Editorial

Por una soluci髇 estructural e integral
9 de Mayo de 2016


Esperamos que sea esta la iniciativa cuyo estudio por fin contin鷈 y apruebe con urgencia el Congreso.

Por cuenta de reiteradas denuncias de corrupción y mal manejo, el Programa de Alimentación Escolar está de nuevo en el ojo de la atención pública. No es para menos porque se trata de graves fallas en un servicio que afecta a millones de familias colombianas cuyos hijos reciben alimento diario en las instituciones educativas donde estudian; de injustificados recortes presupuestales a un programa que siempre ha estado desfinanciado, y del inaceptable destino de cuantiosos recursos públicos desviados hacia las arcas de mafias especializadas en vivir del dinero estatal. 


El PAE se remonta a 1941 cuando se expidió el Decreto 319 oficializando la creación de restaurantes escolares, bajo la responsabilidad del entonces Ministerio de Trabajo, Higiene y Previsión Social, con el apoyo del Servicio Interamericano de Salud Pública. En 1968, esta función recayó en el recién creado Icbf, donde eventualmente las fallas en el servicio ocasionaron su tránsito en 2011 al Ministerio de Educación Nacional, entidad que, se pensó, podría administrar mejor estos recursos y aprovechar el programa como motivador de la asistencia y permanencia escolar, dado que para muchos estudiantes la comida provista diariamente en la I.E. se constituía en la principal y, en no pocos casos, única ingesta nutricional significativa. De hecho, el alimento en las escuelas es una de las acciones de bienestar social mejor utilizadas en el mundo para compensar la difícil situación de las familias. Según el Programa Mundial de Alimentos, casi 400 millones de niños, de los cuales 85 millones están en América Latina, se benefician de esta estrategia. 


Ante los repetitivos casos de alimentos mal conservados, preparados o entregados a sus destinatarios a lo largo de la geografía nacional, la ministra Gina Parody redobló un plan de vigilancia que le ha permitido develar aspectos del inmenso mecanismo de corrupción sobre el que históricamente ha operado el PAE, donde abunda la contratación directa y sin licitación evidenciando complicidad entre autoridades territoriales y contratistas; no se cumplen las normas de calidad acordadas y la supervisión de la calidad del programa es una formalidad inútil cuando no inexistente. Aunque hay que reconocer el empeño moralizante de la ministra, y exigir que sobre los responsables caiga todo el peso de la ley, esperamos igual contundencia sobre las investigaciones que se deban hacer al interior del Ministerio mismo, operador directo del PAE en 19 de los 32 departamentos, entre ellos dos de los más críticos según informe de la Defensoría del Pueblo: Atlántico y La Guajira. 


La situación se ha hecho cada vez más crítica, con escándalos como el provocado por un video que mostraba a niños de Aguachica, Cesar, simulando recibir un balanceado almuerzo en plato y vaso servidos, cuando en realidad se les entregaba una porción reducida de comida sobre la palma de la mano extendida; una aberrante estafa, así como inaceptable espectáculo contra su dignidad y derechos. Los gobernadores también han denunciado incumplimientos en los giros desde el MEN, que los llevarían a suspender el servicio. Tal vez como resultado de tan apremiante escenario, y tenemos que decirlo, con no poco ánimo protágonico, la ministra presentó la semana pasada un proyecto de ley que resultó ser copia parcial del proyecto del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que propone crear una Agencia Nacional para que se encargue de articular, controlar y optimizar todas las funciones y recursos hoy en cabeza de múltiples entidades, en torno a la adecuación de la oferta y las necesidades alimenticias de toda la población colombiana, priorizando, claro está, la de los niños, niñas y adolescentes en edad preescolar y escolar. Este proyecto de ley, que aquí ya hemos referenciado en más de 20 editoriales desde agosto de 2014, fecha en que fue radicado por la senadora liberal Sofía Gaviria Correa, ha sido aprobado en dos legislaturas, pero lastimosamente sólo viene a cobrar atención de los medios y del Congreso en pleno y el Gobierno, por el choque que ahora se presenta entre el legislativo y el ejecutivo.


Porque hemos leído y releído la totalidad del proyecto original, lo defendemos como una solución más integral y estructural a las necesidades apremiantes de la Seguridad Alimentaria en Colombia, y esperamos que sea esta la iniciativa cuyo estudio por fin continúe y apruebe con urgencia el Congreso, con las consideraciones nuevas que el MEN quiera hacerle. Si de lo que se trata es de resguardar el interés superior de la población colombiana, y de la niñez en particular, el trabajo mancomunado no debe ser tan difícil.