Editorial

El precio de lo pactado
12 de Mayo de 2016


Ahora que destapó sus cartas, esperamos que el Gobierno no dé ni un paso atrás en su determinación de ejercer control sobre el territorio nacional.

Al prolongado silencio que guarda la mesa de conversaciones de La Habana acerca del avance sobre los faltantes puntos de la agenda de negociaciones cuya resolución se esperaba el pasado 23 de marzo, lo que vino a sumarse fue la sensación generalizada de que los diálogos entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc entraron en una nueva etapa de crisis luego de que el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, afirmara en una declaración a la prensa el martes, que la guerrilla ha violado “al menos en tres ocasiones” el cese unilateral al fuego y que nunca han cesado sus acciones hostiles contra  la población civil puesto que “siguen extorsionando, traficando y explotando ilegalmente minas”. A la notificación, necesaria y oportuna por parte del Gobierno, de que las Fuerzas Militares seguirán “persiguiendo el delito y defendiendo a la ciudadanía”, le siguió una revelación del bloque “jorge briceño” de las Farc, a través de la red social Twitter, en la que señalaban haber suspendido el estudio de los acuerdos de La Habana “hasta que la situación cambie”.


La declaración del ministro es inesperada puesto que Villegas, en su condición de explenipotenciario del Gobierno, ha sido uno de los mayores defensores del proceso de paz. Que haya dicho públicamente lo que hasta ahora sólo habían señalado voceros de las Fuerzas Militares, es indicativo de la gravedad de los últimos hechos, en los que fueron asesinados los soldados profesionales James Moreno Sogamoso y Jaime Perdomo Valencia, atacados en la inspección El Pará, corregimiento de San Pedro, en zona rural de Florencia (Caquetá), por francotiradores que las autoridades inscriben en el tercer frente de las Farc. Pero estos no son los únicos hechos. El Gobierno Nacional, que desde hace cinco semanas adelanta un plan contra el crimen organizado en el que participan articuladamente la Fiscalía, la Policía Judicial, los jueces y las Fuerzas Armadas, seguramente vio salir a flote nuevas evidencias de los vínculos de la guerrilla con la economía criminal que viene creciendo en el país, como son la minería ilegal y el narcotráfico, fuentes a las cuales la guerrilla no ha renunciado y no parece tener intenciones de hacerlo, a juzgar por su insistencia en la mesa de conversaciones para que el Estado combata a las llamadas “bacrim”, a las que califican de paramilitares, y para que se decrete un cese el fuego bilateral que seguramente les permitiría seguir adelante con sus actividades ilícitas sin la amenaza de la persecución institucional.


No vamos a sumarnos a las voces de quienes piden que por los últimos acontecimientos se deshaga lo avanzado en La Habana, pues siempre es oportuno recordar que una de las condiciones de la negociación fue llevarla a cabo en medio del conflicto, que es lo lógico y realista, ya que si el Estado cumple su mandato constitucional de defender la vida, honra y bienes de los colombianos, es inevitable la confrontación o el combate con unidades guerrilleras, las cuales probablemente no hayan buscado atacar al Ejército en los últimos meses (configurando el desescalamiento del conflicto del que tanto se habla) pero seguramente sí habrán respondido a los operativos con tal de defender los territorios que consideran suyos y en los cuales, precisamente, ejercen su economía criminal.


Ahora bien, mientras el ministro Villegas habla de por lo menos tres violaciones a la tregua, el Centro de Recursos para Análisis de Conflictos (Cerac), sostiene que son al menos catorce los casos recientes y documentados de incumplimiento, lo que nos lleva a pensar que han sido más los hechos que se han mantenido ocultos para favorecer el clima de la negociación que la voluntad de la guerrilla por cesar sus hostilidades. Ahora que ha destapado sus cartas señalando que llevará a la justicia las acciones recientes de las Farc, esperamos que el Gobierno no dé ni un paso atrás en su determinación de ejercer control sobre el territorio nacional y evite que cualquier grupo al margen de la ley, llámese como se llame, se apodere de los negocios ilegales que desafortunadamente nos garantizan mayores conflictos en el futuro.