Economía


El Quimbo se reabre para evitar daños ambientales y económicos
Autor: Igor Eduardo Torrico Silva
9 de Enero de 2016


La medida será transitoria hasta que el Tribunal Contencioso Administrativo del Huila decida de fondo sobre el levantamiento o no de la medida cautelar de encendido de la represa.


Foto: Cortesía 

La acuicultura que se desarrolla en la represa de El Quimbo es una de las actividades económicas que sería afectada si la hidroeléctrica no inicia pronto operaciones.

La represa de El Quimbo fue autorizada, de manera temporal, a encender sus turbinas para que el agua que se genera de este proceso, rica en oxígeno, ingrese al embalse y se evite la muerte de los peces, plantas y la afectación de las personas que hacen vida allí, y también para evitar afectar a la Nación por la falta de generación eléctrica.


Así lo señala la ponencia del juez Víctor Hugo Rubiano Macías, del Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Neiva, Huila, que decidió positivamente el amparo solicitado por los ministerios de Minas y Agricultura.


La sentencia textualmente resuelve: “Autorizar a la empresa generadora y comercializadora de energía (Emgesa), como medida transitoria (...) la generación inmediata de energía en el proyecto hidroeléctrico El Quimbo, para que el agua turbinada rica en oxígeno ingrese a Betania y en general a la biodiversidad de la región con los beneficios que ello acarrearía”.


El juez indica que los informes técnicos presentados ante el tribunal, en los que se reseña la situación del embalse ante la falta de acción de las turbinas apuntan a un “grave daño ecológico que se presenta día a día”, producto no sólo de la descomposición de los árboles, madera y guadua cortada dentro del embalse, sino de la descomposición que se acrecienta ante la retención del agua, que genera grave peligro para la salud de quienes viven allí, los pescadores, la industria pesquera artesanal e industrial, y el deterioro a la biodiversidad del sistema ecológico de la región”, según señala la sentencia.


Razona Rubiano Macías, quien en aras de evitar una mayor catástrofe ambiental y un perjuicio de naturaleza irremediable, ocasionando grave afectación en general al medio ambiente y en concreto a los peces de la represa de Betania en donde se desarrollan importantes empresas piscícolas de la región, generándose total menoscabo económico a las mismas, además del perjuicio económico de la Nación por la no generación de energía eléctrica, decidió conceder el amparo.


El presidente de la República, Juan Manuel Santos, reaccionó ante la decisión en su cuenta personal de Twitter, en la que señaló: “Justicia atiende llamado y ordena reapertura de El Quimbo”.


Por su parte, el ministro de Minas y Energía, Tomás González Estrada, celebró la decisión del Juzgado Tercero Penal de Neiva de encender la hidroeléctrica, “protegiendo los derechos fundamentales al debido proceso, vida digna, mínimo vital, trabajo, salud y ambiente sano”, indicó su despacho en nota de prensa.


Como se recordará, esta acción de tutela la inició el despacho de Minas junto al de Agricultura el pasado 24 de diciembre,  buscando la reactivación de la hidroeléctrica para evitar los daños ambientales, sociales y económicos que se ocasionan si no se permitía la generación de energía. 


Al respecto, el Ministerio de Minas y Energía  explicó que mientras estuvo prendida, la operación de El Quimbo ayudó a aumentar la generación de energía.



Solicitud negada

El tribunal también examinó la petición de organizaciones de pescadores, para quienes no basta con la solución del problema ambiental que dio lugar a las acciones legales que suspendieron la actividad de la represa en 2015.


Al respecto, indica la sentencia: “En el pronunciamiento realizado por los pescadores artesanales de los municipios de Gigante, Hobo, Campoalegre, y otros, se hace una serie de peticiones, entre ellas, que se les declare como afectados por el proyecto hidroeléctrico en mención al considerar vulnerados sus derechos al mínimo vital, la seguridad alimentaria, el trabajo y a un ambiente sano en conexidad con la vida digna; dígase que ello no fue el objeto de la presente acción constitucional, motivo por el que el Despacho no hará pronunciamiento alguno al respecto”.