Economía

Toyo Tunnel awaits agreement for resuming construction works
Túnel del Toyo espera acuerdo para reanudar obras
Autor: Igor Eduardo Torrico Silva
18 de Mayo de 2016


El freno temporal del proyecto se dio por unas “incertidumbres jurídicas” que anunció el gobernador Luis Pérez, que luego corroboró la Contraloría de Antioquia al hallar 25 irregularidades que “infieren pérdidas por cerca de $2.000 millones”.


Foto: Cortesía 

$1,04 billones cuesta el túnel del Toyo Guillermo Gaviria Echeverri.

Aunque ya venció el lapso solicitado por el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, para que se suspendiera la construcción del túnel del Toyo Guillermo Gaviria Echeverri, los constructores no están autorizados a reiniciar actividades, ya que se necesita del mutuo acuerdo entre la Gobernación y el consorcio Antioquia al Mar, firmantes del contrato, para reanudar el túnel. Esto, según lo establece el mismo documento.


La cláusula décima octava “Suspensión del Contrato” señala: “(...) La ejecución del contrato podrá suspenderse (...), previo acuerdo entre las partes, (…) o en los casos en que ello proceda por mutuo acuerdo entre las partes. La suspensión del contrato se plasmará en el acta de suspensión del contrato respectiva. Una vez superado el evento que haya generado la suspensión del contrato, las partes suscribirán el acta de reanudación del contrato respectiva”.


A propósito, señaló el abogado y profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Eafit, Alejandro Gómez, quien precisó que en el Derecho colombiano no existe una obligatoriedad de empezar una obra porque una suspensión se haya terminado. En su opinión, a las partes les toca llegar a un “mutuo acuerdo”, tal como reza el contrato.


En este orden de ideas, vale la pena resaltar que el contralor del departamento de Antioquia, Sergio Zuluaga, en declaraciones dadas a medios se pronunció en un sentido similar. Zuluaga solicitó a las partes agilizar los procesos de reanudación de la construcción del túnel, “ponerse de acuerdo” y subsanar las ilegalidades que se están señalando. 


Como se recordará, el acta de suspensión del contrato fue emitida el pasado 16 de marzo por los siguientes dos meses, periodo en el que la Gobernación de Antioquia intentaría dirimir las inquietudes que se han tejido en torno a ese proyecto que dejaría en el departamento el túnel más largo del país, incluso por encima del de La Línea que se construye entre Tolima y Quindío.


Para ello, los gobiernos Nacional ($540.000 millones), de Medellín ($520.000 millones) y Departamental ($780.000 millones) deberían hacer sus respectivos aportes para esta obra pública, que ganó en licitación el consorcio Antioquia al Mar, conformado por Colombiana de Infraestructuras (40%), Cass Constructores & CIA (20%), Carlos Alberto Solarte Solarte (20%) y Estyma Estudios y Manejos (20%).


Al cierre de esta edición, la Gerencia Técnica del proyecto no había recibido instrucción al respecto de las obras, al igual que el Consorcio Integral, encargada de la interventoría del túnel. Sin embargo, ambas esperan la reanudación de las obras sin mayores inconvenientes y confían en que haya un acuerdo positivo para concluir el importante proyecto. 


Por su parte, el Gobierno Departamental aún no se han pronunciado al respecto.



Los hallazgos de la Contraloría

A principios de marzo, el contralor general de Antioquia, Sergio Zuluaga, sostuvo que en la contratación del túnel del Toyo Guillermo Gaviria Echeverri encontró irregularidades de tipo fiscal, disciplinario y hasta de connotación penal.


De acuerdo con el contralor, en la contratación del túnel hay específicamente cuatro hallazgos fiscales que “infieren pérdidas por cerca de $2.000 millones”, que serán objeto de investigación de su entidad de control, mientras que los disciplinarios y/o penales serán trasladados a las otras autoridades competentes.


El informe de la Auditoría Express indicó que hubo irregularidades como: “Aplicación de normas que le son propias a los contratos de concesión a un contrato de obra pública; falta de licencias ambientales, delegación irregular, adjudicación contractual con falta de requisitos, incertidumbre en relación con diseños y valor real de la obra, así como pagos realizados por duplicidad de actividades”, entre otras.