Columnistas


Oposición criminalizada, guerrilla absuelta
Autor: Alfonso Monsalve Solórzano
1 de Mayo de 2016


La Corte Constitucional siguen dándole la espalda a la oposición democrático, al negarle a los funcionarios del gobierno de Uribe condenados por la Corte Suprema de Justicia, el derecho a la doble instancia, a pesar de que ella misma lo aprobó.

La Corte Constitucional siguen dándole la espalda a la oposición democrático, al negarle a los funcionarios del gobierno de Uribe condenados por la Corte Suprema de Justicia, el derecho a la doble instancia, a pesar de que ella misma lo aprobó.  Lo sorprendente y extraño es que para violarles el derecho que restauró, corrigiendo una terrible anomalía del sistema judicial, argumenta que, en cualquier caso, la doble instancia no sería retroactiva, como si los condenados por la Corte Suprema de Justicia no tuviesen derecho a acogerse al principio universal del derecho según el cual se les debe aplicar la norma que más los favorece en caso de que hubiese dos leyes contradictorias al respecto.


Por su parte, el fiscal encargado se ensaña con Santiago Uribe, el hermano del expresidente, negándole la solicitud de excarcelación mientras se realiza su juicio, con la tesis de que podría escapar, como si el interesado no hubiese permanecido en el país y asistido a cada una de las llamadas que ese ente le hizo, durante los incontables años que este proceso -“curiosamente” reciclado con testigos sin ninguna credibilidad, como ha sido completamente demostrado-  ha durado.


¿Cuál es la razón de todo esto? Será llover sobre mojado para la opinión pública.  La mayoría de los colombianos relaciona estos atropellos con la actitud del expresidente y su partido frente a las conversaciones de La Habana con las Farc y las que se comenzarán, en su fase pública, en Quito con el Eln. Todo parece indicar que, rompiendo el equilibrio de poderes, como en las dictaduras al estilo venezolano, el poder ejecutivo está cooptando a sectores determinantes del poder judicial, para ponerlos al servicio de su “causa”. Las maniobras contra estas personas, piensan los ciudadanos en gran número, son represalias, que convierten a los destinatarios de las mismas, en presos políticos, para presionar que la oposición arríe sus banderas y, en caso de que esto no funcione, encarcelar a los que sea necesario para doblegarla. Las encuestas lo dicen, cuando muestran la credibilidad que tiende a cero, de las altas cortes y del ente investigador.


Todo esto va acompañado con la tolerancia y el silencio, no ya cómplice, sino participante, con los crímenes de las Farc, que en los últimos días han violado su propio cese al fuego “unilateral” y han asesinado a un miembro del Ejército y herido a otro, usando para ello francotiradores. ¿Y por qué ese silencio? Una explicación la dio José Obdulio Gaviria en su artículo de Kienyke del pasado miércoles: en junio Santos va a firmar cualquier cosa, cualquiera, que se parezca a un acuerdo, cediéndole todo a esa guerrilla, porque sabe que es lo único que le queda; que engañará a los colombianos, pero, sobre todo, porque intentará ganarse, ahora sí, el premio Nobel que tanto lo obsesiona, antes de terminar su mandato. Claro que caben otras razones, variantes todas ellas, eso sí, de su alianza con las Farc, que se sintetizan en que en ningún caso pondrá en peligro el “acuerdo” que cocinan y que ya ni siquiera disimula ante los colombianos, independientemente de los crímenes que cometan.


¿Y qué decir de la vergonzosa destitución del jefe de la Uiaf porque se atrevió a denunciar que esa organización tiene bienes por 10.000 millones de dólares, casi todos en el exterior? Lavarle la imagen y no solo el dinero de las Farc, mientras persigue a la oposición.


¿Y qué pensar de la real aceptación, envuelta en falso rechazo, de los secuestros del Eln, que ahora no sólo plagia a los colombianos, sino que los intercambia por sus familiares, para cobrarles dos veces, llevando su cinismo a cotas nunca antes alcanzadas en el país? Semejante actitud simplemente apenas merece una decisión gubernamental de que mientras haya secuestrados no habrá negociación, sin que se atreva a romper las conversaciones mismas para que esa gente, que sólo acepta el lenguaje de la fuerza, entienda que tienen que asumir las consecuencias de sus actos, y cuando lo haga, barajar de nuevo. Pero no, lo que está ocurriendo es que el gobierno permite que esas cosas ocurran, mandando el mensaje de que, haga lo que haga esa guerrilla, estará dispuesto a continuar hablando, así tenga que tragarse el sapo de que esta mantenga secuestrados y cobre por ellos, mientras los colombianos no sepamos. 


Pero eso sí, que la oposición civil mantenga a sus presos políticos en la cárcel.