Columnistas

Qué es la resistencia civil
Autor: Alfonso Monsalve Solórzano
15 de Mayo de 2016


El anuncio de las “partes”, en La Habana, de blindar constitucionalmente un acuerdo en el que se viola la Carta Fundamental para instituir en el ordenamiento jurídico la antidemocracia política.

El anuncio de las “partes”, en La Habana, de blindar constitucionalmente un acuerdo en el que se viola la Carta Fundamental para instituir en el ordenamiento jurídico la antidemocracia política, el fin del sistema de justicia que cobija a más de cuarenta y cinco millones de colombianos; instalar la impunidad y la participación política para violadores extremos del derecho internacional humanitario, usando fraudulentamente para este desafuero, una interpretación falaz y descabellada del derecho internacional humanitario mismo, ha llevado al senador Uribe a declarar la resistencia civil contra el tal acuerdo.


Inmediatamente, los políticos, columnistas y caricaturistas de turno han salido en masa a denostar esa posición, llamando, a su vez, a la “resistencia civil a la resistencia civil de los enemigos de la paz” y no han dudado en afirmar, temerariamente, que se trata de una acción muy peligrosa, rayana al levantamiento armado, antidemocrático, antipopular y de estirpe paramilitar. Es lo que siempre han hecho los mamertos, su séquito de intelectuales orgánicos y los nuevos creyentes, unos de buena fe, otros, convertidos por el nuevo sacramento de la mermelada, cuando se ha querido preservar la democracia.


Nada más falso. Para entender en qué consiste este expediente político, basta citar una de las muchas definiciones coincidentes que existen en la teoría política: “Sobre el concepto de resistencia civil en la ciencia política” del profesor de la Universidad Nacional de Colombia Julio Quiñones Páez (http://goo.gl/sFgjWZ).


“La resistencia civil es una forma de acción política consistente en la ejecución de estrategias que no conllevan violencia contra el adversario con el que se sostiene un conflicto, sino que se orientan a seducir a la opinión pública amplia para que voluntariamente decida no seguir depositando su obediencia y cooperación respecto del poder controlado por dicho adversario. Además de haber sido puesta en práctica por movimientos sociales y de liberación nacional a lo largo de los últimos dos siglos, una de sus aplicaciones concretas es pasar a constituirse en componente central de una política de defensa. En este caso, la resistencia civil hará referencia a la negativa de los ciudadanos a obedecer o cooperar con las fuerzas de invasión, ocupación, usurpación interna, golpismo de Estado o similares”. 


Si alguien lee esa definición sin los lentes del sectarismo y la descalificación al otro, entenderá que se trata de un conjunto de acciones políticas pacíficas, que busca ganarse la opinión pública que, en este caso, busca defender nuestro sistema democrático, oponiéndose al autogolpe que los actuales miembros de los diversos estamentos del Estado se están dando para entregarle nuestro país a las narcoguerrilas: el gobierno negocia un acuerdo con las Farc que, como se dijo, instaura la impunidad para ellas, crea mecanismos para juzgar a los millones de colombianos que se le opusieron; en lugar de hacer una reforma agraria, les entrega a estos señores de la guerra millones de hectáreas para que impongan su oprobioso dominio a los campesinos y conserven y aumenten sus narcocultivos; lleva a criminales de lesa humanidad y de guerra al congreso, les concede extensos “territorios de paz” en los que ejercerán la dictadura sobre los habitantes que ellos posean, para hacer política con armas, porque no entregarán las armas sino, tal vez, después de un buen número de años en los que “ensayarán” la paz, y un largo etc.


En una democracia el pueblo tiene el derecho a escoger su destino. Lo que está ocurriendo es que las Farc y el gobierno están decidiendo por él y excluyéndolo de la cita más importante con artimañas -un plebiscito que no es decisorio y que, si pierden, no importa, un congreso que, en su mayoría, entrega sus poderes para revolcarse en mermelada, un sistema judicial en el que muchos de sus integrantes persiguen a la oposición y una Corte Constitucional que estaría a punto de aceptar semejantes adefesios de leyes y actos legislativos (porque si el dúo gobierno  - Farc no estuvieran seguros de ello, jamás optarían por el camino del control de esa institución.)


Los colombianos desean la paz, pero un acuerdo como el que se firmará, generará más violencia, que es lo contrario de lo que las autoridades dicen buscar, porque la paz debe proceder de la justicia, y con millones de víctimas actuales de esas guerrillas más los millones de colombianos que resultarán victimizados como consecuencia de ese acuerdo, no habrá justicia y no habrá paz.  La defensa de la constitución, de la democracia y la búsqueda de una paz duradera justifican la resistencia civil, pacífica, masiva, que eleve su voz y ponga orden en el país. De paramilitarismo, nada. Son los otros los que quieren la guerra, los que violan el derecho a protestar y a participar en política de los colombianos cuando no están de acuerdo con sus cánticos de sirena y su tolerancia, esa que tanto predican y que consiste en que somos tolerantes si aceptamos sus puntos de vista y sus imposiciones.  


Y si los colombianos eligen el camino de la resistencia civil, que se atengan Santos y sus aliados. Contra la voluntad popular no hay subterfugio que valga.