Editorial

Esperanza en la justicia
5 de Mayo de 2016


Por convicci髇 y para honrar los principios de la noviolencia, apoyamos las negociaciones en La Habana, sin que ello signifique estar ciegamente de acuerdo con todas las decisiones que se van tomando.

Horas antes de dejar su cargo como fiscal general, Eduardo Montealegre instauró ante la Corte Constitucional una demanda contra el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto, base sobre la cual se ha desarrollado la mesa de conversaciones de La Habana entre el Gobierno y las Farc. El propósito del jurista es que el alto tribunal interprete la palabra “acuerdo” como un tratado internacional con fuerza vinculante, de modo que una vez finalizado el proceso de paz lo acordado no pueda ser modificado ni por los próximos gobernantes ni por el Congreso ni por el pueblo mismo. La desconfianza que despiertan las actuaciones de tan mal recordado personaje, a quien interpelamos públicamente en estas columnas cuando quiso excluir al secretariado de las Farc y a varios de sus combatientes de las múltiples condenas proferidas por la justicia por delitos de lesa humanidad, nos hacen preguntarnos si entre las intenciones del demandante no estará también  la de blindar el acuerdo de la competencia de la Corte Penal Internacional.


Este episodio, que ha sido tema de discusión en los días recientes (más por la determinación del magistrado Jorge Iván Palacio de pedir sus conceptos a un amplio número de personas, entre ellas a las propias Farc), coincide con la conmemoración, hoy, del décimo tercer aniversario del asesinato de los exgobernadores de Antioquia, Guillermo Gaviria Correa y Gilberto Echeverri Mejía,  junto a un grupo de ocho militares también secuestrados y cautivos en zona selvática del municipio de Urrao. Las respuestas entregadas el lunes por el jefe del equipo negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, durante un foro sobre la justicia transicional, nos alientan a pensar que después del tiempo transcurrido y a pesar de la amenaza latente de impunidad que pesa sobre las víctimas de la guerrilla, todavía podemos esperar un acuerdo final en el que la justicia, la reparación y la garantía de no repetición sean aplicadas a los responsables de los delitos de lesa humanidad como primer paso hacia la reconciliación, tal como reclamábamos ayer para las víctimas de Bojayá.


Aplaudimos que haya sido el propio jefe negociador quien haya dado por cancelada la posibilidad de una intervención de las Farc ante la Corte Constitucional, al señalar que “es un error” pedir a la Rama Judicial un pronunciamiento sobre algo que aún no existe, como lo es el acuerdo final, y que “no es conveniente” que la guerrilla participe directamente de dicho debate, pues aún es latente el riesgo de mezclar la política y las armas, por lo que sus opiniones deben seguirse dando en La Habana como escenario natural. Escenario en el cual han expresado ya, en diversos tonos y momentos, su pretensión de no pagar ni un solo día de cárcel y de llevar a mínimos inadmisibles sus acciones de reparación de las víctimas e, incluso, del reconocimiento mismo de sus acciones al margen de la ley. No hay que ser demasiado sagaz para anticipar que su intervención ante la Corte giraría en torno a las mismas posturas e, incluso, podrían ir más allá para buscar que, como parece ser la pretensión de Montealegre, quede de una vez resuelto para ellos el riesgo potencial de ser juzgados en el futuro por un tribunal internacional.


Lo que nos anima, tras escuchar al doctor De la Calle, es que el caso de Gaviria Correa y Echeverri Mejía, que fue llevado a la justicia y terminó en sentencia que establece responsabilidad clara y directa de los miembros del secretariado de las Farc, así como muchos otros casos, no van a constituir un dilema entre la necesidad de asegurar justicia real, así sea de mínimos o enfocada en lo restaurativo sobre lo punitivo, y el deseo de que avance el proceso de paz. Al clamar por justicia para esta masacre y para tantas otras acciones de la guerrilla, nuestro propósito no es obstaculizar los diálogos ni exteriorizar un deseo de venganza, que sería incoherente con el legado de noviolencia de los mártires a quienes recordamos hoy. Tampoco es la expresión de incapacidad para perdonar. Lo que nos mueve es la convicción de que debe existir el reconocimiento del daño y de la conducta indebida por parte de los victimarios para que pueda haber verdadera reconciliación. Esa admisión de responsabilidad, más el arrepentimiento sincero, son elementos ontológicamente indispensables para el perdón. Negar los hechos es, indirectamente, negar a las víctimas. En cambio, la firme determinación de no volver a incurrir en conductas victimizantes y reparar el daño causado, conlleva el perdón generoso y sincero de las víctimas. 


Por convicción y para honrar la memoria de las luchas por promover los principios de la noviolencia en Antioquia y en Colombia como camino a la construcción de una nación más pacífica, hemos apoyado las negociaciones en La Habana sin que ello signifique estar ciegamente de acuerdo con todas las decisiones que se van tomando. Actuamos con cautela por la desconfianza que nos producen las búsquedas pasadas, todas ellas fallidas, incluida la emprendida por Guillermo  y Gilberto, para encontrar un terreno racional de diálogo con las Farc.