Columnistas


La izquierda y la democracia
Autor: Dario Ruiz Gómez
29 de Febrero de 2016


Algunas publicaciones han informado sobre las reuniones que han hecho los grupos de izquierda para hacer frente al Postconflicto uniendo fuerzas.

El aprovechamiento de la riqueza hídrica y las condiciones orográficas, unido al conocimiento acumulado durante casi un siglo de desarrollo e investigación, son factores que deberían haber hecho de la generación hidroeléctrica una de las mayores fortalezas económicas y estratégicas de Colombia, para posicionar al país como uno de los grandes exportadores de este insumo, tal y como se llegó a considerar en años recientes, cuando el país estaba en condiciones de hacer alarde de la seguridad de su sistema, así la competitividad de la oferta estuviera, como sigue estando hoy, en un segundo plano. Nos causa extrañeza que, con estos antecedentes, la opinión y el análisis sobre las últimas noticias hayan brillado por su ausencia y los medios se hayan ceñido, únicamente, a informar de la crítica situación del sistema energético nacional, que empujó al Gobierno a respaldarlo con la compra a Ecuador de 7 GWh-día a partir de marzo.


Habituados, como estamos, a buscar explicaciones a las crisis en la gota que rebasa el vaso, el discurso oficial ha señalado nuevamente al Fenómeno de El Niño, y recientemente al problema técnico que ocasionó un incendio en el túnel de acceso a la casa de máquinas de la central hidroeléctrica Guatapé, como detonantes de la decisión de importar el insumo, sin que se pondere la responsabilidad que en la situación actual tienen la mala planeación y deficiencia de los respectivos planes de contingencia y respaldo, que se requieren para garantizar la seguridad de la oferta energética y que ya la crisis de 1990 había puesto en evidencia. Son las acciones y omisiones del Gobierno Nacional las que han arrastrado al sector a su situación actual y, a nuestro juicio, la decisión de importar es el resultado de un cálculo en el que resulta menos oneroso políticamente comprar y alejar el fantasma del apagón, que asumir las consecuencias de un racionamiento que le enrostraría lo inapropiado de haber enajenado a Isagén y la incapacidad de exigirle a Venezuela que cumpla con su obligación de venderle gas al país, tal vez para no afectar las relaciones con uno de los acompañantes del proceso de paz.


Y es que tras el incidente en Guatapé, el sistema interconectado nacional dejó de recibir los 15 GWh-día que genera normalmente la cadena Nare-Guatapé; 8 por la Central de Guatapé y los otros 7 por las centrales de Playas, Jaguas y San Carlos. Tal faltante es el que ha puesto en aprietos el parque energético nacional que, según la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica y el ministerio de Minas y Energía, tiene las térmicas (que eran su plan de contingencia) operando a plena capacidad, lo que nos permitimos poner en duda porque las condiciones de suministro de gas no han cambiado en los últimos meses y, por lo tanto, algunas de las generadoras térmicas deben estar apagadas  o funcionando parcialmente por los altos costos del gas, escenario que obligó a la intervención del Gobierno Nacional a finales del año anterior. Sin embargo, si Isagén no se hubiera vendido, las centrales de Jaguas, Playas y San Carlos podrían estar produciendo hasta más de lo normal pues su generación depende de las aguas que les tributa Guatapé y un acuerdo entre dos empresas del sector público; Isagén como propietaria de Jaguas y San Carlos y EPM como propietario de Guatapé y accionista de Isagén, facilitaría que EPM dejara pasar sus aguas. Pero en el nuevo escenario, con un privado como contraparte, ¿en qué condiciones se haría esa negociación? Por ahora, el Gobierno señala que la energía que aportaba Guatapé la puede cubrir con la generación de Termocandelaria y Termodorada y que será la importación de Ecuador la que cubra el faltante.


Frente al suministro de gas para las térmicas, lo que ha quedado explícito es la falta de planeación, pese a que son muchas las alarmas que desde distintos flancos se han lanzado, la más reciente de ellas, la previsión de la Unidad de Planeación Minero Energética de que en 2017 la producción nacional no alcanzará a cubrir la propia demanda. Aunque se planea que la planta regasificadora de Cartagena entre en operación a finales del presente año, de que existe, según Naturgas, toda una estrategia de exploración en el corto plazo, y de que existen proyectos en desarrollo próximos a empezar a operar en Sucre, bajo Magdalena y Boyacá, el faltante mayor lo representa el incumplimiento de Venezuela al compromiso existente de enviar gas a Colombia desde el 1 de enero pasado, después de que el país le vendiera gas durante ocho años mientras allá se desarrollaba la infraestructura necesaria para explotar sus reservas. Lo más lamentable es que las autoridades nacionales se hayan tragado el sapo de la excusa oficial venezolana, que apelando a una cláusula de fuerza mayor contemplada en el contrato, argumentó que necesitaba mantener en óptimos niveles sus embalses para afrontar el Fenómeno de El Niño, cuando en el sitio web del Ministerio del poder popular para el Ambiente se puede confirmar que en el vecino país, sólo el 6,93% de el uso de los embalses se destina a generación eléctrica. No tenemos noticias de cuándo se va a empezar a recibir ese gas ni de la insistencia con que el Gobierno colombiano haya pedido una respuesta. Lo claro es que con tal suministro, nuestras térmicas sí estarían operando a toda marcha y la capacidad instalada de alrededor de 3,55 GWh sería otro escudo contra la necesidad de la importación, en momentos en que la demanda nacional ha subido (creció 5,7% en enero de 2016 frente al 3% en enero de 2015) y la producción industrial urge condiciones competitivas en el mercado energético para aumentar sus exportaciones.