Editorial

Sobre el acuerdo de víctimas
15 de Febrero de 2016


Se proclama la existencia de una disyuntiva entre justicia y paz. Nada más falso, señalan los expertos en derechos humanos, donde no hay justicia no se afianzará la paz.

Aunque deberán refrendar, o negar, los acuerdos de la Mesa de conversaciones, la mayor parte de los ciudadanos ha sido sometida a la condición de espectador de un debate entre “amigos” y “enemigos” de “la paz”, centrado en personas o gestos impactantes, olvidando los argumentos que permitan tomar decisiones informadas. A fin de aportar elementos a la discusión, acometemos el análisis de los acuerdos suscritos, e iniciamos sobre elementos del Acuerdo sobre las víctimas, fuente de gran preocupación para las reputadas Human Rights Watch y Amnistía Internacional. 


Presentado como opción única para poner fin al conflicto armado con las Farc, se explica que este proceso aspira a la desmovilización integral de ese grupo, a resarcir los derechos de las víctimas del conflicto, y a restaurar las capacidades plenas de las instituciones democráticas, no a refundar el Estado. Esta premisa se contradice con lo consagrado a propósito de la Jurisdicción especial para la paz, ideada para que “ejerza funciones judiciales de manera autónoma y preferente sobre los asuntos de su competencia, en especial respecto a conductas consideradas graves infracciones a los Derechos Humanos o graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario”, (¿sólo las graves?). Esta función se cumplirá “en concordancia con lo previsto en el Estatuto de Roma y el Derecho Internacional Humanitario”, no en el marco de la Constitución, los códigos Penal y de Procedimiento Penal y las normas asociadas. Desde esta idea se crean instancias tan ajenas al ordenamiento jurídico que no deben respetar la independencia de la acusación y el juzgamiento, inherentes al sistema penal acusatorio en tanto ofrecen garantías a víctimas y procesados. Además, y so capa de ofrecer “seguridad jurídica” a los sancionados, se anuncia que el Tribunal especial de paz  “será el órgano de cierre de la jurisdicción especial para la paz”, y que no habrá instancias de revisión a sus decisiones. Aunque le concede poder especial para investigar y decidir sobre crímenes que han afectado a la sociedad y minado las instituciones, el acuerdo no fija controles y escenarios para disciplinar a los integrantes de tan poderosa instancia, desconociendo un principio republicano. No obstante ser poder superior a los restantes del sistema judicial, los negociadores han dejado en total incertidumbre la conformación del Tribunal de paz. Según el acuerdo, quienes lo integren serán elegidos “mediante proceso de selección que dé confianza a la sociedad colombiana y a los distintos sectores (subraya propia) que la conforman”. Con el precedente de que la Comisión de la Verdad se conformará por acuerdo de las partes, es razonable el temor, y a él nos unimos, de que se instituya un tribunal “equitativo” y proclive a atender los intereses de los victimarios.


En exagerada favorabilidad para los delincuentes, el acuerdo estipula que la sanción en la Jurisdicción especial de paz  “no inhabilitará para la participación política ni para el ejercicio de ningún derecho, activo o pasivo, de participación política” y promete, contrariando de nuevo la institucionalidad, que “las partes acordarán las reformas constitucionales pertinentes”. Así, el Gobierno de Colombia participa en el desconocimiento de la tradición jurídica de la humanidad, que tiene antecedentes explícitos en el Derecho Romano, que suspende sus derechos a quienes se ponen por fuera de la ley, y la sociedad, cuando ofenden a las instituciones y la ciudadanía. Tan generosa concesión es inédita en otros acuerdos de cese de conflictos armados. A tan preocupante oferta se suman las exoneraciones que las Farc reciben en el acuerdo sobre reparación de las víctimas, que es el proceso que resarce al dañado y le ofrece a la sociedad pruebas de la voluntad de reconciliación de quien la presenta. Es inequitativo que el acuerdo fije a las Farc responsabilidades de pedir perdón en actos colectivos, lo que es bienvenido, mientras pide al Estado que haga lo propio y además lo obliga a poner “en marcha un proceso efectivo con la más amplia participación posible de las víctimas y sus organizaciones, promoviendo espacios para la discusión de sus propuestas con las autoridades competentes”, además de asumir la reparación económica de las víctimas. En el debate que se atiza, se proclama la existencia de una disyuntiva entre justicia y paz. Nada más falso, señalan los expertos en derechos humanos, donde no hay justicia no se afianzará la paz. Ese es el riesgo que se quiere imponer a un país aquejado de impunidad y violencia.