Editorial


La justicia elige
14 de Marzo de 2016


M醩 que la designaci髇 del fiscal general y otras funciones electorales, la Corte en pleno debe buscar devolverle a la Rama Judicial la majestad que le han querido arrebatar los 醤imos politiqueros.

Tras pasar meses -y en algunos casos años- estudiando distintos candidatos, la Corte Suprema de Justicia eligió a los seis magistrados que suplirán vacancias ocurridas desde mayo de 2014, así como al sucesor de Leonidas Bustos, cuyo periodo culmina el 30 de marzo. Con estos nombramientos y la designación de la magistrada Margarita Cabello en la Presidencia, el tribunal se dispone a atender importantes responsabilidades con la justicia y la elección de fiscal general, de terna enviada por el presidente. Alivia que la doctora Cabello anuncie que “cuando él a bien lo tenga (enviar la terna), inmediatamente procederemos”.


El lapso que la Corte se dio para elegir los magistrados que harán mayoría en la designación de fiscal general, así como en la presentación de candidatos a la Procuraduría y la Corte Constitucional, recordó la zozobra vivida durante la interinidad en la Fiscalía, entre enero de 2009 y agosto de 2010. Entonces, el Tribunal rechazó cinco candidatos -tres de la terna original y dos por cambio de candidatos iniciales- puestos a su consideración por el presidente Uribe. Aquella actuación generó “efectos perversos en la marcha de la justicia” y “la impresión de que aquí los afanes politiqueros y el apetito de poder de los nuevos adalides del ‘gobierno de los jueces’ están dando al traste con la estabilidad de las instituciones” como señalamos el 5 de noviembre de 2009 en el editorial La nueva terna.


Los 23 magistrados que en sala plena asumen la responsabilidad de impulsar la descongestión de sus despachos y del aparato judicial, para lo que será necesario reducir los oprobiosos términos de los actuales procesos judiciales (diez años en los procesos penales o de familia, o un año que tarda la primera instancia de un juicio laboral, según estadística del Consejo Superior de la Judicatura). También tiene esta Corte la inmensa responsabilidad de elegir al sucesor de Eduardo Montealegre, evitando que se genere una angustiante interinidad en cabeza de su alter ego, el doctor Perdomo, posibilidad a la que la opinión pública le tiene tanto temor que logró dejar atrás su indiferencia con los graves problemas de la justicia, a fin de abanderar el reclamo por la resolución de la interinidad en el Tribunal y la pronta elección de nuevo fiscal.


Aunque la función judicial debiera prevalecer sobre potestades nominadoras y electoras que han desviado la razón de ser de las altas cortes, la obligación de elegir al fiscal general de la Nación es una responsabilidad a la que la CSJ presta máxima atención dados el poder, las atribuciones y potestades del funcionario que encabeza todas las investigaciones penales y tiene bajo su mando una planta de más de 20.000 personas. Si el funcionario designado mantiene la orientación del saliente fiscal, el país estará ante una especie de súper-ministro que actúa sin los controles administrativos, disciplinarios y penales de los altos dignatarios del Estado. En efecto, el fiscal saliente demostró que su cargo puede usarse para manejos clientelares, exacerbados en casos como la fallida universidad de la Fiscalía a la que se destinaron $17.000 millones o los escandalosos contratos con la consultora Springer. También, como lo hizo en su inopinada intervención a propósito de la constitucionalidad del plebiscito sobre los acuerdos de La Habana, que el fiscal se siente apto para intervenir en debates ajenos a la política penal del país. Y, además, que usa su poder de intervenir en las investigaciones para orientarlas en perspectiva de sus intereses particulares, no los de un país que clama por el fin de la impunidad y la descongestión de cárceles abarrotadas de ciudadanos detenidos mientras esperan decisiones que dependen, principalmente, de la Fiscalía. 


Pero más que la designación del fiscal general y otras funciones electorales, insistimos que la Corte en pleno asuma la tarea de acompañar los cambios que devuelvan a la Rama Judicial la majestad que le han querido arrebatar los ánimos politiqueros de algunos de sus miembros. Sin abusar de feminismo, tenemos esperanza en la responsabilidad y seriedad de las magistradas Cabello y María Victoria Calle, presidentas de las cortes Suprema y Constitucional.