Editorial


En el altar de la justicia y la verdad
19 de Enero de 2016


Su faceta moral no parece muy lejana de la de un gobierno que se muestra listo a sacrificar la Justicia como garantía del Estado: a las víctimas, en tanto brinda resarcimiento del mal sufrido, y a la sociedad.

El afanado interés del gobierno Santos por llevar al Eln a la Mesa de conversaciones, está cambiando la forma como se interpretan los crímenes, reconocen las víctimas y construyen los referentes para una sociedad que tiene dificultades para reconocerse en hechos, instituciones y personajes representativos. Prueba de ello es la intervención del mandatario durante el acto en que el municipio San Vicente de Chucurí, Santander, fue declarado libre de minas antipersonal, la mayoría sembradas por el Eln. Más que el recuerdo y homenaje a las víctimas, su centro fue el anuncio de la voluntad del Gobierno por recuperar los restos de Camilo Torres Restrepo, guerrillero que filó en el Eln y en 1966 murió en combate con el Ejército.


El domingo, gracias a una sólida y valerosa intervención militar, quince pescadores artesanales con edades entre 15 y 70 años fueron rescatados de manos del Eln, grupo que los había secuestrado el viernes anterior, cuando trabajaban. La intervención militar permitió a estos campesinos regresar a sus familias y librarse del degradante crimen del secuestro, los abusos que habían comenzado a cometer contra ellos y la ignominia de versiones periodísticas que los mostraban como culpables del plagio por “no obedecer” órdenes de los criminales sobre su trabajo. La suerte de estos pescadores no es la de otros ciudadanos que permanecen secuestrados por ese grupo y olvidados por el país, entre ellos el abogado ocañero Ramón José Cabrales, cuya familia ha padecido cuatro secuestros.


Hoy es fuerte el silencio gubernamental frente a los crímenes de un grupo responsable de masacres como la de Machuca o la reciente de funcionarios de la Registraduría en Güicán, Boyacá; de secuestros contra alcaldes, concejales o profesionales de zonas rurales; de recurrentes homicidios, y de centenares de voladuras de oleoductos. Tal actitud contrasta con el compromiso de recuperar el cuerpo de Camilo Torres, el cual se presenta como gesto de reconciliación que invita a los jefes del Eln a la conversación que han evadido. El presidente Santos conoce, como no lo hacen los colombianos jóvenes, que el cura guerrillero es símbolo para una organización que aprovecha su imagen para dar sello altruista a sus crímenes, minimizar críticas de intelectuales distraídos y atraer jóvenes incautos que no miden su condición de terroristas. Por el bien de la pluralidad y la libertad de expresión parecería irrespetuoso prohibir a sus seguidores que lo olviden como ícono. Pero por respeto a los valores del Estado se ve improcedente honrarlo junto a quienes lo han servido y enaltecido.


Camilo Torres se sumó en 1966 al Eln, asumiendo dos opciones éticas dudosas, o por lo menos discutibles. Renunció a uno de los principios fundamentales del cristianismo, que es la defensa de la vida. Y rompió con el fundamento de la moral pública que explicita que ningún fin justifica los medios. Lo hizo al optar por llevar un arma, y asumir usarla, con la excusa de buscar justicia social. Su faceta moral no parece muy lejana de la de un gobierno que se muestra listo a sacrificar la Justicia como garantía del Estado: a las víctimas, en tanto brinda resarcimiento del mal sufrido, y a la sociedad, en cuanto pedagogía sobre la formación del bien común y el respeto a los derechos humanos. En tanto se dispone a transmutar el principio fundacional de la justicia, no resulta extraño que el Estado admita también imponer acciones que trastoquen la cultura en sus bases éticas y representaciones compartidas.


Porque sus obras fructíferas y sus vidas rotas son las señales de su grandeza, en la memoria de los colombianos viven grandes servidores católicos que enfrentaron la crudeza de la realidad y el sufrimiento de los más pobres o abandonados. Ellos fueron sacrificados cuando ejercían su apostolado. El padre Álvaro Ulcué Chocué fue el primer sacerdote indígena del país y valioso apoyo para la comunidad Nasa que pedía se constituyera el resguardo de Corinto, Cauca, hoy erigido; fue asesinado por paramilitares el 10 de noviembre de 1984. Monseñor Jesús Emilio Jaramillo, obispo de Arauca, tomó su curia como centro de trabajo misionero con las comunidades abandonadas; el Eln lo asesinó el 2 de octubre de 1989. Monseñor Isaías Duarte Cancino fue apóstol por la defensa de los Derechos Humanos y protección de los desvalidos en Urabá y el Valle, las Farc lo asesinaron el 16 de mayo de 2002. Sus crímenes permanecen impunes; su memoria recuerda que no hay paz que pueda exigir el sacrificio de los derechos humanos.