Editorial

Deudas con la verdad
27 de Abril de 2016


Decir la verdad sobre los delitos cometidos y los r閐itos conseguidos por ellos es respetar a la sociedad, que en su conjunto ha sufrido por los cr韒enes.

Cuando accedió a ser entrevistado por una periodista de The Economist, Luis Suárez, exdirector de la Uiaf, les falló a sus superiores, que fueron tardíamente informados sobre una decisión que tendría impacto en las negociaciones de La Habana y la confianza depositada en ellas. A pesar de ese error, muchos observadores consideran que haber dado relevancia a la información acumulada por la Unidad sobre el botín de ese grupo contribuye al destape de una de las verdades que las Farc pretenden ocultar, burlando sus compromisos con la justicia transicional, y que las autoridades no investigan con el rigor que exigen los acontecimientos. En ese contexto, el mea culpa del funcionario dimitente y la posterior inculpación a la entrevistadora demuestran que, contrario a lo dicho por el presidente Santos, el Gobierno Nacional tiene información sobre dineros y bienes de ese grupo, así como voluntad de no presentarla al país.


Ayer, el árbol de los secretos mejor guardados por ese grupo fue parcialmente sacudido por el fiscal encargado, José Fernando Perdomo, quien desde Nueva York confirmó a los medios de comunicación que el Gobierno Nacional tiene información sobre esas riquezas y reconoció que la Fiscalía ha confirmado que “las Farc se han financiado tradicionalmente de delitos como el secuestro, minería ilegal, extorsión y narcotráfico”. Bienvenido el reconocimiento, así medios de comunicación como Caracol hayan hecho ediciones tan minuciosas que omitieron incluir al narcotráfico entre los negocios de ese grupo. El jefe investigador agregó que “por supuesto que mucho dinero de esa guerrilla conseguido con las actividades ilícitas fue invertido en el exterior, la información de ese dinero apunta a Centroamérica”, dejando campo a preguntas, cuando no especulaciones, sobre las fortunas que miembros de las Farc manejan en paraísos fiscales, como Suiza, donde el Departamento del Tesoro de Estados Unidos investiga a Ómar Arturo Zabala Padilla, alias lucas gualdrón, y otros jefes farianos como “narcotraficantes especialmente designados”. 


La exigencia de verdad a las Farc, que han demostrado que no la ofrecerán, y el esclarecimiento de las autoridades sobre los bienes acumulados por esa organización, es una demanda porque se cumplan los mínimos, que para muchos son demasiado mínimos, de justicia transicional acordados en la Mesa de conversaciones. Decir la verdad sobre los delitos cometidos y los réditos conseguidos por ellos es respetar a la sociedad, que en su conjunto ha sufrido por los crímenes de guerra y lesa humanidad, así como ofrecer a las víctimas una pequeña parte de lo que les arrebataron. Si esa verdad se refiere a los recursos que afanosamente ocultan lo que de ella se esperaría es que se pusiera al servicio de la reparación material de quienes directamente sufrieron los daños.


La intervención del fiscal (e) Perdomo ha sido tratada en algunos medios de comunicación cercanos a la Casa de Nariño como “una traición” al presidente Santos, atribuible a la decepción burocrática del funcionario. Con sólo su existencia, esta perspectiva sobre uno de los más importantes campos de intervención de la Fiscalía General de la Nación desdice de ese organismo y confirma los equívocos en los que la sumió el infausto doctor Montealegre. En estas condiciones, cobra especial relevancia la designación por la Corte Suprema de Justicia de quien asumirá la dirección del órgano responsable de “investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores ante los juzgados y tribunales competentes”, según el Artículo 250 de la Constitución. Tras el penoso espectáculo de convocatoria pública de aspirantes, que puso suspenso a la escogencia de las tres personas que siempre fueron favoritas, ha sido conformada una terna de allegados al Gobierno. En ella sobresale el exministro Yesid Reyes como la persona que pudiera liberar al país de la carga de un órgano investigador postrado. Con rigor, independencia, transparencia y la instauración de controles eficientes al fiscal, que acumula gran poder y capacidad nominadora, es posible albergar la esperanza de recuperación del ente que es alma de la justicia penal.