Columnistas


Indultos y contradicciones
Autor: Jaime A. Fajardo Landaeta
27 de Noviembre de 2015


El país no entiende el muy contradictorio hecho de que mientras el Gobierno Nacional se apresta a tramitar un indulto para 30 guerrilleros de las Farc recluidos en diversas cárceles.

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Twitter: @JaimeFajardoLan


El país no entiende el muy contradictorio hecho de que mientras el Gobierno Nacional se apresta a tramitar un indulto para 30 guerrilleros de las Farc recluidos en diversas cárceles, el fiscal general de la nación, Eduardo Montealegre, anuncie que pretende revisar el indulto otorgado en los años 90 al M-19 por los hechos del Palacio de Justicia.


De esta manera se emiten mensajes muy negativos a los negociadores de las Farc en La Habana, ya que se genera un ambiente de inseguridad jurídica porque nadie firma un proceso de paz y un modelo de justicia que después puede ser revisado por otra autoridad del Estado, buscando aclarar determinados hechos.


Con esta posición, el fiscal Montealegre desconoce que a los exdirigentes del M-19 no se les puede revisar los indultos concedidos, debido a que todos los que participaron en el operativo murieron durante la retoma de la edificación. Además, porque carece de fundamento legal la pretensión de la familia de un miembro de la fuerza pública, de que se aclare su muerte y se llame a responder a los dirigentes que quedan de esa extinta guerrilla.


Pero existe una tesis de mayor solidez jurídica, referida a que el M-19 podía ser indultado –en esa época- por delitos por los que hoy no puede serlo. En otras palabras, en los años 90 Colombia tenía jurisdicción penal, amnistías e indultos, sobre algunos delitos que hoy no puede amnistiar. Posteriores convenios internacionales, y reconocimiento del DIH, obligan al gobierno y al Estado a cumplirlos, pero no antes de que quedaran consagrados en la Constitución de 1991.


Además, el trámite que debería seguir el Fiscal Montealegre comienza con la demanda de la ley que otorgó dicho indulto al M-19 ante la Corte Suprema de Justicia. Y estoy seguro que este órgano de la rama judicial no la admitiría. 


El M-19 y las demás organizaciones que firmaron acuerdos de paz en los años 90 han cumplido con los compromisos adquiridos, y han sido referentes para que las Farc y el Eln valoren la importancia de negociar el conflicto armado. El Estado debe mantenerse fiel a los compromisos pactados y el gobierno a su vez tiene que ratificar su validez.


Con este anuncio el fiscal Montealegre refuerza el bloque de personajes que desde diversas orillas ha querido desconocer los acuerdos de paz vigentes. Actitud a la que se quiere sumar ahora la Unidad Nacional de Protección –UNP- con su pretensión de acabar con los esquemas de seguridad asignados a los líderes de los procesos de negociación anteriores. En muchas ocasiones tergiversa el sentido y origen de dichos esquemas de seguridad que hacen parte sustancial de los acuerdos de paz.


La intervención del presidente Juan Manuel Santos y de su ministro del interior, Juan Fernando Cristo, es fundamental para que estas pretensiones no avancen.


Esperemos que esta postura del fiscal no prospere, que se trate de una manifestación transitoria, producto de circunstancias que pueden enturbiar las mentes de las personas cuando no han asumido una postura clara frente a ciertos acontecimientos.


Hoy la atención debe estar puesta en lograr que la negociación entre el Gobierno Nacional y las Farc salga airosa y en que se concrete la firma del acuerdo de paz en la fecha acordada, para entregarle al país y al mundo un resultado tangible, referido a la finalización del conflicto armado.