Economía

Work safety requires more will than postponements
Seguridad laboral requiere más voluntad que prórrogas
Autor: Igor Eduardo Torrico Silva
5 de Febrero de 2016


El objetivo principal del nuevo sistema es prevenir las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo a los cuales están expuestos los empleados, reduciendo al mínimo los accidentes y enfermedades laborales que se puedan presentar.


Foto: Giuseppe Restrepo 

Muchos oficios son realizados sin cumplir las normas de seguridad laboral.

El Gobierno Nacional amplió por un año el plazo para que todas las empresas del país implementen el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (Sg-SST), después de que el pasado 31 de enero venciera el plazo para que las que cuentan con menos de diez empleados lo asumieran. Ahora bien, el problema va más allá de lapsos y tiene que ver con la capacidad del Gobierno para hacer cumplir las normas y la voluntad de las empresas de apegarse a la ley.


Así lo señala Jorge Coronel, economista e investigador del Observatorio del Mercado de Trabajo de Antioquia, quien indicó: “Todo lo que sea norma en pro de proteger a los trabajadores es bienvenido. Sin embargo, lo importante no es la norma sino la aplicación efectiva de la misma, ya que podríamos tener el mejor espíritu dentro de la legislación, pero si no existen los inspectores o un buen sistema de control y vigilancia, entonces quedaríamos sin posibilidades de identificar y corregir las fallas, y se seguiría burlando la normatividad”.


Según un boletín de prensa del Ministerio de Trabajo, la fecha límite de implementación del sistema era este 31 de enero para las empresas de menos de diez trabajadores. En julio del presente año para aquellas que van desde diez hasta 200 y en enero de 2017 para las de más de 201 trabajadores.  El Gobierno también decidió unificar el plazo para todas las empresas del país, sin tener en cuenta su tamaño. 


El nuevo Sistema creado mediante Decreto 1443 de 2014, hoy Decreto único 1072 de 2015, antes conocido como Programa de Salud Ocupacional (Resolución 1016 de 1989), busca identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles, mediante la mejora continua del sistema en las empresas y cumplir con la normatividad en materia de riesgos laborales.


Consultado el profesor Coronel sobre si el lapso de un año es demasiado, responde que es muy relativo: “Las empresas ni siquiera, creo, que han estudiado la medida, no saben cómo hacer los empalmes. El problema no es la norma o el tiempo, va a llegar el 2017, se va a vencer el plazo y no vamos a tener las empresas ajustadas a eso”, comentó.


Indica el académico que ya que el Gobierno amplió el plazo, lo que viene ahora es “que las empresas hagan la tarea”. En su opinión es importante también que los empleadores sean responsables sin que les pongan normas, por lo cual les hace un llamado a que se ajusten a la legislación.


En el mismo orden de ideas se manifiesta el director de la Escuela Nacional Sindical, Carlos Julio Díaz Lotero, quien comenta: “El problema es que las empresas asumen (las normas) como un formalismo. Eso implica poca voluntad en el empresariado para asumir estos compromisos, algo relacionado a la cultura de las empresas, que muy poco le caminan a proteger la seguridad del trabajador”.