Columnistas


Cita frustrada en Madrid
Autor: Eduardo Mackenzie
8 de Enero de 2016


El asesor jurídico de las Farc, Enrique Santiago, escabulló a última hora un debate sobre el proceso de paz en Colombia que el partido Centro Democrático quería tener con él en estos días ante las cámaras de Hispan TV, de Madrid.

El asesor jurídico de las Farc, Enrique Santiago, escabulló a última hora un debate sobre el proceso de paz en Colombia que el partido Centro Democrático quería tener con él en estos días ante las cámaras de Hispan TV, de Madrid. Aunque ese debate había sido propuesto y aceptado por el abogado y por el citado medio desde diciembre pasado, el jurista español canceló súbitamente ese evento con el pretexto de que debía viajar urgentemente a Cuba para reunirse con los jefes de las Farc.


El ex ministro colombiano Carlos Holmes Trujillo, coordinador internacional del CD, había viajado de Bogotá a Madrid para el debate con Santiago, entre otras cosas, y se encontraba este 7 de enero en la capital española. La fecha del debate había sido fijada para el 12 de enero. Hispan TV había invitado al mismo plató a otro abogado, Fran Pérez, militante, como Santiago, del partido Izquierda Unida, una formación comunista, y brazo derecho del asesor de las Farc. Empero, éste último salió con el poco cortés mensaje de que el 12 de enero no era una fecha adecuada para él. Si quieren, hizo saber, el aceptaría el debate “pero a finales de enero o comienzos de febrero próximo” a condición de que él “se encuentre en España” en esos días.


El tono displicente utilizado por el asesor jurídico de la banda narco terrorista colombiana hace pensar que el aplazamiento del debate con el ex embajador Carlos Holmes Trujillo fue un acto más político que técnico. Casi nunca las Farc o sus voceros aceptan compartir unos minutos siquiera de franca discusión pública con sus adversarios políticos más resueltos. Lo habitual en las Farc es aceptar la mediación o la discusión o el intercambio de ideas, o de informaciones sobre temas específicos, pero con personas que ellos consideran que son gente de ellos o que son más o menos próximas a sus posiciones. El debate público madrileño entre el ex candidato a la vicepresidencia de Colombia del Centro Democrático y el abogado de las Farc contradecía plenamente ese esquema.


¿La anulación (¿temporal?) de ese debate en Madrid fue una orden de La Habana? Es posible. ¿Las Farc consideran que ese debate en España --país donde la prensa, incluso la menos conservadora, está asumiendo posiciones críticas y hasta muy críticas ante el falso “proceso de paz” en Colombia--, reforzará esa desconfianza y ayudará al CD a lanzar su ofensiva contra la propuesta inicua del presidente Santos de paz con impunidad total y concesiones abusivas a las Farc? Es posible.


Esperamos, en todo caso, que ese debate entre Enrique Santiago y el Centro Democrático no sea aplazado definitivamente. Un evento de esa naturaleza será la oportunidad para saber cosas básicas sobre esa extraña asesoría española a las Farc. ¿Cuánto dinero recibe por honorarios ese abogado? ¿Quién paga ese trabajo? ¿El erario colombiano? ¿Las Farc? ¿La dictadura castrista? Será el momento para saber algo más. ¿Qué piensa, por ejemplo, el colegio de abogados de Madrid de su colega Santiago, quien colabora sin sonrojarse con una organización considerada como terrorista por la Unión Europea?


El señor Enrique Santiago dice que su asesoría es únicamente “jurídica”. Sin embargo, él está haciendo política y de la peor. Santiago tiene una idea extremista del proceso de paz con las Farc. Su gran idea es esta: que “un proceso de paz no se puede convertir en un proceso penal contra una de las partes, la insurgencia”. Para él, el proceso de paz rima con impunidad total para las Farc. Y sólo para las Farc. El abogado estima, en efecto, que el proceso de paz en Colombia “definirá las responsabilidades de todos los que han intervenido en el conflicto, y no sólo los combatientes”. Es decir que ese proceso también va a definir las “responsabilidades” de los “otros actores del conflicto”, de lo que él llama los “no combatientes”.


Ese concepto del asesor de la banda es digno del más fanático ayatola. Según Santiago, “los políticos, los grupos económicos, los organizadores del paramilitarismo”, deberán responder ante la justicia, así como también “los agentes de gobiernos extranjeros y las compañías multinacionales” que el caricaturiza como instigadoras del “asesinato de sindicalistas”.


Conclusión: el asesor jurídico de las Farc quiere impunidad total para las Farc (no se puede hacer un proceso penal contra ellas, dice) y al mismo tiempo quiere que se haga un proceso penal contra las víctimas de las Farc: los políticos, los empresarios colombianos, y contra miles de otras personas, como los intelectuales, los periodistas, los historiadores, los religiosos, que entrarían, según él en la categoría de “organizadores del paramilitarismo”, pues se sabe muy bien que para las Farc y para el polémico abogado Enrique Santiago, casi todo Colombia es “paramilitar” pues casi todo Colombia, el 99% de su población, detesta a las Farc y eso desde hace más de cinco décadas.


Lo que está haciendo Enrique Santiago es tratar de saltarse la justicia penal internacional para salvarle el pellejo a los peores criminales del continente americano y, al mismo tiempo, montarle al pueblo colombiano un proceso paralelo estalinista por “paramilitarismo”, con la disculpa de que es la única forma de hacer “la paz”. 


La habilidad marrullera de Enrique Santiago aparece de bulto en el “acuerdo sobre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)”, mamotreto que Santos y las Farc dicen haber firmado. Allí Santiago hace prodigios: convierte los secuestros de civiles, policías y militares en “aprehensiones”, pecadillo que no merece sino una sanción leve. Convierte las emboscadas asesinas contra militares y policías en “muertes en combate”. Convierte el secuestro de menores, de civiles, de militares y policías, así como los atracos, los robos, el abigeato, el envenenamiento de acueductos, los incendios, las explosiones, la destrucción de pueblitos, las violaciones, los desplazamientos forzados de población, el robo de tierras, el terror contra los indígenas, el tráfico de drogas, la minería ilegal, en simples “actividades para facilitar, apoyar, financiar u ocultar el desarrollo de la rebelión”, es decir en un delito “político” que debería ser, según él, amnistiado o indultado. Por eso tanta gente, en Colombia y en el exterior, está diciendo que ese “acuerdo” es escandaloso e inviable.


Enrique Santiago es el inventor, o por lo menos el padrino, de otra aberración jurídica: la llamada “sala de amnistías e indultos del tribunal de paz” y de la “sección de revisión”, organismos lunáticos que tendrán facultades omnímodas para decidir con criterio político qué y quien debe ser amnistiado o indultado, violando, claro está, lo que exige la ley penal internacional y los tratados sobre protección de los derechos humanos que Colombia ha firmado.


El jurista de Izquierda Unida fue quien inventó en La Habana --y quien les hizo tragar a los negociadores de Santos-- esa enormidad antijurídica de anteponer la palabra “graves” para evaporar el dolo y la sanción al hablar de crímenes de guerra, aunque él sabe que la ley penal internacional nunca habla de “graves crímenes de guerra” sino de “crímenes de guerra”. Él sabe que todo crimen de guerra y todo crimen de lesa humanidad son crímenes imprescriptibles. ¿Santiago quiere que eso desaparezca del imaginario gris de la grotesca “jurisdicción especial para la paz”?


De todo eso habría que hacer hablar al asesor jurídico de las Farc ante las cámaras de la televisión española. Si Enrique Santiago le huyó a ese primer encuentro por algo será. Pero ese debate es ineludible. Muchos pagarán balcones para oírlo y verlo y descubrir cómo el derecho, en ciertas circunstancias, puede transformarse en su contrario abandonando a la víctima y a la misma justicia.