Columnistas

Servicios públicos en el ámbito del derecho
Autor: Carlos Alberto Atehortua Ríos
29 de Enero de 2016


La variación del modelo de prestación de los servicios públicos contenida en la Constitución de 1991, que permitió el paso de los monopolios estatales a la prestación de servicios en un ambiente liberalizado.

La variación del modelo de prestación de los servicios públicos contenida en la Constitución de 1991, que permitió el paso de los monopolios estatales a la prestación de servicios en un ambiente liberalizado, genera incertidumbres para la teoría jurídica, pues mientras para algunos, servicio público se identifica con “función pública”, para otros,  su liberalización es el reconocimiento de que ellos son una mercancía más;  pero para una tercera posición, que comparto, no es lo uno, ni lo otro, pues se trata de una actividad especial, en la que se requiere intervención del Estado.


Aunque el tema parece tener una importancia menor, la realidad es que se trata de un tema sustancial, pues según sea la opción que se tenga de allí se derivan varias consecuencias de importancia, que van desde los criterios que deben adoptarse en la interpretación de las normas de servicios públicos, hasta la responsabilidad que tienen sus prestadores y el Estado. 


Lo anterior conlleva a que por  diferentes razones el estudio del “régimen jurídico de los servicios públicos” haya  tenido un reacomodamiento en el ámbito jurídico, pues aunque para unos  se trata de derecho económico y nada más, para otros,  sigue siendo parte de la esencial del “derecho administrativo”, pero la realidad es que se trata de un ámbito en el que influyen las dos corrientes del derecho y cuando se adopta como posición uno de los dos extremos, muchas de las decisiones sectoriales parecen desacertadas e incomprensibles.


Desde la sentencia C-150-03, la Corte Constitucional ha venido construyendo un camino que no debe perderse, en el que se fijan orientaciones propias de la economía social de mercado, las que han permitido que convivan la regulación económica, con la social, sin que ello implique la perdida de vigencia de la teoría del servicio público.


El reconocimiento de que los servicios públicos tienen unas características y connotaciones especiales está consagrado en la propia Constitución que le destina todo un capitulo a su regulación especial (artículos 365 a 370), y no podía ser de otra manera, pues tal como lo declara el artículo 365, lo servicios públicos son inherentes a la función social del Estado.


La especialidad de los servicios públicos y de las entidades que los prestan, no es un asunto meramente formal o accidental en el ordenamiento jurídico colombiano, por el contrario, se trata de un tema sustancial pues ella deriva de que se trata del suministro de prestaciones que determinan la calidad de vida de las personas y el desarrollo de la sociedad.


En el actual grado de desarrollo de la teoría del servicio público se hace necesario distinguir entre los actos de gestión o de producción del bien objeto del servicio, que deben someterse al régimen propio del derecho privado y la prestación del mismo que se materializa en las relaciones de las empresas con los usuarios que se trata de una relación típica de derecho público y en consecuencia debe ser intervenida por el Estado.


Precisamente la universalización de los servicios y la protección de los usuarios, hacen parte del régimen especial de los servicios públicos y en ellas prevalece el interés público social, y es ahí y no en la gestión del servicio donde debe estar presente el Derecho Administrativo.


En un Estado Social de Derecho los activos asociados a servicios públicos, no pueden ser valorados exclusivamente por su capacidad de generar rentas en el mercado, pues ellos son el instrumento que le permite al Estado el cumplimiento de los fines que le son propios, como garantizar el mejoramiento permanente de la calidad de vida de las personas y el bienestar general.  


Lo cierto es que, si los servicios públicos se someten al mismo régimen y control de las mercancías, su régimen especial, no tienen sentido y a todos nos bastaría con leer y aplicar el código de comercio.