Columnistas


Opciones en la lectura del derecho de los servicios públicos
Autor: Carlos Alberto Atehortua Ríos
5 de Febrero de 2016


La innegable vinculación entre la teoría del servicio público y el concepto que se tienen del rol que debe cumplir el Estado en la sociedad, conlleva necesariamente la existencia de diferentes formas de entender las normas sobre servicios públicos.

La innegable vinculación entre la teoría del servicio público y el concepto que se tienen del rol que debe cumplir el Estado en la sociedad, conlleva necesariamente la existencia de diferentes formas de entender las normas sobre servicios públicos, diferencias que se hacen más notorias cuando además se involucran los conceptos de Estado de Derecho y de Estado Social de Derecho.


En el Estado de derecho prevalecen las normas jurídicas, que determinan el ejercicio del poder, sin que sea esencial cuál es el contenido o sentido de esas normas jurídicas, en cambio, en el Estado social de derecho, no basta la existencia y prevalencia de normas jurídicas, pues el contenido de las mismas necesariamente debe estar dirigido a la realización de principios y valores esenciales, como por ejemplo los relativos a la “dignidad humana” y a la “construcción de una sociedad justa”.


Para los administrativistas el concepto de servicio público, está asociado a la intervención del Estado en la economía en forma directa y al cumplimiento de sus fines esenciales, al punto de que puede considerarse que uno de los motivos fundamentales que justifican la existencia del Estado, es que es él quien debe garantizar la eficiente prestación de los servicios públicos, de allí que en la Constitución se diga que “los servicios públicos son inherentes a la función social del Estado”. 


A diferencia de la teoría del servicio público, que en la actualidad siembra sus raíces en la doctrina propia del Estado Social de Derecho, la teoría económica, tiene una visión mucho más simple del rol de Estado en la Sociedad, pues busca que el mismo cada vez intervenga menos en las relaciones sociales, permitiendo  que sean la “fuerza de las condiciones del mercado”,  lo que permita el desarrollo social, por eso se habla permanentemente de desregulación y de no intervención del Estado en la economía.


La existencia de las dos posiciones genera tensiones en el sector de los servicios públicos, pues los problemas se resuelven en forma diferente, según se pertenezca a una escuela administrativa, a una económica, o se pretenda estar en una posición intermedia entre las dos tendencias existentes.  Mientras para la doctrina administrativa temas como (i) mínimo vital, (ii) participación de los usuarios en regulación tarifaria; y, (iii) la adopción de acciones afirmativas en protección de la población vulnerable, son esenciales en la administración de los servicios públicos; para la teoría económica, al menos aparentemente, no tienen la misma importancia.


Dentro del Estudio de los servicios públicos, la opción que se adopte sobre su rol en la sociedad es determinante, pues ello ayudará a resolver diferentes problemas que se presentan a diario, como son los relativos a: (i) la adopción de medidas que obliguen al uso racional de los recursos naturales que se utilizan en su prestación; (ii) la obligación del suministro del servicio aún a las personas que no tienen la posibilidad de pagar su precio; y, (iii) la adopción de medidas que permitan la protección de actividades como el reciclaje y garanticen una vida digna a los recicladores, entre muchas otras.


Precisamente es el contenido social, de la teoría del servicio público, lo que hace que ellos tengan un trato especial en la Constitución y que tanto ellos, como las empresas y entidades que los prestan, se sometan a un régimen legal especial, pues de lo contrario, deberían estar sujetos a las normas y principios propios de las mercancías, contenido en los códigos civil y de comercio.


Aunque para muchos, en el régimen jurídico colombiano debe prevalecer el modelo económico, determinado exclusivamente por las condiciones del mercado y esa es una realidad irrefutable, en mi criterio, la Constitución ha resuelto el tema a favor de la prevalencia de la intervención del Estado y de la teoría del servicio público, lo que se evidencia con la declaración constitucional, según la cual: Colombia es una Estado “Social” de Derecho; en el cual debe prevalecer el interés público social.