Editorial


Un sueño ¿imposible?
5 de Abril de 2016


El último informe Monitor reportó que en 2014 se despejaron en el mundo 200 Km2 de tierras sembradas con minas, de los que fueron erradicadas más de 230.000 minas antipersonal y 11.500 minas antivehículo.

En nueve años, el mundo debería ser un lugar sin minas antipersonal. Ambiciosa y compleja, es la meta que fijó la Campaña mundial contra las minas antipersonal como lema orientador del Día mundial de sensibilización contra las minas antipersonal y por la acción antiminas. Ganadora del Nobel de Paz en 1997, gracias a su gestión por el Tratado de Ottawa contra las minas antipersonal y municiones sin explotar, la Campaña es referente para gobiernos y organizaciones que buscan erradicar esos artefactos de muerte. Para alcanzarlo, educan a la población amenazada, denuncian su uso y claman por desminados humanitarios, que aún no contrarrestan la siembra de artefactos en los países más afectados, siendo Afganistán y Colombia los primeros, y su reaparición en naciones antes despejadas, como Ucrania y Omán.


Colombia no puede abrigar gran esperanza de superar la tragedia por la siembra masiva de minas antipersonal por organizaciones criminales. Según el último informe Monitor, realizado por esa Campaña y publicado en diciembre de 2015, durante los 25 años anteriores a diciembre de 2014, 11.102 colombianos fueron víctimas de accidentes con minas antipersonal que activaron en caminos que estaban obligados a recorrer y que las organizaciones criminales convirtieron en trampas mortales. De ellos, 2.219 murieron, mientras que 8.883 sufrieron heridas, la mayoría de las cuales implican la pérdida de órganos de los sentidos, órganos o de extremidades. El 30% de las víctimas fueron niños. A diferencia de lo ocurrido en 2014, cuando el país registró 290 víctimas de estos artefactos, en 2015 las víctimas fueron 218. Ese resultado ha sido celebrado por Acción contra las minas, organismo del Gobierno Nacional responsable de la prevención, el desminado y la búsqueda de acompañamiento a los esfuerzos del país contra estas armas. El Gobierno no explica si sus resultados obedecen a la menor siembra de minas; a la reducción de operativos de patrullaje y de combates del Ejército contra los campamentos y las zonas sembradas con cultivos ilícitos, o, como alertó el Cicr, al temor de los campesinos que han retornado a sus predios, pero no circulan por sus veredas, o a la falta de denuncia de los accidentes.


El optimismo del Gobierno Nacional frente a la reducción de accidentes conecta con la imprecisión al fijar responsabilidades de las Farc, duración de los trabajos y alcances de los acuerdos suscritos de desminado, que se han presentado como suficientes para liberar a Colombia de una amenaza que pervivirá tras la firma de acuerdos de fin del conflicto. La prueba piloto de esta iniciativa es el desminado humanitario en la vereda Orejón, de Briceño, Antioquia, donde las autoridades departamentales han hecho suyo el miedo de los campesinos por la incierta segunda etapa del desminado. En ella, señalan, no se vislumbra el propósito de levantar artefactos en zonas aledañas al pequeño espacio de 12.000 metros cuadrados (0,012 Km2) del que fueron erradicadas 33 minas antipersonal. Al miedo por la presencia muy amenazante de las minas de la guerrilla, esos campesinos agregan el que empiezan a tener tras los anuncios de que, gracias a la tecnología adquirida de guerrilleros que hoy filan con ellos, la bacrim de los úsuga está sembrando sus caminos con más minas antipersonal, que destinarán a proteger sus negocios criminales o los campamentos de sus jefes, como hasta ahora lo han hecho las Farc y el Eln.


El domingo, las víctimas de minas antipersonal convocaron en Bogotá la carrera Presta tu pierna 11K. Realizada desde 2012, ella es su mecanismo para recordar al país que soldados, mujeres, niños y civiles, corren grandes riesgos cuando atraviesan los caminos vecinos a sus viviendas y fincas, que son usados por guerrillas, paramilitares y bacrim para sus negocios y campamentos. Poco divulgada y escasamente acompañada, esa marcha demuestra que falta ciudadanía que entienda una tragedia que afecta a la mayor parte del país rural. Mientras, víctimas y amenazados temen que los 50 millones de dólares del Gobierno de Estados Unidos no servirán para liberarlos del miedo, pues, como señala el Cicr, “no se sabe exactamente cuántas (minas y municiones sin explotar) hay ni cuánto tiempo tomará limpiar todo el territorio para que las comunidades afectadas vuelvan a caminar sin miedo”.