Editorial


De la censura al control
6 de Abril de 2016


Compete a los órganos de control analizar si en las equívocas actuaciones de los partícipes en la subasta, la financiera Scotiabank y el Ministerio de Hacienda, hubo detrimento patrimonial.

El debate de moción de censura al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, a propósito de la venta de Isagén queda en los registros del Congreso como uno de los momentos más importantes en el esfuerzo de controvertir y contener la costosa desinversión del Estado en la única generadora de energía eléctrica con propiedad mayoritaria del Estado central. El debate demostró que el Gobierno Nacional se empeñó en amalgamar a los congresistas de la Unidad Nacional para contener la medida excepcional del control político. Exitosa para el empeño puntual, la actuación de la maquinaria gubernamental pasó sobre la democracia interna de los partidos y la consolidación del Congreso como escenario para la libre discusión, afectando las instituciones políticas. El plumazo no logra, sin embargo, borrar los serios interrogantes de la opinión pública sobre esta venta. Por otra parte, hace más necesario el ejercicio de control por las instituciones nacionales y los organismos multilaterales competentes para vigilar y decidir sobre estos procesos.


Los congresistas que pudieron intervenir pusieron sobre la mesa muy importantes interrogantes sobre las decisiones del Gobierno en la convocatoria y realización, en apretado cronograma, de la subasta de la mayoría accionaria de Isagén y las dudas porque se haya presentado “colusión” del Gobierno, la chilena Colbún y la canadiense Brookfield son tan inquietantes como la denuncia del expresidente Uribe de que en la operación se vendieron más de 300 millones de megavatios/hora de capacidad instalada por un millón de dólares el megavatio/hora, cuando la construcción de un nuevo megavatio/hora de capacidad instalada puede costar entre dos y 2.5 millones de dólares, eso si fuere posible encontrar lugares aptos para construir estas obras, como sí lo son los embalses del oriente antioqueño. Inquieta que en ese contexto, Jorge Valencia, director de la Unidad de planeación minero-energética  haya tomado la vocería del Gobierno Nacional para desprestigiar la construcción de nuevas centrales hidroeléctricas, uno de los potenciales más importantes del desarrollo económico del país y de las formas de generación eléctrica más baratas y ecológicas hasta ahora conocidas. 


Aunque no se expusieron en el Congreso, el debate también dejó para el análisis las ideas expuestas ante el Consejo de Estado, una de ellas incoada por ochenta senadores, y las que han sido defendidas por congresistas de distintos partidos a los que el lunes se les aplicó la ley de bancadas, imponiéndoles el silencio de lps argumentos ya expresados en otras acciones. Fue así como quedaron sin repuesta los interrogantes sobre la venta a menor precio del valor real de la generadora, considerando la devaluación del peso, o la falsa motivación para la venta de Isagén, demostrada en declaraciones de funcionarios del Gobierno y la propia empresa que en sucesivas intervenciones negaron que la Financiera de desarrollo nacional estuviese necesitada de recursos para apalancar a futuros concesionarios de las vías 4G.


Los déficits en la valoración, que afectarán a otras empresas públicas como EPM y a accionistas privados, así como la real destinación de los recursos fruto del ahorro de los colombianos para construir un sistema eléctrico sólido, son preguntas que también tiene la ciudadanía que, en marchas y encuestas, está demostrando su descontento con medidas ajenas a su querer. Mientras se responden, compete a los órganos de control analizar si en las equívocas actuaciones de los partícipes en la subasta, la financiera Scotiabank y el Ministerio de Hacienda, hubo detrimento patrimonial del tesoro público, fallas disciplinarias de los funcionarios participantes del proceso, o delitos de públicos y privados. Y, en tratándose de una operación de importantes compañías multinacionales de los sectores financiero y eléctrico rodeada de sospechas por acuerdos que habrían impedido la presencia de otros participantes o manipulado el valor de las empresas, caben las investigaciones de los organismos multilaterales responsables del control a los delitos financieros, las trampas fiscales y la corrupción, esta última motivo de preocupación mundial por el carácter de quienes participan en esas operaciones y la gran magnitud de los recursos afectados.