Editorial

El decadente monopolio de licores
4 de Febrero de 2016


Es impostergable discutir el futuro de las licoreras, a pesar de que ello “asuste” a sectores ideológicos que automáticamente rechazan toda propuesta de enajenación de un activo público.

El informe Cambiar los gustos publicado ayer en nuestra sección Economía es sólido fundamento para reabrir la discusión sobre el futuro de la producción y el mercado de licores en nuestra región. El documento revisa los impactos de la apertura económica en un mercado creciente y cada vez más competido. Por ello mismo, facilita hacer a un lado presiones políticas e intereses sectoriales que enrarecen el análisis objetivo de los resultados de las licoreras oficiales y la discusión sobre alternativas recomendables para proteger bienes públicos de gran valor: la vida, la salud, la educación y el erario, principalmente.


Concluye el documento periodístico que la Fábrica de Licores de Antioquia, que sigue siendo la mejor licorera del país, vio caer en 40% sus ventas sólo en 2015. Contrariamente, en el mismo año se presentó el crecimiento del consumo per cápita, que se reflejó en la mayor venta de cervezas, impulsadas por la irrupción de marcas importadas y artesanales; de vinos, que hace veinte años eran productos de élite, y de otras bebidas como el tequila, cuyo consumo creció en 63%. Los datos confirman que la apertura del mercado colombiano al mundo cambió, de manera irreversible, la cada vez más dinámica demanda y oferta de bebidas alcohólicas, antes tan limitada a unas cuantas opciones producidas bajo el confortable manto del monopolio rentístico de los licores. Significa, pues, que a esta renta exclusiva le está sucediendo lo que hace unos años ocurrió con el monopolio de juegos y azar, hecho que se ha visto reflejado en la práctica desaparición de las loterías departamentales y el consecuente debilitamiento de las beneficencias. 


Para enfrentar esta realidad que se hará cada vez más visible, en tanto la Unión Europea termine logrando su objetivo de exigir lo pactado en su TLC con Colombia, las productoras nacionales tendrán que hacer enormes inversiones en modernización y mercadeo. Es decir, invertir para producir más, y vender más licor. No es coherente, ni innovador, y así lo venimos señalando desde que se abrió la discusión sobre el futuro de la FLA, que se insista en defender la figura del Estado garitero y cantinero de siglos pasados, como si esa fuera la única fuente posible de recursos para el Departamento poder financiar los servicios públicos de educación y salud, generalmente los más afectados por consumos viciosos. Entendemos que sólo este debate, que se aproxima a los derechos constitucionales, se ve dificultado por los intereses de grupos beneficiarios de la presión que ejercen sobre esas empresas: equipos políticos que las copan para atender los apetitos de sus clientelas, o las redes de distribución, muchas veces con raíces clientelares, que carecen de compromisos y responsabilidades con el manejo transparente de sus relaciones comerciales con las empresas públicas.


Ante crecientes razones que demuestran la inconveniencia de que los departamentos persistan en un monopolio que quedará condenado cuando la OMC imponga sanciones a Colombia, por desatender compromisos suscritos en varios TLC, es urgente la búsqueda de alternativas de ingresos departamentales, tema que se requiere separar del destino de compañías que inevitablemente deberán cambiar de manos o desaparecer, como ya lo hicieron 16 de las 22 licoreras que había en el país hace apenas dos décadas. Este debate pasa por reflexionar sobre el control a los contribuyentes -importadores y distribuidores de cervezas y licores- para evitar la evasión, el contrabando y la producción ilegal de alcoholes artesanales, medida posible en condiciones transparentes de mercado. Y necesariamente la discusión tendría su foco en el mejor destino de los ingresos que el Departamento de Antioquia puede tener todavía, pero no por mucho tiempo, si se decide a vender las instalaciones de la Fábrica a agentes con capacidades de jugar en un mercado cada vez más competido. Dado que la alta dirigencia de EPM y la Alcaldía abortó la posible, y esperanzadora, sociedad de la Gobernación y la Alcaldía en la empresa de servicios públicos, le queda a la instancia departamental la posibilidad de invertir en la generación eléctrica, campo de amplias posibilidades económicas y potencial irrigador de desarrollo integral en las zonas de construcción de proyectos, como lo demuestran las inversiones de Hidroituango en municipios del Norte y el Occidente de Antioquia que asisten a su transformación gracias a los proyectos que realiza esta generadora propiedad del Idea (53%) y EPM (46%).


Estas recientes estadísticas y consideraciones, hacen impostergable discutir el futuro de las licoreras, a pesar de que ello “asuste” a sectores ideológicos que automáticamente rechazan toda propuesta de enajenación de un activo público -así este tenga pocas o nulas perspectivas de mantenerse competitivo entre privados nacionales o internacionales-, o a grupos que han tenido en ellas (las licoreras) sus fuentes de poder y riqueza.