Editorial

El posconflicto que asoma
19 de Noviembre de 2015


En los 鷏timos d韆s se han conocido noticias aisladas sobre bloqueos protagonizados por campesinos cocaleros, acciones contra la erradicaci髇 manual de cultivos il韈itos.

En los últimos días se han conocido noticias aisladas sobre bloqueos protagonizados por campesinos cocaleros, acciones contra la erradicación manual de cultivos ilícitos, enfrentamientos de las Farc y el Ejército en regiones donde predomina el narcotráfico, denuncias sobre siembras de minas antipersonal en zonas aledañas a las de desminado humanitario y hasta confinamientos, con cercos de hambre, a que son sometidos habitantes de territorios alejados de las ciudades. Al vincularlos, o por lo menos compararlos, estos hechos que parecen independientes entre sí, imponen que se enciendan alarmas. Como lo hizo notar la Policía, en regiones donde convergen cultivos ilícitos, frentes de las Farc y bacrim se están desatando conflictos campesinos  y acrecentando agresiones a la Fuerza Pública que es posible relacionar con el crecimiento en 44% del área cultivada con coca y la utilización de esos cultivos como seguro de las Farc para el posconflicto.


El norte de Antioquia ha sufrido seriamente por estas presiones recientes. El municipio de Briceño ocupó amplios espacios mediáticos meses atrás por la prueba piloto de desminado -con resultados aún inciertos pues no se han publicado balances- en la vereda El Orejón, de ese municipio. Otros hechos que allí se vienen sucediendo no son tan publicitados, a pesar de ser fuente de preocupación para las autoridades: de los últimos días se destacan, las denuncias de campesinos por la nueva siembra de minas antipersonal en zonas vecinas a El Orejón; la muerte del soldado campesino Cristian Camilo Londoño García y las heridas a un cabo durante enfrentamientos entre las Farc y el Ejército, y la suspensión de la erradicación manual, en concesión a cultivadores de coca que protagonizaron un bloqueo a la cabecera municipal, que concluyó el pasado domingo con el retiro de los responsables de la actividad. Estas resistencias a la erradicación de cultivos ilícitos han comenzado también en el corregimiento de Puerto Valdivia. 


Estos hechos, con diferentes protagonistas, y algunos con distintos medios, se están repitiendo en el litoral Pacífico: en Tumaco, las agresiones de quienes se dicen “campesinos cultivadores de coca” han impedido que se ponga en marcha el plan piloto del Ministerio de Defensa para que la Policía realice fumigación manual con glifosato, acción que se propone sustitutiva de la fumigación aérea, prohibida argumentando la demostración de que el glifosato es agente posiblemente cancerígeno (en el mismo grupo que las carnes rojas); allí, con piedras y hasta con tatucos, “campesinos” de Tumaco han atacado los helicópteros y agentes destinados a tal misión, obligando a su retiro. Más al norte, en el municipio de Istmina, Chocó, culminó el pasado fin de semana el confinamiento impuesto por “campesinos” que se habían declarado en rebeldía contra la erradicación manual o la aspersión personal de sus siembras de coca. La presentación de estos reclamos hacen evidentes las conexiones de sus discursos con los que presentaron “campesinos” de Catatumbo, Norte de Santander, cuando se levantaron contra las fumigaciones aéreas de coca. En ese territorio se ha identificado una de las más fuertes alianzas de las Farc y el Eln contra el Estado. 


Al analizar los eventos recientes, la Policía ha señalado al Eln, que aumenta su participación en el narcotráfico; las Farc, que siguen fabricando y sembrando las minas que asesinan a campesinos, soldados y a erradicadores mientras protegen sus cultivos de coca; los urabeños, que expanden su presencia. La institución también ha denunciado alianzas que anuncian la continuidad de las amenazantes actividades en narcotráfico, extorsión, minería ilegal y microtráfico, que pueden posibilitar mutaciones de las Farc, la aparición del neo-paramilitarismo que se empieza a denunciar y la transformación de las bacrim, todas devenidas en organizaciones criminales asentadas y poderosas gracias a la economía ilegal no combatida que las sustenta.


La firma de un acuerdo con las Farc, y algunos insisten que con el Eln, en La Habana, es presentada como esperanza del país en la terminación del conflicto armado. Estos hechos, por el contrario, muestran que la paz estable y duradera llegará sólo cuando el Estado ejerza control eficaz sobre todo el territorio nacional y dé tal solidez a su sistema de justicia, que le sea posible combatir la impunidad que hoy protege a las organizaciones criminales perpetradoras de estos hechos y el terrorismo a ellos asociado.