Economía

Cartel forced consumers to buy expensive notebooks
Cartel obligó a consumidores a comprar cuadernos caros
Autor: Igor Eduardo Torrico Silva
12 de Abril de 2016


Dos de las tres empresas participantes suscribieron acuerdos con la Superintendencia en condición de “delatoras”, Kimberly y Scribe, con los cuales podrían ser exoneradas del 100% del pago de su sanción.


Foto: Hernán Vanegas 

Los consumidores se encontraron durante catorce años diferentes marcas con el mismo precio.

Para evitar que el consumidor de cadenas prefiriera comprar un cuaderno intermedio en vez de uno ‘premium’, las empresas involucradas en el cartel acordaron no vender la línea denominada Ecoplus (…)”, señala, entre otros aspectos, el informe motivado del superintendente delegado para la Protección de la Competencia referido al caso de presunta cartelización de los cuadernos, en el que las empresas involucradas se repartieron el mercado y anularon la verdadera competencia, haciendo que los usuarios no pudiesen comprar los cuadernos más baratos, sino al precio preestablecido por ellos. 


El superintendente delegado encontró que las empresas investigadas: Carvajal Educación S.A.S., Colombiana Kimberly Colpapel S.A. y Scribe Colombia S.A.S. “participaron en un acuerdo permanente e ininterrumpido para la fijación de precios mediante la concertación sobre el precio de venta de los productos, el porcentaje de incremento de ese precio y el porcentaje de descuento que podrían conceder a los canales de comercialización”, práctica conocida como cartelización.  


Señala la investigación que esta conducta se inició en 2001 y, según el material probatorio encontrado, se mantuvo hasta principios del año 2014. El cartel incluyó el segmento económico, intermedio y premium de los cuadernos.


En sus inicios, el acuerdo fue sostenido entre Carvajal Educación S.A.S. y Colombiana Kimberly Colpapel S.A., hasta agosto de 2011 que esta última vende su línea de cuadernos a Scribe Colombia S.A.S, empresa que continuó con el referido acuerdo hasta inicios del 2014.


Las multas para las empresas, en caso de encontrarlas responsables, pueden ascender hasta los $68.945’400.000 (100.000 salarios mínimos) y, a su vez, las personas naturales podrán ser multadas en su conjunto con hasta $1.378’908.000 (2.000 salarios mínimos).


Consultado sobre estas investigaciones, Andrés Ospina, director del departamento de quejas y reclamos de la Confederación Colombiana de Consumidores, señaló enfáticamente que esta entidad apoya siempre de manera incondicional el trabajo que viene desarrollando la Superintendencia de Industria y Comercio.  


Recordó que la ley no permite “monopolios para darle un manejo artificial a los precios en el mercado y seguramente esta medida de la Superintendencia va a redundar en beneficio de todos los consumidores”.


Anselmiro Bañol, presidente de la Asociación de Consumidores de Medellín y Área Metropolitana de Valle de Aburrá, coincidió con Ospina en apoyar estas acciones de la Superintendencia.


Finalmente, se pudo conocer en declaraciones del superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, dadas a RCN Radio, que las personas que se consideren afectadas por esta cartelización de precios tienen el derecho de solicitar indemnización ante las autoridades judiciales. Las acciones “podrán ser de carácter grupal a través de la acción de grupo, que es como se hace en otros países del mundo”, explicó Robledo.


Para la decisión final sobre este presunto cartel, primero, se deben esperar 20 días hábiles para que los investigados presenten sus descargos. Luego, se convocará al Consejo Asesor de Competencia que emitirá su recomendación al superintendente, quien tomará la última decisión. 



¿Cómo se hizo?

Explica el informe que la cartelización se hizo a través de cinco vías: la fijación de precios de los cuadernos del segmento premium a través del establecimiento de porcentajes de incremento de las listas de precios base, acorde con el cliente y el canal de comercialización; fijación de “precios de salida” o precios mínimos en el segmento de cuadernos económicos e intermedios; fijación de una política de no descuentos a consumidor final; reclasificación de clientes y fijación de porcentajes máximos de descuento respecto de los cuadernos obsoletos.


Entre los documentos más relevantes usados en la decisión del superintendente delegado está un correo electrónico interno de la empresa Scribe  de fecha 7 de mayo de 2012 en el que se puede leer lo siguiente: “No colocaremos Económico, Ni ecoplus en las cadenas, No admitiremos devoluciones Sueltas (sic) en ningún cliente, No patrocinaremos descuentos a consumidor final en ningún cliente, No haremos activaciones en puntos de venta con Bonos Sodexho y No admitiremos devolución total en ningún cliente”.