Editorial


El derecho a la vivienda segura
28 de Abril de 2016


Alertan por el peligro de que edificaciones puedan colapsar en un sismo de magnitud semejante, o hasta menor, que el que provocó la catástrofe en Ecuador.

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Con duras críticas en sus redes sociales, algunas hasta contra los damnificados, el presidente Rafael Correa enfrenta las consecuencias vitales y económicas del terremoto del pasado 16 de abril en Ecuador. Esta semana, el objetivo, esperado y pertinente, de sus dardos fueron los constructores y las autoridades responsables de vigilar su trabajo. En sucesión de mensajes publicados en Twitter, el mandatario señaló que cientos de vidas se perdieron por “construcciones de pésima calidad” en las que, indicó, no se cumplieron las normas de sismo-resistencia incluidas en la Norma de Construcción que rige desde 2014 y recalcó que tampoco hubo respeto para las leyes antiguas, que datan de 2001.


Ante la inobservancia de la ley, el ofuscado y autoritario gobernante señaló que “el país TIENE (sic) que saber los nombres de quiénes por ahorrar unos centavos construyeron trampas mortales, así como de las autoridades que lo permitieron”  y reclamó a los ciudadanos reclamar por la calidad de las construcciones. Más graves que la intemperancia y autoritarismo vueltos a demostrar en las comunicaciones de un presidente agobiado por la magnitud del desastre, son las duras confirmaciones de la venalidad con que actuaron constructores, interventores y autoridades responsables de vigilar las obras civiles. En distintos países y momentos, la renuencia a reconocer la ética como principio y norte de la ingeniería y la construcción ha causado centenares de muertes. Ha ocurrido en tragedias de origen natural, como la de Ecuador y antes en el sismo del Eje Cafetero, por ejemplo; pero también en desastres de origen antrópico, como el desplome de la unidad residencial Space, causado por voluntarios errores en los procesos de diseño y construcción. 


Los reclamos de Correa coinciden con la alerta lanzada por los propietarios de la unidad residencial Continental Towers por la solicitud de autorización para repotenciar esos edificios, presentada por CDO, la constructora que en procesos administrativos y judiciales, así como investigaciones académicas, ha sido encontrada responsable de los daños en sus obras. La solicitud de readaptación es un problema técnico que las autoridades habrán de considerar en función de las posibilidades reales de que los apartamentos puedan ser habitados sin que representen riesgos para las familias que los ocupen y que en el proceso no pierdan sus calidades. Y es un asunto jurídico en el que las autoridades deberán garantizar respeto por el patrimonio de las familias propietarias de apartamentos, además de exigir el cumplimiento de obligaciones atrasadas. En este campo, el solicitante, en cambio, no debe ser habilitado para ejecutar una obra en la que demostró incapacidades éticas y técnicas. Si se verifica la posibilidad de mejorar los edificios, tal tarea debe encomendarse a una empresa independiente y confiable, especialmente para quienes habitarán las obras. Como las instituciones y autoridades de Medellín, más que la Fiscalía o las autoridades administrativas, han sido garantía de equidad y respeto al derecho a la vivienda a quienes les fue conculcado, en esta circunstancia por un agente particular, en esta coyuntura habrán de conservar su lugar.


Tragedias como la sufrida en Space alertan por el peligro de que edificaciones puedan colapsar en un sismo de magnitud semejante, o hasta menor, que el que provocó la catástrofe en Ecuador. Justamente por los comprobados errores normativos, las equívocas decisiones de curadores urbanos y la desmesurada ambición de algunos constructores, el Ministerio de Vivienda presentó el proyecto de ley de Vivienda Segura. Este, indicó el ministro Luis Felipe Henao, espera el tercer debate en la Comisión Séptima de Senado, a la que pidió darle prioridad a fin de garantizar que se construyan “edificaciones más seguras y con mayores garantías para los ciudadanos”. Su llamado merece respaldo de congresistas que aspiran evitar lo que hoy sufre el vecino pueblo, así como honrar las vidas perdidas y acompañar a los propietarios de once unidades residenciales construidas por CDO y cobijadas por órdenes de desalojo, tras diagnósticos que identificaron patologías estructurales.




Comentarios
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OLGA
2016/04/29 09:33:20 am
Por favor, este concepto aplica para la vivienda adquirida con préstamo institucional: vivienda digna y segura. Agradezco su orientación. Su respuesta y orientación me es vital.