Columnistas


Incertidumbres en aseo y reciclaje.
Autor: Carlos Alberto Atehortua Ríos
15 de Enero de 2016


No obstante que todo parecía indicar que enero de 2016, entrarían en vigencia plena las nuevas tarifas del servicio público de aseo de acuerdo con la regulación tarifaria, contenida en la Resolución CRA 720 de 2015.

No obstante que todo parecía indicar que enero de 2016, entrarían en vigencia plena las nuevas tarifas del servicio público de aseo de acuerdo con la regulación tarifaria, contenida en la Resolución CRA 720 de 2015, la realidad parece decir lo contrario.


Al menos en buena parte del país, el nuevo régimen tarifario no será aplicable, como tampoco, las variaciones que en el mismo se establecen sobre los componentes colectivos  del servicios, esto es,  la denominada limpieza urbana, en la que se incluyen, el corte de césped, la poda de árboles, el lavado de áreas públicas, ... entre otros componentes, todo debido a que no todos los  municipios ha sido posible la expedición de los planes de gestión de residuos sólidos [PGIRS],  y además,  en mi opinión, por no haberse reglamentado la actividad de aprovechamiento.


El hecho de que ante la imposibilidad de aplicar los PGIRS,  la Comisión de Regulación de Agua Potable y saneamiento básico y la Superintendencia de Servicios públicos, han publicado la circular conjunta 20151000000074 del 23 de diciembre de 2015, que en la práctica permite posponer la vigencia plena de la Resolución 720, sumado a  la no expedición de la reglamentación del aprovechamiento que debe hacerse de conformidad con lo previsto en el parágrafo 2º del artículo 88 de la Ley 1753  y  la expedición del Auto 587 de 2015, de la H. Corte Constitucional, nos coloca bajo una nueva realidad jurídica, que debe ser objeto de análisis en detalle.


Con el Auto 587 del 15 de diciembre de 2015, de la Corte Constitucional, se generan algunas consideraciones que deben evaluarse, pues representan avances frente a decisiones anteriores, algunas de ellas, son:


Se reitera la importancia del PGIRS y la necesidad de que exista colaboración armónica entre diferentes autoridades para poder remunerar adecuadamente los servicios ambientales y que se protejan los derechos de los recicladores; 


La providencia mantiene la posibilidad de que se asignen recursos adicionales para remunerar adecuadamente las actividades asociadas a la protección del medio ambiente, es posible que vía tarifas no sea suficiente.


La decisión de protección de los recicladores, contenidas en las decisiones de la Corte Constitucional, debe ser tenida en cuenta por todas las autoridades al ejercer sus funciones, en consecuencia, las acciones afirmativas ordenadas por la Corte son imperativas para todos.


Se hace necesario evaluar condición real de los recicladores que laboran en forma independiente o “solitaria”, pues en la actualidad es muy bajo su nivel de asociación, en consecuencia, deben tomarse en cuenta los efectos de las consideraciones del Auto 587-15 en este sentido.


De acuerdo con el texto del auto las acciones afirmativas en este y en todos los casos, tienen un componente de progresividad que impide que las nuevas reglamentaciones y regulaciones desconozcan los avances que han obtenido los recicladores, por ello el Ministerio de Vivienda, Ciudad y territorio al reglamentar la actividad del reciclaje como parte del aprovechamiento, no podrá generar condiciones menos favorables a las que actualmente tienen los recicladores.


Para la Corte Constitucional es claro que en cualquier esquema que llegue a adoptarse para la prestación del servicio de aseo, debe garantizarse el acceso cierto y seguro al material aprovechable como derecho de los recicladores, la defensa de su trabajo y el principio de progresividad.


La nueva realidad jurídica del sector, genera algunas dificultades, pues la Resolución 720 estaría vigente en enero de 2016, y lo está, pero con efectos al menos aparente modulados, lo que impide establecer si los Municipios deben seguir asumiendo el costo de la denominada “limpieza urbana”,  o si por el contario, la regulación puede ser aplicada parcialmente en este punto,  para que la limpieza urbana sea asumida por los usuarios; además,  podría quedar aplazado el mecanismo que la Regulación establece para remunerar el aprovechamiento en particular a los recicladores y el cumplimiento de la doctrina constitucional sobre esta materia.