Editorial


En defensa de Parques del Río
27 de Febrero de 2016


Debe debatirse si Medellín está dispuesta a que las administraciones de turno tengan la potestad, por gusto o disgusto, de decidir si continúan o no con obras en las que ya se invirtieron importantes recursos, pasando por encima de la planeación.

En el imperio de lo efímero, el pensamiento de corto plazo parece estar orientando algunos sectores de la opinión y condicionando la escala de prioridades de la actual Administración Municipal de Medellín. Olvidan que la vida de las ciudades no es efímera ni perecedera, sino que carga siglos de historia a sus espaldas, así como su futuro ha de superar también, por siglos, a los gobiernos de turno. Pensar a Medellín es una tarea inacabada, cuyo punto de partida no se ubica en el mandato anterior y tampoco en el vigente. Habría que remontarse mucho más atrás, tal vez hasta 1870, cuando comienza el auge urbano, o hasta el Plan Piloto de Wiener y Sert, en 1949, para entender que el desarrollo de la capital antioqueña se ha construido sobre acuerdos ciudadanos que han trascendido las diferencias políticas.


La innegable responsabilidad de los gobernantes de solucionar los problemas urgentes de sus comunidades debe ser compatible con la responsabilidad de construir a largo plazo, con la consciencia plena de que así las obras no se terminen en su periodo, han hecho lo correcto. El proyecto Parques del Río Medellín, cuya construcción inició en la Administración pasada pero cuyos primeros debates tienen más de medio siglo, se enmarca en el concepto de las tareas a largo plazo, que no están pensadas para adornar un balance de gestión de cuatro años sino que se proyectan como herencia de futuras generaciones. No de otro modo se entiende su principio rector: devolverle la vida al río y el río a la ciudad y sus habitantes, propósito con más de 30 años de desarrollo y más de 4,5 billones de pesos invertidos por parte de EPM. Y su convergencia con el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT), modificado por mandato de ley -y no por capricho del mandatario de turno- en 2014, y aprobado por el Concejo de Medellín tras un ejercicio de participación ciudadana que vinculó a cerca de 50.000 personas en capacitaciones, talleres y foros, en los que también participaron gremios, empresarios, organizaciones sociales, educativas, ambientales y culturales, que aportaron 1.354 propuestas. Y converge, decíamos, porque el POT deja de mirar el río como receptor de aguas y eje de movilidad y lo empieza a tratar como eje ambiental y de desarrollo urbano, convirtiendo sus franjas en nuevo espacio público para una ciudad que se densifica en altura y que decide no seguir creciendo desordenada e irresponsablemente sobre sus laderas.


Sin embargo, siendo Parques del Río un “proyecto de desarrollo urbano sostenible prioritario”, según el POT, el alcalde Federico Gutiérrez, quien como candidato en 2011 apoyó una idea similar en ese sentido, se muestra ahora reticente y distante de la obra en ejecución, ignorando que si bien él tendrá su propio norte consignado en el Plan de Desarrollo, el cambio de mandato no implica un borrón y cuenta nueva, pues en la práctica está desconociendo los ejercicios juiciosos de planeación que hizo su antecesor de la mano de la ciudadanía, la misma con la cual tanto dice contar el nuevo slogan de la Administración. ¿Cómo explicar las pocas o nulas reuniones que el actual mandatario ha tenido con las distintas entidades que ejecutan, acompañan o hacen interventoría a una obra de tan importantes dimensiones? Tal abandono no sólo ha producido el bajón de ritmo de las obras, sino que muy seguramente provocó el desconocimiento que se hizo evidente en las afirmaciones en torno a supuestos sobrecostos del orden de $100.000 millones, hechas por el Alcalde y su secretaria de Infraestructura, en la primera rendición de cuentas ante el Concejo de Medellín, y reproducidas y amplificadas en tono de escándalo por un medio de comunicación cuya animadversión hacia este proyecto y otros de la pasada Administración, es inocultable y enfermiza.


En buena hora dieron las debidas aclaraciones algunas de las cabezas de las autoridades directamente involucradas, en un ejercicio que demuestra la responsabilidad de los funcionarios más allá de la terminación de sus periodos. Desde su vasta experiencia en la administración pública, con rigor en las cifras y los conceptos, los exfuncionarios explicaron cómo las etapas 1A y 1B fueron presupuestadas en $506.000 millones y provistas de sus respectivos recursos por la Administración anterior. Los valores adicionales -que no sobrecostos- inherentes a toda obra pública dado que los mecanismos de planeación no han llegado al nivel de perfeccionamiento que permita que lo ejecutado se amolde estrictamente a lo planeado, llegan a $60.000 millones, sumando las dos etapas, lo que representa un 10,4% del nuevo total, muy por debajo de los estándares de cualquier obra de esta magnitud en Colombia.


Ahora bien, ¿por qué a diciembre 31 de 2015 Parques del Río apenas alcanzaba un mes de atraso y ahora se habla de que se va a entregar en junio lo que debía entregarse el 29 de febrero? Los retrasos que se produzcan de la ausencia de presión y seguimiento muy marcado, como lo requiere una obra con tamañas inversiones, sí que generarán sobrecostos no sólo económicos sino sociales. 


En estas circunstancias sí que se hace necesario un debate serio en el Concejo de Medellín y un foro técnico en el que con la academia, los gremios y  los medios de comunicación como testigos, ambas administraciones aclaren lo que se deba aclarar de este proyecto de ciudad. Tal como expresamos en nuestro editorial Ruptura institucional, del pasado 16 de febrero, la ciudad requiere que el Cabildo recupere la dignidad como cuerpo independiente, que revise los hechos y no lleve el debate a un terreno politiquero, carente de toda fundamentación fáctica, como la que evidenció uno de sus voceros, el concejal Bernardo Alejandro Guerra, quien citado textualmente en el periódico El Colombiano, señaló que “el soterrado, con sus respectivos equipos, no permiten (sic) el paso adecuado de vehículos altos”, cuyo remedio significaría, ahí sí, un sobrecosto de $31.000 millones. No se sabe de dónde sacó tamaña especie, que es absolutamente falsa, pues el soterrado cumple con las especificaciones técnicas del Ministerio de Transporte y por allí podrán circular, como ya lo hacen, todos los camiones con las alturas máximas permitidas en Colombia. Pero también debe debatirse si Medellín está dispuesta a permitir que las administraciones de turno tengan la potestad, por gusto o disgusto, de decidir si continúan o no con obras en las que ya se invirtieron importantes recursos, pasando por encima de la planeación y la concertación con las comunidades.