Editorial


La consulta de Envigado
7 de Abril de 2016


Es de gran interés que esta convocatoria de la Registraduría hubiese coincidido con la emergencia por el deterioro de la calidad del aire en todo el Valle de Aburrá.

El acto de convocatoria a consulta popular para el 10 de julio, a fin de que los envigadeños definan la vinculación de su municipio al Área Metropolitana del Valle de Aburrá, inicia el último y uno de los más difíciles tramos del proceso de construcción de acuerdos hacia la reconstrucción del diálogo y la articulación administrativa de los diez municipios alrededor del río Medellín, cinco de los cuales se encuentran conurbados.


La decisión se ha alcanzado tras esfuerzos continuados desde el año 2004, cuando el entonces gobernador Aníbal Gaviria, y los alcaldes Sergio Fajardo, de Medellín, y Héctor Londoño, de Envigado, acordaron que el municipio que había buscado amparo judicial para separarse de sus “hermanos”, fuese invitado a la junta directiva del Área Metropolitana. Esta participación y el diálogo reabierto fructificó en acuerdos para la construcción de un tramo de Metroplús en ese municipio, hecho que significó gran diferencia frente a los conflictos de diez años antes por el trayecto del Metro en esa ciudad, además del de vinculación de la Ciudad Señorial al Parque Central de Antioquia. El propósito ha recibido en los últimos meses el impulso del director del Amva, Eugenio Prieto, y el alcalde de Envigado, Raúl Eduardo Cardona, quienes convencieron al Concejo Municipal de aprobar el acuerdo de convocatoria a la consulta y abrir el proceso a la votación de la ciudadanía.


Así como es motivo para reconocer y celebrar, la apertura del proceso de consulta también puede ser el más retador de los pasos de este proceso, por cuanto exige que los interesados desarrollen una intensa pedagogía con ciudadanos que, lo mismo en Envigado que en otros municipios del Valle de Aburrá, han participado durante los últimos 35 años de las tesis separatistas, fundadas en una arrogante concepción del poder como capacidad de dividir cuando no se logra imponer la visión particular de los problemas y soluciones. Complementando al discurso sobre los capitales sociales de la identidad regional, el respeto por el medio ambiente y la solidaridad, se necesitará apelar a circunstancias concretas que demuestran nuestro destino común, para buscar la aprobación de la iniciativa. 


Es de gran interés entonces que esta convocatoria de la Registraduría hubiese coincidido con la emergencia por el deterioro de la calidad del aire en todo el Valle de Aburrá, situación que demuestra que los diez municipios comparten un sistema de laderas, un río, aire, fauna y flora, lo que implica que las decisiones de cada uno impactan necesariamente la vida en los demás. Con la emergencia también se ha logrado, por gestión del Amva, la formulación de un acuerdo de los diez municipios para unificar el pico y placa de vehículos particulares, taxis y motos de dos tiempos, ofreciendo un aporte, por ahora limitado, al mejoramiento de las partículas suspendidas en el valle. Este ejercicio demuestra que las autoridades tienen capacidad para unir fuerzas para controlar a los mayores responsables de la emisión de gases contaminantes, en especial los vehículos que han eludido la chatarrización o sus obligaciones con el mantenimiento de los motores, acciones estas con mayor impacto potencial que la delegación de la responsabilidad de no contaminar en los ciudadanos del común, importantes pero no principales actores en el fenómeno de la contaminación urbana.


Confiados en la sensatez de la ciudadanía que se reconoce habitante de una subregión, más que de alguno de sus municipios, avizoramos en este proceso la apertura a un nuevo momento en el que los distintos alcaldes y concejos municipales se sientan convocados al diálogo y dispuestos a colaborar para construir consensos que permitan formular el diagnóstico de la subregión y, consecuente con él, compartir propósitos y metodologías de planificación de las intervenciones físicas, ambientales, en seguridad y en procura de la equidad, así como la implementación de controles compartidos que propicien el cumplimiento de los planes acordados.