Editorial


A poner orden en la miner韆
23 de Enero de 2016


En el escenario en el que es m醩 evidente la ilegalidad, la soluci髇 planteada no puede ser el cambio del modelo de formalizaci髇 sino una postura firme frente a quienes han querido imponer su presencia sin respetar las condiciones establecidas.

Las medidas tomadas en días recientes por la Agencia Nacional de Minería (ANM), que buscan el cierre definitivo de minas informales y socavones ilegales que, explotados de manera antitécnica, han puesto en riesgo la vida y la seguridad de los trabajadores que se aventuran en ellas (y los rescatistas que intervienen cuando colapsan), no se quedaron, por fortuna, en meros titulares de prensa, sino que se han aplicado de manera diligente, involucrando de modo decidido a las autoridades locales con jurisdicción en las zonas intervenidas y delimitando claramente las responsabilidades en un asunto que, como lo hemos expresado en pasados editoriales, percibimos mal administrado en nuestro territorio. La intervención de la autoridad nacional es ocasión ideal para materializar la reorganización de la actividad, en términos de condiciones, actores y competencias, para que la minería sea verdaderamente sostenible.


Tales determinaciones tendrán que enfrentarse a dificultades previsibles. En Amagá, por ejemplo, las condiciones económicas actuales de los mineros y de la población en general, se constituyen en puerta de entrada para la desconfianza. A pesar de que no hay perspectivas ni en el corto ni en el mediano plazo -y nos aventuramos a sostener que ni en el largo- de una mejoría en los precios internacionales del carbón, la resistencia es el común denominador entre los pobladores cuando se les habla de modificar la vocación económica de la región. En el Nordeste, en cambio, la situación parece ir por mejor camino, pues las decisiones recientes consolidan esfuerzos continuos de acercamiento entre los mineros tradicionales y las empresas que tienen las concesiones para hacer frente a la minería criminal.


Nos sigue preocupando, en cambio, la situación de Buriticá, en el Occidente antioqueño, donde el avance de la minería ilegal ha permeado el esquema de formalización que se ha venido desarrollando exitosamente, lo que quedó en evidencia el pasado 10 de enero, cuando la Estación de Seguridad y Salvamento Minero debió atender una emergencia en instalaciones de la empresa Continental Gold que dejó una víctima: “una persona que estaba desarrollando actividades no permitidas de extracción”, según lo informó la propia ANM, que posteriormente reseñó que las posibles causas que ocasionaron el accidente fueron “el desarrollo de explotaciones mineras bajo tierra en zonas inestables, sin las mínimas medidas de seguridad, ni planeamiento minero, debido a la presencia de personal minero no autorizado por el titular”.


Tanto el comunicado emitido esta semana por la ANM con relación a este hecho, así como la Resolución 055 del 20 de enero de 2016, que impone medidas a la zona, los entendemos como una clara notificación a las autoridades locales y regionales para que tomen las acciones tendientes a evacuar al personal no autorizado, que insiste en explotar socavones en zonas de alto riesgo, y para hacer efectivos los amparos administrativos que han sido impuestos por el propietario del título minero, en aras de evitar tragedias que se pueden prevenir. Una tarea en la que, claramente, deben intervenir las autoridades de Policía, la Alcaldía de Buriticá, la Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia y la autoridad ambiental, que para la jurisdicción es Corantioquia.


El caso de Buriticá es el escenario en el que es más evidente la toma de la actividad minera por parte de la ilegalidad y por eso las decisiones que adopten autoridades regionales y locales no pueden basarse en el modelo de formalización sino en una postura firme frente a quienes han querido imponer su presencia sin respetar las condiciones establecidas en el proceso de legalización, tales como respetar las normas laborales o tomar medidas para evitar la contaminación del ambiente. No hay que olvidar que Buriticá pasó de tener, según datos de la empresa de servicios públicos de esa localidad, 6.980 habitantes en 2014 a albergar 12.000 habitantes a mediados de 2015 (sin contar otros incrementos dramáticos en años inmediatamente anteriores). Una migración de estas proporciones echa por tierra el argumento de que quienes quieren explorar ilegalmente los socavones son mineros ancestrales a los que habría que formalizar.


Para lograr que la actividad minera se encamine nuevamente a ser generadora de desarrollo, el trabajo debe ser mancomunado entre las empresas legalmente constituidas, responsables social y ambientalmente, y los gobiernos Nacional, regional y local, cuyo interés no puede estar de ningún lado que no sea el del cumplimiento de la ley. Actuar con firmeza ante una realidad incuestionable, también es una manera de propender por la mejora de la calidad de vida de los buriticenses y de los antioqueños.