Editorial

Con las víctimas de Bojayá
4 de Mayo de 2016


Resulta deplorable que las víctimas sobrevivientes del hecho todavía estén pidiendo al Estado la garantía de sus derechos y la protección de sus territorios, y a la guerrilla que los victimizó la reparación material y moral a que tienen derecho.

Después de catorce años de ocurrida la masacre de Bojayá, que el 2 de mayo de 2002 dejó decenas de muertos y heridos luego de que integrantes del frente 58 de las Farc lanzaran un cilindro bomba dentro del templo en el que los habitantes de la cabecera municipal se refugiaban de los combates de esa guerrilla con una fracción paramilitar, resulta deplorable que las víctimas sobrevivientes del hecho todavía estén pidiendo al Estado la garantía de sus derechos y la protección de sus territorios, y a la guerrilla que los victimizó la reparación material y moral a que tienen derecho y que no se saldó con el acto privado, casi encubierto, que tuvo lugar el pasado 6 de diciembre, y en el cual las Farc pidieron un perdón incompleto y mentiroso. Ambas exigencias se hacen imperativas por la presencia de grupos armados ilegales en la región, que revive la amenaza de que los hechos puedan repetirse, tal como lo denunció el Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá después de la asamblea celebrada durante el pasado fin de semana.


En la reconstruida iglesia donde ocurrieron los hechos, unos 200 integrantes de los pueblos afrocolombianos e indígenas, según información aportada por el propio Comité, se reunieron con representantes de diversos estamentos del Gobierno, a quienes solicitaron crear las condiciones para la construcción de una paz sostenible. La garantía de no repetición fue su mayor preocupación, mientras que la Fiscalía General de la Nación y Medicina Legal respondieron afirmativamente a una petición que no sólo representa una acción humanitaria sino que puede contribuir a esclarecer el número de fallecidos en la tragedia, cuyas estimaciones oscilan entre 79 y 119 personas. Se trata de la individualización, identificación y entrega de los cuerpos a cada uno de los familiares, iniciativa que apoyamos y que, esperamos, el Gobierno respalde garantizando los recursos necesarios para materializarla. Así como esperamos, también, que las autoridades nacionales y regionales den cumplimiento a cada uno de los demás compromisos adquiridos, como llevar a cabo la reparación colectiva; organizar el “lugar de memoria y espacio de construcción y formación para la paz”, con el apoyo del Centro Nacional de Memoria; la apertura de una oficina del Banco Agrario en la localidad; el apoyo a iniciativas productivas con miras a la reactivación económica, y el impulso a un Comité de Salud que enfoque su atención en quienes aún padecen secuelas de los hechos ocurridos hace catorce años, entre otros.


Aunque el comunicado hecho público por el Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá menciona el compromiso de la Gobernación del Chocó de garantizar la seguridad en el territorio, nos llama la atención la manera vaporosa como se refieren a la presencia de unidades de la guerrilla de las Farc que no han dejado la zona, atribuyendo únicamente a los grupos paramilitares todo el peso del riesgo de repetición de acciones como la que hoy recordamos. Entendemos que a las víctimas las acompaña el temor a exigir, pero la guerrilla no puede pretender que la población se conforme con el pedido de perdón de diciembre pasado en el que, si bien hubo reconocimiento de la participación de las Farc en lo sucedido -y son los únicos que lo han hecho hasta ahora-, también es cierto que tergiversaron los hechos y se ocultó la intención de la guerrilla de tomar el control de la población, justificando lo ocurrido con las falacias de que pretendían defender el pueblo o de que fue un error propio de la guerra.


El país debe acompañar a las víctimas de Bojayá, y a todas las víctimas de las Farc, en su exigencia de verdad, justicia y reparación. No se puede, como lo hemos señalado de manera reiterada, justificar la impunidad en aras del avance del proceso de paz. Por el contrario, lo que se necesita es que el Estado, sus agencias y las entidades que brindan acompañamiento a las víctimas, como es el caso de las Naciones Unidas para Bojayá, brinden su apoyo en el propósito de garantizar el respeto de los derechos de los sobrevivientes. En ese sentido, el acto de reconocimiento de responsabilidad por parte de las Farc en diciembre pasado debe entenderse -y así lo hacen los habitantes de Bojayá- como el inicio de un proceso que las compromete a no repetir las acciones violentas contra la población civil, un asunto que ameritaría ser llevado a la mesa de conversaciones de modo que, como solicitaron las víctimas, se valoren los riesgos y se tomen las acciones que sean necesarias para eliminarlos.