Editorial


El Congreso y el sector eléctrico
14 de Noviembre de 2015


Colombia debe tener orgullo y proteger su sistema mixto de generación, transporte, distribución y comercialización de energía eléctrica.

Con el debate de control político a los responsables de no haber controlado las empresas del sector eléctrico que no ha podido explicar cómo usaron el cargo por confiabilidad y con la presentación del proyecto de ley que establece controles a la venta de activos públicos, el Congreso ha tomado con firmeza la bandera de defensa del sector eléctrico y sus clientes. 


El debate realizado el martes recogió las preguntas por el aumento de tarifas de energía por presión de Termocandelaria y Termovalle, que alegaron mayores costos de operación por tener que generar con líquidos (diésel) pero no explicaron cómo dieron uso al cargo por confiabilidad. Allí, el Senado demostró vacíos de la Creg, la Superservicios y el Ministerio de Minas para el control a los generadores que recibieron recursos para modernización y preparación de la infraestructura para tiempos difíciles, pero ello no evitó el aumento de tarifas defendido por el ministro González con el sofisma de que “es más caro un apagón que un aumento de tarifas”. Sí impuso actuar frente a generadores que incumplen sus compromisos: en virtud de ello fue anunciada la investigación de la Superservicios a Termocandelaria, incumplida hasta para generar cuando debía estar haciéndolo.


El miércoles, 38 senadores que representan a nueve partidos políticos radicaron el proyecto de ley “Por medio de la cual se regula la enajenación de la propiedad accionaria del nivel nacional y se dictan otras disposiciones”, conocido como “Proyecto de ley Isagén” y que establece modificaciones a la Ley 226 de 1995. La norma pretende recuperar para el Congreso las potestades de aprobar, o improbar, la enajenación de activos públicos a la que había renunciado en una equivocada interpretación del principio de colaboración de poderes. El cumplimiento de la exigencia de que toda venta de activos se haga “estructurando un programa de enajenación preliminar que incluya el precio, la situación actual y conveniencia técnica y macroeconómica” favorece el debate argumentado y el mandato de aprobación por mayoría de 2/3 de las cámaras, busca consensos razonables en decisiones que comprometen la seguridad económica del país.


En nuestros análisis a propósito de la intención del Ministerio de Hacienda de vender la participación del Gobierno Nacional en Isagén, lo que seguramente desencadenaría en la venta de las acciones de EPM, hemos esgrimido las razones de orden público, estrategia de internacionalización y protección al sector productivo, además de los consumidores de hogar, que explican por qué es insensato enajenar la segunda generadora de energía eléctrica del país. Recogemos con interés que en el primer parágrafo del Artículo 6, el proyecto de ley proponga “declarar como estratégico para la seguridad y soberanía nacional el servicio público de energía en todas sus actividades de generación, comercialización, distribución y transmisión”. Además, a diferencia de la situación colombiana de 1992, de total dependencia de los generadores públicos, pero también de la que enfrentó California en los años 2000 y 2001, cuando Enron (privada) generó una fuerte crisis del sector, Colombia debe tener orgullo y proteger su sistema mixto de generación, transporte, distribución y comercialización de energía eléctrica. El proyecto de ley apunta a afianzar un modelo con presencia privada hasta el 30% y con supremacía de las empresas públicas o mixtas. Llamado a generar discusión, el segundo parágrafo del mismo artículo sexto hace esperar que se pueda hacer justicia con compañías como Empresas Públicas de Medellín, la más querida del país según el Panel de Opinión, obligadas a invertir fuera de Colombia debido a las restricciones para ampliar su participación en el sector eléctrico nacional.


En este escenario, deslucen informaciones que parecen dictadas por fuentes con interés en tergiversar el sentido del levantamiento de medidas cautelares del Consejo de Estado en las demandas contra la venta de Isagén, haciéndolas aparecer como negación de las pretensiones y no como un paso en el trámite. Hoy la aspiración del Minhacienda se enfrenta a las dificultades derivadas del errático manejo del sector eléctrico por las térmicas incumplidas y la falta de control, así como a un creciente movimiento que vincula partidos políticos, expertos, ONG y sindicatos. En esas condiciones es contradictorio, cuando no arrogante, que el Ministerio de Hacienda impulse noticias sobre una revaloración de la empresa y la reactivación de su venta, idea que no logra demostrar cómo sirve al bien común o el interés público.