Columnistas


El valor de la Resolución CRA 720 de 2015
Autor: Carlos Alberto Atehortua Ríos
8 de Abril de 2016


Esta semana entró en vigencia la Resolución 720 de 2015, expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable, CRA, y con ella, una transformación sustancial en entendimiento que debe tenerse de la actividad regulatoria en Colombia.

Esta semana entró en vigencia la Resolución 720 de 2015, expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable, CRA,   y con ella, una transformación sustancial en entendimiento que debe tenerse de la actividad regulatoria en Colombia, pues buena parte de sus contenidos toman como fuente formal de derecho la doctrina de la Corte Constitucional, además,  de manera implícita reconoce las tensiones que han quedado de manifiesto,entre principios del Estado Social de Derecho  y la Ley 142 de 1994, tal como lo ha expresado la propia  Corte en el Auto 587-15. 


Aunque desde hace varios años, se ha venido reconociendo el alcance  de los efectos de la sentencia C-150 de 2003, que impide a los entes reguladores expedir normas sin antes dar oportunidad de participación a las organizaciones de usuarios, esta participación no siempre es cumplida, un ejemplode ello fue lo ocurrido con  las normas expedidas por la Comisión de Regulación de Energía, mediantelas resoluciones 159, 168 y 176 de 2015, que en la práctica decidieron incrementos tarifarios para los usuarios, sin discusión social alguna. 


A diferencia de lo hecho por la Creg, la Resolución 720, expedida por la CRA, fue el producto de amplias discusiones sectoriales y si los usuarios no participaron tan activamente como es deseable, es porque no hemos hecho pedagogía de la importancia de la participación ciudadana en la actividad regulatoria, lo que no le es imputable exclusivamente a la CRA.


Pero además de la participación deben reconocerse dos importantes avances en la regulación, el primero, abandonar la idea de que las tarifas se construyen de la misma manera de los precios, por lo tanto no deben incluir valores diferentes a los necesarios para la prestación del servicio, en este caso se entendido claramente que el servicio de aseo está asociado al concepto de limpieza urbana y por ello manteniendo la orientación de la sentencia C-1043-03, se ha incluido en la tarifa nuevos componentes que permitirán tener un concepto integral de áreas limpias;  el barrido y limpieza de vías públicas, el corte de césped y la poda de árboles entre otros componentes del servicio  hacen parte de las tarifas.


Pero además, lo que puede ser más importante es que la Regulación avanza en la separación entre el servicio de aseo y el aprovechamiento, permitiendo que el aprovechamiento y en particular el  reciclaje y las actividades que desarrollan los recicladores sean remuneradas, como cualquier otro servicio y que desde el punto de vista tarifario, el aprovechamiento no sea tan solo una alternativa de la disposición final; en este sentido de avanza positivamente en el acatamiento de la doctrina de la Corte contenida especialmente en el Auto 275-11.


Aunque el tema se encuentra aún en construcción, pues será necesario esperar a que se adopten medidas de discriminación positiva que protejan el trabajo de los recicladores, de tal manera que esa población discriminada reciba efectivamente los beneficios de la nueva regulación y sean justamente remunerados, el caso es que se ha avanzado, aunque hay que reconocerlo aún es necesario dar varios pasos adelante.


Ahora, lo que es de esperar es que paralelamente a la participación y a la protección de los derechos de la población vulnerable, se avance en el camino de protección de los derechos de los usuarios; se establezca un régimen de tarifas eficientes y solidarias,que faciliten su pago y que se rijan por principios de solidaridad y redistribución de ingresos, tal como lo prescribe la Carta.


Lo importe por ahora, es que mientras para algunos, servicios públicos son solo negocios y concentración de capitales, para otros estamos en presencia de un tema social, donde asuntos como: (i) la protección del medio ambiente; (ii) el uso espacio público en condiciones adecuadas; (iii) los derechos de la población discriminada; (iv) la protección de los usuarios; y (v) la redistribución social de la riqueza, juegan un rol importante.