Editorial

Cárcel para Guzmán, ¿y para sus socios?
11 de Enero de 2016


Esta del Norte de Antioquia presagia “movilizaciones” que revivirán presiones y batallas de cocaleros que el país, como Bolivia y Perú, creían superadas.

Tras los aplausos al Gobierno mexicano por la recaptura de Joaquín "El Chapo" Guzmán, prestigiosos analistas reclaman reabrir el debate al consenso mundial vigente y discutir modelos posibles para enfrentar el crecimiento del consumo de drogas hasta en países considerados productores, de un lado, y de consolidación de poderosas organizaciones criminales en torno al narcotráfico, del otro. Ante grupos como el cartel de Sinaloa y delincuentes como el capo nuevamente apresado, crecen los llamados a terminar con el modelo actual, y, en cambio, desplegar mayores esfuerzos en la salud pública y la educación ciudadana, rompiendo así con la fuente de ganancias de los carteles, que es sustento de la criminalidad desatada por el negocio de drogas en todo el mundo. La captura del jefe criminal y el debate que desata tienen máxima importancia para Colombia, país que ha sido protagonista de primera línea en la guerra contra las drogas, primero en su combate contra productores y traficantes, y que en años recientes ha asistido al crecimiento del consumo interno y los males que de ello se derivan.


La organización que Guzmán heredó y que hizo crecer, es dueña del 30% de la cocaína y la marihuana, así como del 60% de la heroína, comercializada en las calles estadounidenses. Ese cartel realiza su negocio mediante redes que extienden sus tentáculos de producción, transporte y distribución de drogas, de lavado de dinero y de actividades criminales de protección, a 50 países del mundo, según informes de la DEA. Entre aquellos con mayores vínculos a ese grupo se encuentra Colombia, y entre las organizaciones delictivas partícipes de esas redes se encuentran las Farc, según informe del Congreso de Estados Unidos, que dedicó una sesión de su Comisión de Relaciones Exteriores a analizar el papel de esa organización en el crimen organizado contemporáneo. Esta recaptura tiene, pues, todo que ver con Colombia.


En 2014, año de suscripción del acuerdo sobre “Solución al problema de las drogas ilícitas”, en la mesa de conversaciones de La Habana, las Farc fueron responsables del 70% de los sembrados y producción de cocaína en el país, según el portal experto Insight Crime. En tal año, Colombia recuperó el deshonroso primer lugar entre los países con sembrados de coca, con crecimiento del 44% frente a 2013, y en producción de cocaína, con aumento del 52,7% frente al año anterior, según estimativos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Unodc. De acuerdo con la ONU, las zonas con mayor crecimiento tienen marcada influencia de las Farc: Putumayo, Caquetá, Cauca, Huila, Catatumbo. El portal destaca el aumento en Antioquia, donde se registraron 11.000 nuevas hectáreas sembradas con coca.


Los expertos consideran que tal explosión tiene causas en el mercado, por el aumento del valor de la coca; en el menor combate oficial, aún antes de la suspensión de fumigaciones de cultivos ilícitos, y, lo privilegia la ONU, en un elemento político, según el cual “algunas comunidades sienten que al tener coca tienen una mayor oportunidad de interlocución con el Gobierno”; queda por describir el rol de presión de las Farc a los campesinos, que fue visible el viernes pasado. Entonces, la Gobernación de Antioquia, miembros del Ejército (¡!) y campesinos del Bajo Cauca, asesorados por el grupo político Marcha Patriótica -surgido tras el inicio de conversaciones con las Farc- acordaron que las autoridades van a redefinir la estrategia de erradicación y control a los cultivos ilícitos en territorios donde, como describió la ONU, minería ilegal y cultivos ilícitos son instrumentos de enriquecimiento de grupos criminales, léase Farc y bacrim, y de vulneración a habitantes que sufren desde presiones infames hasta crímenes de lesa humanidad. Esta del Norte de Antioquia presagia “movilizaciones” que revivirán presiones y batallas de cocaleros que el país, como Bolivia y Perú, creían superadas.


En vísperas de la reunión en la Casa Blanca para evaluar los resultados del Plan Colombia, a la que nos referiremos a espacio, el doctor Santos reaccionó a la captura de alias El Chapo Guzmán. Sin mención a sus tesis acerca de un nuevo consenso frente a las drogas y desconociendo los vínculos del criminal con la contraparte del Gobierno en la Mesa de conversaciones de La Habana, felicitó al presidente Enrique Peña Nieto, señalando que esa detención “es un gran paso en la lucha que el mundo debe continuar contra el crimen organizado y el narcoterrorismo”. ¿Aplicaría tal tesis a la situación colombiana?