Editorial

Ecos de la marcha
4 de Abril de 2016


Reclaman ser reconocidos como parte necesaria para formar la institucionalidad plural, o sea verdaderamente democrática.

Colombia ha sido sorprendida por sí misma. Las protestas del sábado presentaron a una ciudadanía en marcha para exigir reconocimiento y respeto a su condición de parte necesaria, legal y legítima, para el propósito de fortalecer la democracia y sus mecanismos. Con los eventos en 25 municipios los ciudadanos demostraron vocación para superar distintas adversidades, algunas atribuibles a los organizadores, entre ellas el día de su realización, así como la amplitud de temas de la convocatoria; otras, como el silencio de los medios, las agresiones en redes sociales o las amenazas a la ciudadanía, propias de un entorno hostil. Tras esas manifestaciones, el país es otro, o debería serlo.


La dimensión de las marchas del sábado se entiende comparada con otras actividades equiparables. Sin duda, y a pesar de la buena voluntad, esta fue mucho menos concurrida y universal que la del 4 de febrero de 2008, que sumó a centenares de miles de colombianos en el país y el mundo, alrededor del lema Colombia soy yo, que reclamaba el fin de las agresiones de las Farc. Esta, la mayor movilización ciudadana y pacífica en la historia del país, fue dramática respuesta a abusos dolorosos, como la mediatizada oferta de liberación, incumplida, de Emmanuel, el hijo de la secuestrada Clara Rojas. Pero la manifestación de ayer sí fue mayor por los lugares de reunión y número de participantes, que las convocadas por el Gobierno Nacional el 9 de abril de 2015 para apoyar la negociación, con aportes como el del generoso Gustavo Petro, que como alcalde de Bogotá declaró día sin trabajo oficial y sin clases en las instituciones de educación públicas. 


Con su espontáneo caminar del sábado, la ciudadanía ha tomado la palabra para expresar múltiples descontentos por la forma como el Gobierno Nacional viene guiando el país. Como principal razón de malestar, que habría logrado mayor convocatoria si hubiese sido la única, estuvo la indignación con unas negociaciones con las Farc, y ahora el Eln, que no han cumplido la promesa de poner a las víctimas en el centro de los acuerdos y siguen sin ofrecer garantías de desarme de esos grupos criminales y de desmovilización de sus integrantes. Esta fue acompañada por motivos que también hubieran logrado amplias convocatorias por sí mismos, como la parcialización de la justicia, la inaceptable venta de Isagén o los desaciertos de la política económica. No por dispersas en sus propósitos y discursos, las voces de esta marcha han de ser silenciadas o ignoradas como actores fundamentales de la sociedad colombiana.


Con su presencia, y sus reclamos en redes sociales, los ciudadanos han llamado la atención de los medios de comunicación que omitieron mencionar la convocatoria, exhibieron fuertes prejuicios para ridiculizarla y que no dimensionaron, y nos contamos entre ellos, la fuerza de la ciudadanía. Absortos en compromisos ajenos a su vocación de escenarios en los que han de converger las distintas posturas de la sociedad y copartícipes de la pretensión de satanizar las divergencias, los medios están dejando en segundo lugar obligaciones como observadores honestos de la realidad e intérpretes de las voces ciudadanas, a las que la democracia reconoce como únicas fuentes confiables de veracidad y razón pública. Con los medios de comunicación, a veces delante de ellos, van algunos activistas que se atrincheran en las redes sociales para aumentar la pugnacidad que levanta muros divisorios entre personeros de visiones diferentes, desvirtuando el propósito de las que debieran ser puertas a la conversación y la búsqueda de entendimientos.


De manera irrebatible, esos colombianos han reclamado del Gobierno y los partidos de la Unidad Nacional al frente del Congreso, que los reconozcan como parte necesaria para formar la institucionalidad plural, o sea verdaderamente democrática, que sí consiga, como desean los actuales personeros del Estado, conducir la vida pública a las condiciones de un posconflicto caracterizado por la reconciliación, el uso de la palabra y la construcción de consensos sobre los grandes temas nacionales, ese sí el escenario deseado, y posible por la voluntad de quienes pueden construirlo.