Editorial


La infancia desamparada
22 de Marzo de 2016


En La Guajira la situación no sólo no cambia, se agrava, y los líderes de los Wayúu insisten en exigir soluciones estructurales.

Según datos de la Unidad de Víctimas, divulgados por El Tiempo, 9.000 menores de edad han sido víctimas de reclutamiento por grupos criminales, 3.000 de ellos por las Farc. Por su parte, el Instituto Nacional de Salud confirmó que en las primeras once semanas de 2016, la desnutrición ha causado la muerte de 42 niños y niñas, la mayoría de ellos residenciados en La Guajira, Magdalena, Tolima y Meta (donde el Ejército acaba de rescatar a catorce en agudo estado de desnutrición). Menores en cantidad, no en gravedad, son las muertes en Chocó, Valle y Vichada. Las realidades documentadas contrastan con los eventos de las Farc y el Gobierno Nacional para ocultar la gravedad de tragedias que causan o dejan de atender.


El pasado 15 de febrero se conoció un nuevo anuncio de la Farc, según nuestros registros sería el tercero desde el comienzo de las negociaciones, sobre el cese del reclutamiento de menores de edad y la liberación de sus víctimas. Una semana después, cuando transcurría la polémica por el proselitismo armado en La Guajira, ese grupo realizó en Puerto Rondón, Arauca, un evento mediático para presentar a medios de comunicación y observadores internacionales a un adolescente de 15 años, que había reclutado en marzo de 2015, a pocos días de comprometerse con el cese de esa violación al DIH. En ese único evento no se ofreció claridad sobre la reparación a esas víctimas. Posterior a él, los medios de comunicación persistimos en el error de seguir calificando a esos reos como “combatientes”. 


Mientras todos se hacen los de la vista gorda con falsos anuncios, la sombra del reclutamiento sigue creciendo por cuenta de las bandas criminales y la delincuencia urbana asociada a la extorsión y el microtráfico. Y lo hace al amparo de decisiones como la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que borró el límite objetivo a la cantidad de droga que constituye una “dosis personal” amparando el mayor consumo de sustancias cuya distribución y venta ilegal se hace en forma creciente mediante el reclutamiento de menores de edad en desamparo.


En la mañana de ayer se informó de la muerte de Pedro, un niño Wayúu de dos años de edad que no resistió los antibióticos con que los médicos buscaban controlar una infección respiratoria asociada a su avanzado estado de desnutrición. Cuando revelaron la tragedia, directivos de la clínica Santa Catalina, de Barranquilla, reportaron que otros tres niños remitidos desde La Guajira permanecían hospitalizados, dos de ellos con pronóstico reservado y el tercero en estado crítico. El inicio de sus tratamientos fue posterior a las espectaculares visitas de funcionarios del Gobierno Nacional en algunas de las rancherías afectadas por la sequía y la falta de acceso a alimentos y protegidas por medidas cautelares, aún desatendidas, emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 


En La Guajira la situación no sólo no cambia, se agrava, según denuncian los líderes de los Wayúu que buscaron las medidas cautelares e insisten en exigir soluciones estructurales, como la Ley de seguridad alimentaria que espera trámite en la Cámara de Representantes. En forma casi simultánea, estos dirigentes y el fiscal anti-corrupción de La Guajira han denunciado que durante los últimos días arreciaron las amenazas de particulares interesados en que detengan su empeño de hacer visible una crisis que demanda atención inmediata y acciones judiciales contra los responsables. Así las cosas, ganan credibilidad las preguntas sobre el verdadero interés del Icbf, el Ministerio de Vivienda y las restantes autoridades, por atender una crisis acumulada en años de desidia y agravada por la indolencia del centralismo. 


Aunque es un proyecto de 2015, en estos días se ha dado relevancia a los resultados del Índice de Progreso Social para el país y para diez ciudades, tema al que habremos de referirnos en otro espacio. Aunque el indicador global pone a Colombia en alentador puesto 49, con desempeño medio alto, los resultados en progreso social, particularmente en combate a la desnutrición y acceso a la seguridad, lo hacen caer al puesto 78, en el rango medio-bajo, confirmando poca preocupación o capacidad del Estado para enfrentar problemas de su competencia, así como inacción de la ciudadanía, a la que no le va más su papel como simple espectadora de eventos mediáticos.