Editorial


La paz y la economía
23 de Febrero de 2016


Nos referimos a si las concesiones que se le hagan a las Farc podrían crear un clima de inseguridad jurídica que ponga en riesgo las inversiones, similar al que han venido creando los recientes fallos de la Corte Constitucional sobre minería.

Hace cinco meses, el 23 de septiembre de 2015, el presidente Juan Manuel Santos anunció al país desde La Habana -con el presidente de Cuba, Raúl Castro, y el máximo cabecilla de las Farc, alias timochenko, como testigos-, que “a más tardar en seis meses deben concluir las negociaciones” de paz. Sin embargo, a 30 días de que ese plazo se cumpla, el proceso de paz atraviesa por un momento complejo, producto del abuso que algunos de los plenipotenciarios de la guerrilla hicieron del permiso otorgado por el Gobierno para que socializaran los acuerdos con sus combatientes y la posterior negativa a la petición gubernamental de que los mismos regresaran a la sede de la mesa de conversaciones. Tal panorama ratifica los argumentos que la calificadora de riesgos Standard & Poor’s (S&P) consideró la semana pasada para valorar como “negativa” la perspectiva crediticia del país, lo que es apenas un recordatorio de que la parte dura del proceso de paz con las Farc no es solamente llegar a la firma de un acuerdo sino lo que vendrá después.


Al confrontar el estado actual de las conversaciones con los temas que restan por definir de la agenda para la terminación del conflicto, resulta bastante evidente que lo más probable es que la fecha pactada no se cumpla. El sólo hecho de que los negociadores no estén reunidos habla de que no hay la dedicación y el trabajo serio que tanto ha reclamado el Gobierno y que ha llevado a que un diálogo que Santos esperaba evacuar en ocho meses, cuando empezaron los diálogos en 2013, haya tenido que multiplicar por cinco, hasta ahora, los plazos. El asunto no es tan simple como definir una nueva fecha. Es algo mucho más complejo, tanto así que los observadores internacionales ya empiezan a detectar el malestar que la incertidumbre frente al futuro del proceso de paz puede generar en el ámbito económico, tan sensible en los momentos actuales por la crisis de los precios de los hidrocarburos, el elevado déficit fiscal y la pasividad del Gobierno colombiano para tomar acciones que le permitan reemplazar los ingresos que ha perdido.


Aunque la calificadora de riesgos no es mucho más explícita en cuanto a evaluar las implicaciones del momento actual del proceso de paz en la economía, vemos lógico cierto temor que puede rondar a los inversionistas y que no sólo está directamente relacionado con la firma o no de un acuerdo definitivo. Nos referimos a si las concesiones que se le hagan a las Farc podrían crear un clima de inseguridad jurídica que ponga en riesgo las inversiones, similar al que han venido creando los recientes fallos de la Corte Constitucional sobre minería y servicios públicos; un temor fundado si se tiene en cuenta que en el pasado reciente han sido muchas y calificadas las voces que han cuestionado el acuerdo de justicia por considerar que se está sacrificando demasiado en aras de un acuerdo, incluso justificando que probadas violaciones a los Derechos Humanos queden sin castigo. Y así como el clima dominante puede infundir temor, el mismo no se va a desvanecer automáticamente con la firma de un acuerdo, pues el momento de incertidumbre frente a la implementación del mismo va a empujar a los empresarios a dar un compás de espera antes de decidir apostarle al país.


Porque en el mejor de los escenarios, suponiendo que las Farc firmen un acuerdo y además lo cumplan, que las actividades ilegales como el narcotráfico y la minería criminal se reduzcan y que sus combatientes no pasen a engrosar las filas de las bandas criminales, la reducción de los factores de violencia en el país no sería de más del 20%, pues quedarían por resolverse los problemas atados al accionar del Eln, las bandas criminales, las disidencias de las mismas Farc y la delincuencia común. Sin embargo, los gastos del posconflicto deberán asumirse y la pregunta clave es, entonces, ¿de dónde van a salir los recursos?


No se puede pretender que todo sea ayuda internacional y el panorama económico nacional no puede ser más  desalentador. La balanza comercial  tuvo en 2015 el peor desempeño de su historia con un déficit de más de 15.000 millones de dólares; el precio del petróleo sigue golpeando las finanzas mientras el gasto público se mantiene al alza y ya llega al 31,5% del PIB, que es el doble de lo que el país recauda en impuestos, lo que obliga a la toma de decisiones urgentes que el Ejecutivo ha estado eludiendo para no perder el capital político que va a necesitar cuando pida a la ciudadanía dar su aval a los acuerdos de La Habana mediante un plebiscito que, por cierto, ni ha pasado el examen de constitucionalidad ni ha sido aprobado en la mesa de conversaciones.


El Gobierno le da largas a esta decisión porque sabe muy bien que una de las principales causas de evasión de impuestos es la desconfianza y que esta no se arregla con una reforma que amplíe la base de contribuyentes y las tarifas. Ante las noticias del desfalco incontrolado del Estado por la corrupción y el derroche impune, mientras no se ven señales claras de respeto y promoción del sector formal de la economía, y mientras sólo se les  tenga en cuenta para aportar, es apenas natural que los contribuyentes se sientan desmoralizados y apáticos frente a los afanes oficiales. El problema es que mientras más tiempo deje pasar, la situación se le puede hacer insostenible.