Columnistas


Temas de interés en el sector de las TIC
Autor: Carlos Alberto Atehortua Ríos
18 de Marzo de 2016


Tres temas merecen una mayor reflexión por parte del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones...

Tres temas merecen una mayor reflexión por parte del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, son: (i) revivir las ventas atadas en los servicios de comunicaciones móviles; (ii) la reglamentación del principio de precaución en las emisiones radioeléctricas de telefonía móvil celular y (iii) la ejecución de la sentencia C-555-13, que ordenó la reversión de las redes de telefonía celular. 


Esta semana el Ministerio de las TIC  ha liderado la idea de revivir las ventas atadas de los terminales de servicios móviles, las cuales fueron prohibidas por la CRC mediante la Resolución 4444 de  2014,  y que están asociadas al derecho de los usuarios de escoger su proveedor, pero además a la facultad de abandonar a los que fallan en la prestación de sus servicios o abusan de su posición dominante,   además, constituyen el medio para hacer efectivo el derecho a la portabilidad numérica.


Se trata de modificar la decisión adoptada  después de estudios detallados realizados por  la CRC, que además fueron  objeto de debates en la Congreso de la República, cuyo fin fue proteger  a los usuarios mediante mecanismos que obligan a los prestadores de servicios a  mejorar  la calidad de los mismos, además, mejorar los canales de oferta de los terminales, ya que no solo son suministrados por los propias prestadores, sino por almacenes de cadena y otros agentes comerciales.


La justificación del cambio es el “subsidio” que reciben los usuarios, pero ese tema no está suficientemente explicado, pues es necesario que se diga en qué consiste ese subsidio, cuánto es  y quién lo asume, pues, si simplemente se trata de un mecanismos de financiación del terminal y una compensación económica donde el usuario no recibe nada regalado, tal vez la palabra subsidio, no esté adecuadamente utilizada.


El segundo tema es la reglamentación del principio de precaución ordenado por la Corte Construccional, en relación con la ubicación de las estaciones base o antenas  que se utilizan para servicios de comunicaciones móviles, pues después de las sentencias T-1077-12 y T-397-14 y de los Autos 131 y 267-15, lo adecuado es respetar las decisiones de la Corte, y no expresa o implícitamente actuar en contravía de ellas; se deben realizar los ajustes necesarios a la Resolución 1645 y al Decreto 195 de 2005, acatando detalladamente lo ordenado por la Corte.


Desde mi punto de vista, no existe una razón clara para que si la Corte Constitucional en la sentencia T-397-14 decidió: “ORDENAR al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que, dentro del marco de sus funciones y en aplicación del principio de precaución, regule la distancia prudente entre las torres de telefonía móvil y las viviendas, instituciones educativas, hospitales y hogares geriátricos.”.  La orden no se cumpla, se cumpla en forma deficiente o se module la decisión de la Corte que es clara y precisa.


El tercer tema, hace referencia a la “reversión” de las redes de telefonía móvil celular, que de acuerdo con la sentencia C-555-13, deben ser entregadas al Estado; este tema debería constituir una preocupación sustancial para el Ministerio de las TIC y para los organismos de control, pues se trata de asunto de interés nacional, que afecta el patrimonio público y los derechos de los usuarios, y no obstante que la sentencia es del 2013, en el 2016 aún no se ha ejecutado.


No es claro que para ejecutar una sentencia de Sala Plena de la Corte, se deba acudir a un Tribunal de Arbitramento, que ojalá en forma oportuna administre pronta y cumplida justicia, ya que la sentencia de la Corte a pesar de su claridad y contundencia no ha resultado suficiente.


No sé, pero sigo creyendo en la teoría del servicio público, se impone que las decisiones sectoriales, además de ilustradas, se tomen en la vía  de proteger a los usuarios y el patrimonio público.