Editorial

Una decisión irresponsable
22 de Mayo de 2016


Se está admitiendo que se incorporen en la Constitución acuerdos que los negociadores no han sido capaces de construir.

Con la aprobación en Comisión Séptima de la Cámara de Representantes del artículo cuarto del Acto legislativo para la paz, que incorporó el texto del Acuerdo 69 de la Mesa de conversaciones, se respondió al propósito de Gobierno y Farc, autoerigidos en constituyentes, para convertir sus acuerdos en normas superiores, e intocables. En votación que desoyó recomendaciones de la Alianza Verde, el Centro Democrático y el Partido Conservador, ni los aplausos de los interesados lograron minimizar las alertas de constitucionalistas, conocedores del Derecho Internacional Humanitario y líderes políticos, sobre los impactos de esta puñalada a las instituciones.


Como explica el jurista Jorge Arango Mejía, expresidente de la Corte Constitucional, la decisión de incluir un nuevo artículo en el séptimo de los ocho debates del proceso reformador, crea un vicio de trámite insubsanable pues se constituye en violación al principio de la deliberación democrática que explica que las reformas constitucionales deben surtirse en ocho debates del Congreso. La falta de debates, que en este caso significa la exclusión del Senado -la célula admirable de esta legislatura- no se puede sustituir con actuaciones apresuradas de las comisiones de conciliación, órganos constitucionales transitorios y conformados a propósito del interés de la norma en estudio. Dadas importantes decisiones de la Corte Constitucional que exigen respeto del Congreso al trámite de las reformas constitucionales y las leyes estatutarias no hay explicación para el hecho de que la Comisión Séptima de Cámara haya aceptado votar un artículo que transforma el Acto Legislativo para la Paz y, de paso, abre camino a que se haga lo propio con el cuerpo de la Constitución, que se convierte en colcha de retazos. La consecuencia a la vista de la incorporación tardía de semejante mico es la delegación en el tribunal constitucional de su responsabilidad de velar por la institucionalidad y el orden jurídico que la sustentan, según acuerdo de los colombianos a través de la Constituyente y las reformas del Congreso. Ello, con la gravedad de que en la aprobación se han determinado serios recortes a la acción jurídica, que es garantía a los ciudadanos, en tanto se pretende que la revisión de constitucionalidad será automática y, además, única.


En su renuncia a atender razones de sus propios miembros, que representan la pluralidad de perspectivas de los colombianos sobre el proceso de conversaciones con las Farc, se está admitiendo que se incorporen en la Constitución acuerdos que los negociadores no han sido capaces de construir, como son los de fin del conflicto, dejación de armas y desmovilización, o que están tan incompletos que son fuente de incertidumbre, como el de la Jurisdicción Especial para la Paz. No deja de llamar la atención que son esos, justamente, los puntos en los que la ciudadanía obtendría garantías, a pesar de todo mínimas, de que cesarán las amenazas en su contra; de que habrá verdad, alguna justicia, alguna reparación y garantía de no repetición.


El acuerdo avalado propina otros significativos golpes a la Carta Magna. Cuando propone la incorporación automática del “Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” en la Carta Política y que el presidente actúe “pidiendo al secretario general que se dé la bienvenida al Acuerdo Final y lo relacione con la Resolución 2261 del Consejo de Seguridad del 25 de enero”, borra el título XIII “de la reforma de la Constitución” y hace a un lado el compromiso del Acuerdo para el inicio de conversaciones sobre refrendación popular de lo negociado en La Habana, como condición validadora obligatoria de cualquier acuerdo. Desconocido el Congreso, se obvia la participación democrática, que sólo de manera previa podría ser la fuente de legitimidad a la pretensión constituyente de una Mesa que se siente con potestades hasta de interpretar a su antojo tratados como los Protocolos de Ginebra, a los que se apela para reclamar que las decisiones de La Habana, se consideren “Acuerdos Especiales” por el sólo hecho de tener algunos elementos que se relacionan con el Derecho Internacional Humanitario.