Editorial

HRW denuncia la impunidad y el autoritarismo
29 de Enero de 2016


Las cr韙icas constructivas hechas por HRW al Proceso de La Habana son la 鷑ica aproximaci髇 que recoge el clamor de las v韈timas desde y para la comunidad internacional.

Titulado La "política del miedo" contra los derechos, el 26° informe de Humans Rights Watch sobre derechos humanos en el mundo reconoce nuevas dificultades, y algunos progresos, en los esfuerzos civilizadores de protección de la vida, las libertades, la seguridad y el bienestar humano. En esta ocasión, también revisa las acciones de países que pudieron alertar, evitar o controlar violaciones en otras naciones. En su cuarto de siglo trabajando por los derechos humanos, esa ONG ha ampliado sus medios de acceso a la información, afianzado metodologías de recolección, interpretación y entrega de sus análisis, y se ha aproximado a la universalidad conceptual que libera la causa de los Derechos Humanos de ataduras ideológicas o posturas partidistas.


Hoy el mundo vive distintas situaciones amenazantes: “El miedo a los ataques terroristas y las corrientes masivas de refugiados (que) están provocando que muchos gobiernos occidentales estén restringiendo las protecciones de derechos humanos”; actuaciones de gobiernos como los de Rusia o China, que “han tratado de sofocar a grupos cívicos promulgando leyes que restringen sus actividades y cortan el financiamiento internacional que necesitan”; y las de algunos países de Asia y América Latina que “han promulgado leyes imprecisas y excesivamente amplias para controlar a los activistas y socavar la capacidad operativa de los grupos independientes”. La organización asentada en Washington se preocupa porque “los gobiernos occidentales han sido muy lentos en pronunciarse en contra de estas amenazas globales”, demostrando inédito desinterés en un problema que fue central en las relaciones internacionales durante las últimas décadas. 


Sobre la situación de derechos humanos en América Latina, HRW resalta los casos de México, Venezuela, Ecuador y Bolivia, además del colombiano. La falta de investigación en la masacre de 43 estudiantes de Atyozinapa y de denuncias de violaciones a los derechos humanos por miembros de la Fuerza Pública, son resaltadas como las deudas del Gobierno de Enrique Peña Nieto. Con valentía, la ONG señala que en Venezuela “la acumulación de poder en el Ejecutivo y el deterioro de las garantías de derechos humanos han permitido que el Gobierno intimide, censure y persiga penalmente a sus críticos, lo cual ha llevado a crecientes niveles de autocensura”. También expuso “gran frustración y decepción”, con los silencios del Gobierno de Brasil, que podría denunciar y limitar al gobierno chavista. Riesgos semejantes de control autoritario por estados que atropellan las libertades fueron denunciados en Bolivia y Ecuador.


En su análisis sobre Colombia, la organización alerta por la persistencia, con menor frecuencia a la de décadas pasadas, de ataques a los civiles perpetrados por las Farc y el Eln -aunque reitera que siguen sembrando minas antipersonal- así como por los que caracteriza como “grupos sucesores del paramilitarismo”. También destaca la reducción de ejecuciones extrajudiciales por miembros de la Fuerza Pública, aunque señala que existe “información creíble sobre algunos casos nuevos” de estos atropellos. Su énfasis en el análisis de Colombia es el anunciado en su pronunciamiento de diciembre sobre los riesgos de impunidad por el modelo de justicia acordado en La Habana y ratificado en la reunión del mismo miércoles con altos dignatarios de la Casa Blanca, para presentarles una mirada independiente sobre las posibilidades de que no exista justicia para las Farc y miembros de la Fuerza Pública responsables de violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.


La soledad de las víctimas ha sido condición común a las décadas de conflicto y si no se corrigen las fallas de estos tres años de negociación, seguirá siéndolo del posible posconflicto. Para millones de personas, las críticas constructivas al Proceso de La Habana y sus demandas de justicia y mayor control al proceso que ha solicitado HRW, son la única aproximación que recoge sus clamores desde la comunidad internacional y cuya voz puede llegar, así sea con descripciones generales, a tantos otros líderes y personajes del mundo; muchos de los cuales han emitido su respaldo a dicho proceso, más como declaraciones desde el deseo, por razones diplomáticas o por el somero conocimiento de los avances que el Gobierno Nacional emite. Desde la comodidad de sus países, nos preguntamos si responderían igual ante negociaciones que les exigieran a las víctimas de atentados como los que han sacudido a sus mundos, que “pasen la hoja” sin exigir los mínimos de justicia y reparación a violadores de derechos humanos y autores de crímenes de lesa humanidad.