Columnistas

Devolver el Estado
Autor: Dario Ruiz Gómez
16 de Mayo de 2016


Es la evidencia innegable de estar ante un país en que se debe partir de cero contando para ello con cuadros de renovación sobre todo respecto al concepto de justicia universal.

Es la evidencia innegable de estar ante un país en que se debe partir de cero contando para ello con cuadros de renovación sobre todo respecto al concepto de justicia universal. Es a partir de esto desde donde irán aflorando como lo he repetido, el nombre y apellido de cada víctima, la explicación sobre una violencia sórdida que busca proteger sus territorios de terror tratando de eliminar las preguntas necesarias sobre lo justo y lo injusto en un proceso de paz. Estamos cancelando un tiempo en el cual hemos vivido en medio de aconteceres inmediatos determinados por la violencia y comenzamos a detectar el vacío moral que nos ha dejado esta pérdida de valores frente a los cuales reina una confusión interesada. Se destruyeron unos valores no sólo por parte de los grupos armados sino también por parte de la corrupción de la justicia incapaz de establecer una condena a los distintos desafueros de algunos grupos políticos entregados a la corrupción. ¿Quién se encargará de restituir los valores necesarios para la justicia y la convivencia? Lógicamente no van a ser aquellos que nos llevaron a la catástrofe, que callaron, como ciertos sectores de la Iglesia, ante la matanza. Los valores de la tolerancia no pueden provenir de quienes la negaron ni de quienes han hecho un negocio de la Paz ¿Cuáles son los nombres y apellidos de los soldados eliminados por los francotiradores de las Farc durante el último mes de “tregua”? Tiene que existir en Colombia un juez con la debida categoría ética para conceder a este caso su verdadera dimensión de delito de lesa humanidad. Un politizado juez es incapaz de entender la dimensión de esta ofensa alrededor de la cual gira sin embargo la noción de justicia que  debe fundamentar sólidamente la nueva sociedad a que aspiramos. ¿Puede el Estado disponer a su antojo de la vida de un soldado para justificar una componenda con los asesinos? Obliterar se denominaba en la Unión Soviética la tarea de ciertos especialistas que tomando en los archivos de la Policía Secreta la foto de un reo asesinado le cambiaban las facciones del rostro, sus datos biográficos y lo hacían desaparecer para siempre sin que su familia lograra encontrarlo. ¿Quién nos va a dar los nombres de los niños, de las mujeres, de los guerrilleros muertos en acción, fusilados y enterrados por sus Jefes en ocultas fosas comunes? 


Bajo estas circunstancias en donde la responsabilidad del Estado ante la vida y la memoria de sus ciudadanos se ha desvanecido prácticamente, y, ante la confusión moral creada por la ambigüedad de la ley en un momento en que se hace necesario diferenciar lo que supone como delito la insurrección armada frente al narcotráfico, ya que si la primera por su precariedad  no llega a pesar demasiado frente a la justicia, la segunda proyecta de manera ineludible la presencia de un poder avasallante frente a la sociedad, lo cual hace perentoria la presencia enérgica de la justicia universal para no caer de Guatemala en Guatepeor. Miles de improvisados jueces, de magistrados formados en las llamadas “universidades de garaje”, cientos de personalidades jurídicas enseñados a que su cargo sólo debe brindarles prestigio social y altas remuneraciones, no pueden ser la esperanza de ese juez  que buscaría la verdad y reivindicaría a los sacrificados a nombre de intereses abstractos. El reconocimiento de su culpa por parte de las Farc supondría el hecho de que sus propios tribunales de honor se encargaran de ese acto necesario de autocrítica política que consistiría no sólo en reconocer la equivocación de su proyecto totalitario sino también en condenar a quienes ellos mismos se encargarían de señalar como traidores a su causa, asesinos, narcotraficantes. ¿Pero no es esto pedir peras al olmo?