Columnistas


¿En qué país vivimos?
Autor: Jorge Arango Mejía
31 de Enero de 2016


Hace años, alguien dijo que los colombianos habíamos perdido la capacidad de asombrarnos. Tantas cosas insólitas ocurrían, que finalmente la gente se acostumbraba a ellas, a pensar que aquí todo podía pasar sin que pasara nada en realidad.

Hace años, alguien dijo que los colombianos habíamos perdido la capacidad de asombrarnos. Tantas cosas insólitas ocurrían, que finalmente la gente se acostumbraba a ellas, a pensar que aquí todo podía pasar sin que pasara nada en realidad. 


Si ese personaje resucitara, comprobaría que tuvo razón y que hoy seguimos en las mismas. Veamos.


Si a alguien se acusa públicamente de haber cometido un delito, surgen diversas posibilidades. La primera, que niegue la acusación y, a su vez, denuncie por calumnia o injuria; la segunda, que rechace la acusación y pida a su juez natural –competente- que investigue su conducta; la tercera, que reconozca su falta y se presente voluntariamente ante los encargados de administrar justicia. Esto último, sobra decirlo, es casi imposible.


¿Qué ha pasado ahora? Que el director general de la Policía, general Rodolfo Palomino, fue acusado de diversos delitos, por un coronel de la misma institución. Esto ocurrió hace meses. ¿Y qué hizo el presidente Santos? Designar una “comisión de altísimo nivel”, integrado por tres exministros, para que investigara la conducta del general Palomino. ¿De dónde sacó el presidente esa facultad de nombrar juez o tribunal para una persona, pasando por encima de la Constitución y la ley? ¿Quién dijo que vivimos bajo una monarquía absoluta donde el rey podía decir “yo soy el rey y hago la ley”? ¿Podrá cualquier colombiano pedir que el primer mandatario le designe un juez o tribunal a su medida, para él, como ha acontecido en el caso de Palomino? Uno no se explica quién le aconseja estas tonterías o quién, con discreción y sin sacarle en cara su ignorancia, no le impide cometer estos disparates. ¿A qué se dedican esos asesores jurídicos a quienes la Presidencia paga miles de millones de pesos al año? Con razón los tres respetables abogados designados, que saben que unas posibles conclusiones suyas carecerían en absoluto de valor, han guardado silencio y, al parecer, ignoraron el nombramiento que en mala hora se les hizo.


Éste ha sido un episodio grotesco, que los medios de comunicación apenas registraron, como si fuera normal, pero que demuestra nuestro subdesarrollo en una materia en la cual pensábamos haber progresado: la ciencia jurídica.


Por fortuna, la Procuraduría ha abierto una investigación disciplinaria, en la cual el general tendrá oportunidad de defenderse. Y que, si la Fiscalía no le abre investigación, él mismo, como primer interesado en demostrar su inocencia, solicite que se le investigue.


Pero no es éste el único hecho escandaloso. En el Quindío –la “provincia perdida” de todos mis afectos-, una señora derrotada en la campaña para ser gobernadora del Departamento, de la noche a la mañana se convierte en Contralora de la misma sección que quería gobernar. Hasta aquí todo podría parecer normal: apenas llamaría la atención el desmesurado apetito burocrático de la señora de marras, su glotonería. Pero cuándo se reflexiona sobre los que la eligieron y sobre las funciones propias de su cargo, las cosas cambian de color, pasan de castaño oscuro, se vuelven turbias, con cierto olor a podredumbre. 


¿Quién la eligió? Los partidarios de la anterior gobernadora, la misma de las rifas de billetes y de otras crónicas vergonzosas. Ahora, como contralora departamental, tendrá que analizar, investigar, actos de la mencionada exgobernadora, quien la había designado oficialmente como su sucesora y que, literalmente, había pavimentado con oro su camino hacia la Gobernación. Y la gente del común se pregunta: ¿investigará Sandra a Sandra? ¿Olvidará los favores recibidos y cumplirá el juramento prestado al posesionarse? ¡Y solamente responde una inmensa carcajada!


Y es mejor no hablar de la venta (así la llaman unos mientras otros le dicen regalo) de Isagén a una multinacional de dudosa reputación. Esos billones de pesos servirán para enjugar el déficit de la Nación, y para pagarles a los de las Farc por su arrepentimiento, un “salario” -por no hacer nada- durante 5 años, a razón de $1’800.000,00 por mes. Hasta ahora son unos veinte mil. ¿Cuántos habrá cuando empiecen a pagar? Y mientras tanto, el campesino se quema bajo un sol inclemente para ganar, en el mejor caso, un salario mínimo que no llega a $700.000,00…


Como decía Cándido, el personaje de Voltaire, ¡vivimos en el mejor de los mundos!