

A propósito de la transformación del sector de las TIC
Autor: Carlos Alberto Atehortua Ríos
3 de Junio de 2016


Cada vez es más evidente y claro, los monopolios públicos como el único esquema de prestación de servicios públicos con cosa del pasado.

Cada vez es más evidente y claro, los monopolios públicos como el único esquema de prestación de servicios públicos con cosa del pasado, lo que se impone es la participación de un numero amplio de agentes económicos que compiten por los usuarios en condiciones de igualdad, muchas veces “aparentemente” sujetos exclusivamente a las reglas del mercado, pero eso no debe ser así , pues tratándose de servicios públicos, no son una mercancía más, pues están sometidos a un régimen constitucional y legal especial de protección los usuarios y servicio universal. 


En la teoría del servicio público de nada vale aferrarse al pasado, la realidad es la transformación sectorial y en lugar de añorar un esquema que hoy está superado, la verdadera tarea es redefinir el rol del Estado,  para que: (i) pueda tener empresas competitivas que estén en condiciones de concurrir con otros prestadores en un escenario de competencia; (ii)fortalecer su capacidad regulatoria de tal manera que le permita una efectiva intervención económica y social; (iii) reforzar las actividades de policía administrativa para que en forma ágil y oportuna cumpla su doble función: de un lado la de proteger los derechos de los usuarios, y del otro, garantizar el cumplimiento de las normas que regulan la competencia; y (v) lo más importe, se impulsen políticas, planes y programas que permitan que los servicios se presten en condiciones eficientes y forma universal. 


Desde la Constitución de 1991, que permitió que los particulares se ocupen de la prestación de toda clase de servicios públicos y de la entrada en vigencia de la Ley 37 de 1993, que reglamentó el otorgamiento de concesiones para la prestación del servicio de telefonía móvil celular en todo el territorio Nacional, se inició un proceso que ha estado determinado por los desarrollos tecnológicos, la globalización, la apertura y la internacionalización, que ha transformado el sector de las telecomunicaciones y que obliga a entender que estamos frente a una nueva realidad.


La extinción de Telecom y sus teleasociadas, la fusión de UNE y Tigo y la venta de la ETB, aunada a la supresión del servicio de Telefonía Fija Pública Básica Conmutada, que desde el 2009 ha desaparecido de la legislación al ser modificada la Ley 142 de 1994, por la 1341 de 2009, representan el fin de una época en los servicios de telecomunicaciones y la consolidación de una nueva etapa, determinada por la convergencia de servicios móviles y fijos, en la que el próximo paso debe ser la unificación plena de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información, lo que necesariamente incluirá los servicios de difusión, esto es, la radiodifusión sonora y la televisión.


Se trata de un nuevo escenario en el que los servicios fijos locales de voz, definitivamente son sustituidos por servicios móviles, globales de multimedia, donde la interactividad es lo determinante y las redes ubicuas, sustituyen el concepto convencional de red de telecomunicaciones a las que estábamos habituados. 


Aunque las nuevas formas de gestión de las telecomunicaciones implican una transformación sustancial de los sus prestadores, ello en ningún caso significa que estas actividades dejen de ser “servicio público”, en consecuencia, siguen estando sujetas a la planeación, regulación, vigilancia y control por parte del Estado y asuntos como las cargas de servicio Universal y la protección de los usuarios no pueden ser ignorados.


El hecho de que la iniciativa privada se vincule al ámbito de los servicios públicos, en el contexto de una democracia participativa en la que los ciudadanos se involucran en asuntos que antes eran propios del Estado, no debe ser una amenaza al vigencia de la teoría del servicio público, pero por eso cuando se hacen transformaciones tan radicales como las que se registran en el sector de las telecomunicaciones paralelamente deben adoptarse medidas en las que se fortalezca el nuevo rol que le corresponde al Estado.