Editorial


Des-protecci髇 ambiental
15 de Marzo de 2016


Persisten en imaginar que el tr醡ite burocr醫ico de declaratoria de parques naturales o zonas ambientales protegidas consigue espantar actividades econ髆icas ilegales y depredadoras

A la hora del cierre de esta columna, el Ministerio del Medio Ambiente reportaba la existencia de 23 incendios forestales en seis departamentos. La mayoría de las conflagraciones, según el ministro Gabriel Vallejo, ocurrían en sitios de difícil acceso por vía terrestre, situación que dificultaba la contención y el control de llamas que han arrasado bosques en los que los árboles adultos cobijan la vida de rica fauna y flora nativas y albergan el crecimiento de nuevos individuos arbóreos. Estos desastres ocurren cuando el fenómeno de El Niño persiste como peligrosa amenaza para los ecosistemas, pero el dramático diagnóstico dado por voceros del Gobierno es que las causas de la mayoría de los 1.100 incendios forestales ocurridos desde enero, son de origen humano: cazadores que quemaron los nidos de esperadas presas o campesinos -no aclaran si tradicionales o si vinculados a los cultivos ilegales- que abrían la frontera agrícola mediante quemas; un recurso tradicional y barato, preferido por quienes actúan por desconocimiento o minusvaloración del riesgo de su acción, más que por conciencia eco-criminal.


Aunque todos tienen igual importancia ambiental y valor estratégico, los incendios en Unguía, Darién chocoano; la Sierra Nevada de Santa Marta y el Páramo de Santurbán, en Santander, se han destacado por su inmenso significado simbólico. Ellos se presentan en tres de las zonas en las que los ambientalistas radicales, y poco abiertos al diálogo, han enfocado reclamos para que se los proteja en forma tan drástica que se prohíban, o aplacen indefinidamente, las estrategias de desarrollo sostenible y altamente protector que faciliten la realización de actividades económicas legales y formales, sometidas al control del Estado y obligadas a coadyuvar las acciones educativas, protectoras y de control que el Estado ha dejado de realizar, poniendo en riesgo las riquezas naturales del país.


Sin menospreciar los otros símbolos ambientales en riesgo, vemos con gran preocupación el incendio en Unguía, que en siete días ha consumido 1.500 hectáreas de selva virgen y manglares. Las características de inicio, por una quema, y su grado de expansión y amenaza repiten la historia vivida hace dos años, cuando un incendio provocado por cazadores de tortugas destruyó cerca de 4.000 hectáreas de bosque nativo, mismo cuyas acciones recuperadoras no han sido informadas. Resulta, pues, que en un par de años, los dos incendios provocados por acción humana han dejado graves huellas en el Darién Biogeográfico.


Estos incendios en parques naturales, zonas protegidas o regiones de gran valor ambiental, interpelan. Lo hacen con campesinos y cazadores que persisten en prácticas culturales hoy discutidas por sus efectos devastadores, en las mejores situaciones, o que se niegan a asumirse corresponsables de la protección de su entorno natural; su intencional descuido los hace responsables por los efectos de sus actuaciones. También preguntan a las autoridades de los municipios afectados, que descuidan sus obligaciones con la educación ambiental de los ciudadanos, la vigilancia de las zonas en riesgo y la preparación para controlar crisis como la actual. Además, interrogan a los fundamentalistas en el Ministerio de Ambiente, en Parques Nacionales Naturales y en las Cortes, que persisten en imaginar que el trámite burocrático de declaratoria de parques naturales o zonas ambientales protegidas consigue espantar actividades económicas ilegales y depredadoras, y que la prohibición puede ser más eficaz que la presencia y apoyo al Estado que ofrecen los empresarios legales, en su mayoría dispuestos a cumplir con las prácticas de responsabilidad social protectoras de su entorno y forjadoras de futuro. Los graves incendios, además, reclaman a ONG, analistas y académicos que convirtieron el ambientalismo en prédica fundamentalista y, por tanto, excusa para prohibiciones radicales a toda intervención sostenible en los hay abandonados paraísos naturales colombianos.