Editorial


Transici髇 escolar
9 de Febrero de 2016


Tienen el deber de forjar un nuevo imaginario que demuestre que la educaci髇 p鷅lica responde con creces a las expectativas de formar ciudadanos competentes y habilitados para proseguir su vida acad閙ica y/o productiva.

Hasta el pasado viernes, 4.482 alumnos de educación básica y media que perdieron sus cupos por el cierre de contratos con sus colegios seguían esperando a que la Secretaría de Educación de Medellín y sus padres acuerden vincularlos a una institución oficial que satisfaga sus expectativas sobre calidad académica, desarrollo de la convivencia interna y ubicación geográfica. A pesar del estrés circunstancial, las familias del 1,7% de los estudiantes que acceden a educación oficial o de cobertura han recibido mensajes tranquilizadores de la Secretaría de Educación, que ha constatado que las instituciones oficiales pueden acoger a los alumnos que no han accedido a la cobertura. Por razones semejantes a las de Medellín, Cali se enfrenta a una crisis mucho más grave, pues necesita reubicar a 31.142 estudiantes, que equivalen al 11,6% de los alumnos de educación oficial o contratada.


La crisis en estas dos capitales tiene origen en la aplicación del Decreto 1851, del 6 de septiembre de 2015, por el cual el Ministerio de Educación expresó la intención de reducir la matrícula en instituciones contratadas y reglamentó las exigencias para garantizar que los agentes privados cumplan con estándares, por ahora mínimos, de calidad. La promulgación de la norma coincidió con el cambio de gobiernos, que impone traumatismos en los procesos administrativos. Además, las demoras en su explicación retrasaron también la convocatoria a concurso de las instituciones que tenían contratos vigentes y la evaluación de documentos, incluidos aquellos de resultados en las Pruebas Saber, definitivos para no renovar contratos con instituciones educativas con resultados en los más bajos niveles. Tras realizar la evaluación, la Alcaldía de Cali debió rechazar a 73 de 123 instituciones educativas con las que había contratado la ampliación de cobertura, mientras que Medellín debió hacer lo propio con cinco de las 72 instituciones contratadas. La imposibilidad de continuar la matrícula de los alumnos en las instituciones con registros de baja calidad obligó a las secretarías de Educación de estas ciudades a buscar cupos en las instituciones oficiales y disponer de logística, especialmente en transporte, para facilitar el traslado de los alumnos a su nuevo colegio.


La tardía expedición de la norma, según los calendarios; los desacomodos con los cambios de gobierno y funcionarios, y los ajustes administrativos consecuencia del proceso, han contribuido a que en las dos ciudades se generaran traumatismos inesperados, que son difíciles de aceptar porque ponen en evidencia dificultades que todavía afectan a un sistema educativo que los gobiernos y ciudadanos se han propuesto poner en el centro de las inversiones públicas. El accidente que a la sociedad más le cuesta admitir es el de perder valiosas semanas de formación y socialización esperando el cupo y buscando definir mecanismos de ajuste académico. Muchos padres han demostrado que para ellos resulta traumático que sus hijos pasen de la educación privada, que consideran de mejor calidad así la evidencia no confirme su percepción, a la pública, descalificada en generalizaciones, también contra-evidentes, que han hecho mella en personas que acceden a información insuficiente. Esta dificultad pone a las secretarías de Educación, miembros de cada una de las comunidades educativas, y a la conflictiva Fecode, en oportunidad de desmentir ese lugar común. También tienen el deber de forjar un nuevo imaginario que demuestre que la educación pública responde con creces a las expectativas de formar ciudadanos competentes y habilitados para proseguir su vida académica y/o productiva.


En el marco del esfuerzo por la calidad, la ministra Gina Parody y el alcalde Federico Gutiérrez suscribieron la semana pasada los convenios que permiten ampliar la cobertura de los Restaurantes Escolares y construir nuevas aulas en veinte instituciones educativas, a fin de incluir 12.000 nuevos alumnos en la jornada única, que hoy recibe a 10.000 estudiantes. Ante los avances de la Secretaría de Educación de Medellín con la jornada complementaria, que en 2015 ofreció oportunidades a 86.785 alumnos, se abre la posibilidad de avanzar en procesos complementarios que en el medio plazo permitan evaluar si el éxito del proceso educativo deriva de que los estudiantes puedan acceder a más horas de trabajo académico formal o si este se consolida porque se les ofrece la oportunidad de desarrollar sus capacidades y comenzar a realizar sus sueños en las actividades de ciencia y tecnología, bilingüismo, medio ambiente, deportes, cultura o formación ciudadana, que ofrece la jornada complementaria.