Editorial


Mediocre pol韙ica minera
10 de Abril de 2016


La ausencia de empresas mineras formales no ha sido garant韆, sin embargo, de protecci髇 a la vida, de sostenibilidad y de gesti髇 integral del desarrollo de las regiones.

Vista con otros 109 países o estados calificados como jurisdicciones mineras, Colombia se encuentra en el puesto 29 en el Índice de potencial minero, categoría que estudia la capacidad geológica y las posibilidades de su explotación, según parámetros de la Encuesta anual minera que realiza el Instituto Fraser, un centro de pensamiento canadiense ajeno a los partidos políticos, que realiza análisis de la economía y el desarrollo, incluyendo esta investigación anual. A través de encuestas a casi 500 inversionistas mundiales, este trabajo también construye el Índice de percepción de las políticas, que califica la seguridad jurídica e impositiva y las decisiones políticas, judiciales y la presión de grupos de interés en las jurisdicciones. Como era de esperarse, a Colombia no le va muy bien en este índice al ocupar el puesto 70 entre 109. La combinación de estos indicadores forma el Índice de atracción de la inversión en minería, en el que el país, a pesar de estar entre los 30 primeros con más potencial minero, baja al puesto 55, justo en el medio de las jurisdicciones estudiadas. Este estudio y las incertidumbres políticas, jurídicas y de seguridad del entorno minero seguro serán temas centrales del Congreso Minero, convocado para el 21 de abril en Cartagena.


Desde 2011, con ligeras variaciones, Colombia ha permanecido en el nivel medio de los territorios mineros analizados. Ello en virtud de que su potencial geológico no es investigado, desarrollado y protegido adecuadamente por instituciones sólidas que actúen coordinadamente a fin de obtener el máximo provecho social y económico de riquezas excepcionales mientras ejerce la máxima vigilancia sobre los concesionarios legales de títulos de explotación, como lo hacen los países nórdicos o Australia. La falta de una política sólida se explica en la inestabilidad del Ministerio de Minas, cartera que en los seis años del Gobierno del doctor Santos ha sido ocupada por seis ministros, de los cuales sólo uno era ingeniero con experiencia en petróleo y otro era economista, también experto en petróleo. La inestabilidad que se documenta con las compañías expertas en política minera es del mismo orden de la que se ha presentado en la gestión del recurso hídrico y que fue la causa evitable de los sobrecostos y amenazas de racionamiento en los servicios públicos de agua y energía eléctrica.


Las decisiones restrictivas de las concesiones y entrega de títulos mineros han limitado, y muchas veces impedido, la gestión de mineros acreditados y sujetos de controles institucionales de autoridades colombianas y organismos multilaterales cada vez más vigilantes de las actividades que pueden afectar el medio ambiente. Estas también son, y así debe suceder, por organizaciones sociales locales e incluso nacionales. Los controles se han presentado como garantías de protección del medio ambiente y las comunidades nativas que potencialmente serían afectadas por la explotación minera. La ausencia de empresas mineras formales no ha sido garantía, sin embargo, de protección a la vida, de sostenibilidad y de gestión integral del desarrollo de las regiones. La noticia sobre la judicialización de catorce mineros del Cauca, implicados en crímenes como el secuestro, la financiación de grupos criminales (en este caso el Eln), la corrupción de agentes del Estado y afectaciones ambientales como la desecación de un río (el Sambingo) es demostración de que el cerco a la minería responsable ha abierto las puertas a la expansión de poderosos agentes de la minería ilegal, que actúan en conjunto con las organizaciones criminales que también están asociadas al narcotráfico, la extorsión, la siembra de minas antipersonal y otras formas del terrorismo. Explotadores desordenados de los recursos naturales y criminales económicos, estos grupos dañan el ambiente, las comunidades y al Estado.


Acciones como la de la Fiscalía en el suroccidente del departamento del Cauca e intervenciones como las que inicia la Gobernación de Antioquia para controlar abusos con la gestión hídrica develan las ausencias de las autoridades nacionales y el Gobierno Departamental precedente en el que se demuestra es uno de los problemas con mayor impacto para la seguridad, la sostenibilidad y el desarrollo integral de las zonas afectadas por la criminalidad, en primer lugar, pero también de la Nación en su conjunto.