Editorial


Un servicio p鷅lico, esencial y regulado
26 de Noviembre de 2015


La presentaci髇, el lunes, del decreto con el que el Gobierno Nacional espera regular el servicio individual de transporte de lujo, y la presentaci髇, ayer, de un proyecto de ley al Congreso de la Rep鷅lica.

La presentación, el lunes, del decreto con el que el Gobierno Nacional espera regular el servicio individual de transporte de lujo, y la presentación, ayer, de un proyecto de ley al Congreso de la República con la intención de crear la categoría de servicio privado de transporte, avivó la discusión acerca de la definición y el carácter de las distintas modalidades del servicio público de transporte, modificadas en los últimos años por las nuevas necesidades del mercado y por las tecnologías de información y comunicación, cuya interacción ha abierto la brecha para la aparición de ofertas de movilización no cobijadas por la normatividad existente, pero que requieren ser reguladas para evitar competencias injustas y caos de movilidad.


Sobre el decreto 1079 de 2015, la ministra de Transporte, Natalia Abello, explicó algunos pormenores de la norma que, según el presidente Juan Manuel Santos y el vicepresidente Germán Vargas Lleras, está sustentada en las facultades extraordinarias que se le entregaron al Ejecutivo en el Plan Nacional de Desarrollo, y fue producto también de un proceso de concertación con los gremios del transporte. Lo primero que queda claro es que todo vehículo que preste el servicio individual de transporte de lujo debe estar afiliado a una empresa y debe cumplir los parámetros que lo diferencien del servicio público básico, tales como comodidad (vehículos de alta gama), acceso mediante medios tecnológicos, pago con medios electrónicos y certificación del conductor. El proyecto de ley 126 de 2015, por su parte, busca primordialmente que se cree la categoría de servicio privado de transporte y se reglamente el uso de las plataformas tecnológicas a través de las cuales operaría dicho servicio. En la práctica, decreto y proyecto parecen hacerse contrapeso, pues Uber, el operador que ha estado por dos años de manera no regulada en el país y ha sido el centro de la polémica, no parece -según sus voceros- interesado en convertirse en una empresa de transporte, mientras el Gobierno da muestras de sus pocas intenciones de liberalizar el servicio de transporte.


A nuestro modo de ver, con el decreto el Gobierno quiso salirle al paso al proyecto de ley, que sin duda contará con un intenso lobby. Fruto de esas carreras, el decreto ya muestra puntos débiles que seguro serán aprovechados por sus detractores, a los que nosotros sumamos que en las consideraciones y análisis sobre el tema planteado, han primado las falencias del servicio público individual en Bogotá, sin consideración de las realidades de las demás regiones del país, donde la norma también va a ser vigente. Mucho tememos que esa focalización del debate en la realidad capitalina, que también se hizo evidente en las discusiones que la noticia del decreto generó en medios nacionales, se repita en las discusiones en el Congreso, incurriendo en el error de legislar para todos, según las realidades de unos. No se puede pretender liberalizar el servicio de transporte en razón del mal servicio -o el mal control sobre el mal servicio- en una región del país. 


Sí encontramos acertado en el decreto, el deseo del Gobierno de mantener sus facultades para regular y vigilar un servicio de transporte que es público y esencial, y que si bien se fue privatizando para alcanzar una cobertura plena de las zonas urbanas, el Estado se ha reservado sus facultades para garantizar la movilidad, la seguridad de los usuarios y la igualdad de las condiciones entre los operadores del servicio. Lo que el Estado también debe propender es que en todas las modalidades, desde el servicio público colectivo hasta el servicio público individual, haya comodidad, seguridad, garantía de precios razonables, accesibilidad y buen trato por parte de todos los conductores.  También estamos de acuerdo con que el Estado les solicite a los proveedores que ofrecen el servicio a través de aplicaciones tecnológicas, que se conviertan en empresas sobre las cuales pueda ejercer control, pues uno de los vacíos del servicio privado, tal y como se está prestando hoy, es que los usuarios están totalmente desamparados en caso de accidentes u otras eventualidades que sí están cubiertas en el servicio tradicional, cuyos responsables también pagan impuestos, cupos y controles técnicomecánicos.


Defendemos el carácter de servicio público esencial del transporte y la regulación que el Estado haga sobre él, incluidas las medidas que incentiven un mayor uso del transporte público colectivo. Además, en tiempos en los que lo sostenible y el cuidado del ambiente ocupan tanta atención, no deja de parecernos paradójico que se defienda tanto el uso de vehículos de alta gama y privados, cuando muchos de los taxis tradicionales, llamados despectivamente “zapaticos” en Bogotá, consumen menos combustible y ocupan menos espacio en las vías. Esto sin considerar el aumento del parque automotor, en detrimento del sentido en el que se debe planear la movilidad de las ciudades.